REVISTA VANGUARDIA La espada de Damocles | La espada de Damocles |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 20 de noviembre de 2007 | |
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Tras la bronca, el régimen y el sistema financiero se sentaron. No negociaron: expusieron sus agendas sabiendo que Rafael Correa puede imponer sus tesis. Veo en el régimen una posición genuina de tratar de llegar a algo positivo”: el Presidente Ejecutivo que lo dice, apenas se lo cree. Hace dos meses, pensaba que, tras la campaña, virulenta y oficial, por la reducción de las tasas de interés y de servicios, Rafael Correa arrasaría con la banca. Pero tres largas reuniones entre delegados presidenciales y el sistema financiero han bastado para que el alma le vuelva al cuerpo. Ahora, claro, él entiende que una cosa es hablar con técnicos y otra con el Presidente quien viajó al Oriente con el informe de estos encuentros en su maleta. ¿Le servirá para entender mejor a la banca? ¿Tendrá en cuenta los componentes técnicos en los cuales se han centrado esos diálogos o privilegiará la retórica política? En realidad, los banqueros no saben a qué santo confiarse. Ya aceptaron, desde hace meses, bajar sus utilidades que el año pasado sumaron en total 240 millones de dólares. E incluso se dicen dispuestos a disminuir más, como lo pide el Presidente, las tasas de interés. No obstante, quisieran que el régimen estudiara caso por caso y segmento de crédito por segmento de crédito, que evaluara también las deficiencias del Estado y que, además, creara condiciones de estabilidad política y fiscal y de predecibilidad, tan necesarias en el negocio financiero. Pragmáticos, los banqueros saben que su margen de maniobra es nulo ante el triunfo abrumador en las urnas de Rafael Correa. Eso llevó al Banco de Guayaquil a pedir a la Asociación de Bancos que se abstuviera de sentarse con los delegados presidenciales. En su lógica, si el Primer Mandatario tiene todo el poder para imponer sus cambios al sistema financiero, también debe asumir toda la responsabilidad de sus decisiones ante los ecuatorianos que les han confiado cerca de diez mil millones de dólares. Y ahora tras los diálogos, ese Banco mantiene su posición: “lo que de allí salga —dice uno de sus altos ejecutivos— es responsabilidad exclusiva del Gobierno y de nadie más”. Robert Andrade, delegado del Presidente al Directorio del Banco Central, y María de Lourdes Andrade, miembro de la Junta Bancaria, parecen darle la razón al Guayaquil. Los dos reconocen que fueron claros con los banqueros en sus encuentros: no se trataba de una negociación, cada uno iba a decir sus verdades, plantear técnicamente salidas y visualizar coincidencias y diferencias. Pero “la propuesta se presentará al Presidente —dice María de Lourdes Andrade— para que él tome la decisión final”. Y esta será, si se entiende bien, acorde a la primera intención presidencial y cuyo resultado la señora Andrade resume en una fórmula: “Veo un sistema robusto con reglas claras. Ahora el Estado y el sistema financiero saben que nadie puede hacer lo que le da la gana. Hay un regulador serio que va a transparentar la información y a producir alertas tempranas”. De paso anuncia que ella ve coincidencias con el sector financiero en muchos campos. En particular, en tasas de interés, fondo de liquidez, seguro de depósitos, resoluciones y regulaciones bancarias, fusión del Central y de la Superintendencia de bancos… La banca, hasta que no reúna a su directorio, no opina oficialmente ni califica lo ocurrido con el régimen. El optimismo sólo es oficial. Lo comparte Robert Andrade, quien hasta el miércoles pasado no veía puntos de no– retorno con el sistema financiero. “Veo que los diálogos van muy bien. Si hubo discrepancias de criterio del Presidente con la banca, ahora estamos trabajando mutuamente en pos de un beneficio ciudadano. La ciudadanía siempre estuvo en desacuerdo que le cobren hasta por pisar el hall del banco”. Ese optimismo se tamiza si se devuelve la película a las dos de la tarde del 24 de octubre, cuando se iniciaron los encuentros en la sala del directorio del Banco Central. Cinco delegados del Presidente y sus asesores se sentaron frente a siete representantes del sector financiero, algunos asesores, representantes de cooperativas y fundaciones privadas. Se formaron equipos de trabajo ligados a los segmentos de crédito (consumo, vivienda, comercial y microcrédito) y se hicieron planteamientos de lado y lado. “Fuimos de menos a más”, dice un alto ejecutivo para describir el estado de ánimo de los dos grupos que intercambiaron preocupaciones e informaciones en un ambiente de creciente cordialidad y respeto. Al Gobierno, según hizo saber Robert Andrade, inquieta la concentración bancaria, la escasa bancarización que existe en Ecuador, el poco acceso al crédito y los grados bajos, a sus ojos, de eficiencia y competitividad de la banca. Andrade dijo en esa primera reunión que en eficiencia, la banca privada está por debajo del promedio de