INICIO arrow REVISTA VANGUARDIA arrow El informe bomba de las frecuencias arrow arrow arrow
El informe bomba de las frecuencias PDF Imprimir E-Mail
Revista Vanguardia   
martes, 13 de noviembre de 2007

La Contraloría emitió el documento final. 5 radios se quedarán sin concesión. Otras están en manos del CONARTEL.

 

El mal rato para importantes concesionarios de frecuencias llegó. La Contraloría del Estado, luego de dos años y medio de estudio, emitió el informe definitivo sobre las irregularidades en la autorización de frecuencias de radio y televisión ocurridas entre el 2003 y el 2005. Ante eso, hizo recomendaciones que debe ejecutar el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel).

¿Qué determinó el contralor Carlos Pólit? Que personajes como Lenín Andrade, miembro del Conartel y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radio; el diputado Luis Almeida, relacionado con radio Morena, Bernardo Nussbaum, vicepresidente de AER y propietario de ServiDinamica... constan en más de 30 casos en los cuales se han detectado irregularidades.

Entre ellos, se determinó que 127 frecuencias se operaban sin la firma de los contratos respectivos, según datos del Conartel. Otras 93 autorizaciones, según la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel), se dieron, igualmente, sin la suscripción de los contratos.

Se renovaron 327 frecuencias de manera extemporánea o sin haberse solicitado. Se otorgaron 42 frecuencias de radio sin estudios técnicos y hubo 30 cambios de matriz a repetidora o viceversa, sin sustento legal. La lista pareciera interminable...

La Contraloría dio, además, una tarea a la Suptel: deberá detallar, mensualmente, quiénes no han cumplido con los períodos legales para firmar los contratos. A su vez, el Consejo tendrá que revisar las resoluciones referidas a los procesos para tales concesiones.

Jorge Yunda, actual titular del Consejo y dueño de Radio Canela, cree que las denuncias que provocaron la investigación, “argumentadas o no, son de tipo político”. Pero no tiene otra opción que acatar las recomendaciones de la Contraloría. Yunda tiene sus razones para pensar como piensa: la concesión de frecuencias siempre ha estado rodeada de presiones legales y políticas. Incluso el ex titular del Conartel, Fernando Bucheli, cuando denunció las irregularidades materia del informe, tuvo que dimitir a su cargo, el año pasado. Bucheli sostiene que, en ese entonces, le solicitaban directamente desde la Presidencia de la República, que diera una frecuencia a la Universidad Católica de Guayaquil, sin seguir el proceso. Como no lo hizo, tuvo que dejar el Conartel.

De acuerdo con el documento definitivo —259 páginas y 10 anexos—, la sanción máxima es la terminación del contrato de concesión y, por ende, la reversión de las frecuencias al Estado. En ese caso están radios como Caravana, Cariamanga FM, Ternura, Playera y Chone FM. Las razones varían pero, entre otras cosas, se debe a que sus repetidoras no están operando o lo hacían sin autorización, les dieron concesiones sin considerar faltas recurrentes o no justificaron la falta de suscripción del contrato de concesión.

Dentro de las 42 frecuencias de radio que se otorgaron, pese a que no se contó con los estudios de ingeniería o los informes favorables, están: Rumba, Virtual, Récord, Paraíso, Clásica, Amistad, Satélite, Armonía, Rock&Pop...

Muchos nombres aparecen en el informe. Y aunque se conocía el borrador, la decisión de Pólit sorprendió hasta a los más involucrados. Los concesionarios apostaban porque el Contralor se demore. Así, el borrador cumpliría un año sin ser ratificado y el Conartel —con los representantes de los gremios de Radio y Televisión como miembros— habría sido el ente que defina su situación. Según abogados relacionados con empresas del sector, que prefieren mantener la reserva, la razón es que algunos casos polémicos son “indefendibles”, y cualquier fallo final implicaría la reversión de sus frecuencias al Estado.

Entonces, ¿qué sucederá cuando alguno de los miembros del Conartel sea el involucrado? La pregunta aún está sin respuesta, ya que el informe final salió la semana pasada y el Consejo todavía no ha concluido su análisis. Empero, según determina la Contraloría en el informe, los representantes de los gremios con voz y voto en el Consejo “tendrán que abstenerse de participar en las deliberaciones de los puntos de su interés”.

Ese es el caso de Lenín Andrade, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), quien fue miembro del Conartel entre el 18 de septiembre del 2001 y el 18 de octubre del 2003 y es dueño de Radio Capital.

Según el informe, en ese período, se le otorgaron frecuencias eliminando y creando resoluciones de políticas de concesión “de acuerdo con los criterios vertidos por el representante de AER al Conartel, contrariando normas legales”. Por ello, el Consejo deberá revisar las concesiones de las frecuencias asignadas a Radio Capital, ya que no suscribió el contrato, no presentó las suficientes justificaciones ni entregó los estudios técnicos actualizados.

Otro de los casos destacados es el de Nabor Reyes, conductor de Radio Morena, de la firma Almorán. Según la denuncia de Bucheli, Reyes en calidad de delegado del Ministerio de Educación ante el Conartel participó de la concesión de frecuencias para esa radio, de propiedad de Cristina Almeida Morán, hermana del diputado Luis Almeida (PSP), en Machala, Santa Elena y Babahoyo.

En ese caso, la Contraloría concluyó que el Conartel concedió esas frecuencias a Almorán —cuyo objeto social es la actividad pesquera e industrialización de todos los productos de los frutos— pese a que una de sus emisoras fue clausurada por funcionar clandestinamente.

Por ello se solicita al Superintendente de Telecomunicaciones que presente la denuncia ante los jueces de lo penal sobre las estaciones de radio que operen sin autorización. Además, se recomienda que el Conartel analice la legalidad de las resoluciones con las cuales, “al margen de la ley”, concedieron varias frecuencias a Radio Morena.

Según el análisis que se hizo a ServiDinamica, le autorizaron el uso de la banda 5,8 GHz, con exclusividad. Pero ese uso no había sido reglamentado por el Conartel. Además, es una empresa portadora, mas no concesionaria de radio o Tv. Su proceso se revisará.

¿Qué implica revisar una concesión? Que la resolución con la cual se otorgó una frecuencia estuvo mal hecha, dice Bucheli. Pero también significa una última posibilidad a los concesionarios para que cumplan con las normas. “Si no lo hacen, se revocaría la concesión”. Yunda lo resume así: el Consejo deberá observar la legalidad de los trámites.

Y por ahora, efectivamente, el Conartel tiene ardua tarea. Reconocer que dio frecuencias sin que se cumplan los requisitos técnicos o legales, sin que se hayan firmado contratos y que no sancionó cuando debía hacerlo.

La Superintendencia también lleva su parte: debe reintegrar 438 802 dólares al Conartel. Una resolución ilegal facultó al Consejo remitir esos montos a la Suptel. Yunda no duda que se cumplirá todo lo que pide la Contraloría. Conoce las sanciones si no lo hace.