América Latina. Dos factores mencionó entre sus causas: los altos costos operativos debidos a las remuneraciones altas de presidentes y vicepresidentes, y los activos improductivos que son mucho más altos que otros de la región. La banca se defendió. En general, evocó factores que el Gobierno no tiene en cuenta y que afectan su eficiencia y el nivel de bancarización en el país. Puso sobre la mesa la preocupación que le causa una política fiscal que crea déficit y cómo la búsqueda de financiamiento presiona las tasas de interés. Más importante: los delegados presidenciales admitieron ser conscientes de que, en materia de liquidez, el Gobierno no puede debilitar al sector financiero porque sería perjudicial para la seguridad de los depositantes. Y mostraron cómo las entidades financieras han ido reduciendo costos en los últimos años. El régimen cree que la banca puede hacer mucho más —dice Robert Andrade— porque no ha hecho lo suficiente. “Yo sigo viendo infraestructura suntuosa El negocio no son edificios y sillones de cuero. La banca tiene que ordenar sus costos y tener un compromiso con la ciudadanía”. Hasta ese momento, las diferencias no sólo eran técnicas y políticas. También semánticas. Con todo, acordaron avanzar estableciendo acciones inmediatas, de corto mediano y largo plazo. La primera y la más importante para Correa: reducir más las tasas de interés en todos los segmentos y los precios de los servicios financieros. ¿Cuáles son los topes óptimos? Robert Andrade no lo sabe. Para él eso será el resultado de una serie de mediciones que han repasado en estos diálogos: evaluar lo que ocurre en la región donde, de hecho, las tasas están dolarizadas. Perfilar un estándar para competir. Analizar eficiencias y deficiencias; punto flaco, según el Gobierno, del sistema financiero. Lo bueno de estos encuentros, y así lo destacan de lado y lado, es que no se hizo un simple diagnóstico. De hecho, ha habido debates largos y sustentados en simulaciones técnicas y documentos, sobre los mecanismos para bajar algunos puntos el precio del dinero. Uno, en el cual la banca no parece tener alternativa, es el cambio de metodología para calcular los techos de las tasas de interés. Fue el Presidente —la banca lo recordó a sus delegados— quien propuso el concepto de desviación estándar. Esto se tradujo en el Congreso en agregar dos ítems al promedio ponderado de las tasas de interés para calcular la tasa máxima efectiva. El régimen cree que ese método no es técnico y que debiera ser reemplazado por un cálculo con un solo factor. Los bancos quieren —y el Gobierno no se opone— que no se consideren impuestos como los que pagan al Innfa o a Solca. Se está estudiando, igualmente, el monto de las contribuciones a la Superintendencia de Bancos y a la AGD. El sector financiero consideró que, de darse esta reducción de tributos y costos que incrementa su estructura de gastos, eso representaría alrededor de dos puntos en el costo del crédito. Estas cifras causan escepticismo en ciertos bancos. Con todo se viene una reforma sobre la AGD. Ese organismo —dice Robert Andrade— fue mal concebido. “Los bancos se sienten usados y hay que cambiar el fondo de garantía. Acá cubre cien por ciento, off shore y una serie de cosas que en ninguna otra parte del mundo se hace”. ¿Qué propuso el Gobierno? Ampliar el fondo de liquidez que hoy suma 116 millones de dólares y que es insignificante si tuviera que enfrentar una corrida. Lourdes Andrade, a nombre del Gobierno y basada en un estudio del BID, cuyo asesor visible es Javier Bolzico, hizo una propuesta: trabajar por etapas para que hasta el tercer año se logre un fondo de liquidez de 1 200 millones, que corresponderían al patrimonio neto de los depósitos. “Con las experiencias masivas en Colombia y Argentina estamos previendo un respaldo serio para que los depositantes sepan que el Estado podrá responder. Se cubrirían montos de hasta 10 mil dólares siempre y cuando el depósito esté dentro de los márgenes de las tasas. Si hay especulativas, no correrá la garantía”. A este fondo iría a parar parte del encaje (3% de los 9 500 millones que hay en depósitos), que estaría remunerado, y parte de la contribución a la AGD. El Estado lo controlaría. Y en ese punto, la primera reacción de los banqueros es negativa, pues consideran que el Estado debiera hacer un fondo aparte. La respuesta del Gobierno fue cortante: una de las desventajas de la dolarización es que se perdió la emisión y el prestamista de última instancia. De ahí que el país debe tener un fondo gubernamental, que incorpore al que tienen los bancos, y que como dijo la señora Andrade en su presentación ante el sector financiero, “dé al gobierno un instrumento para enfrentar problemas financieros sistémicos causados por choques externos o internos”. Este fondo, al cual el Estado haría aportes temporales, sería la señal del compromiso del Estado con la estabilidad del sistema financiero. Atada a esta reforma, los delegados del Gobierno ofrecen mejorar la operatividad del fondo de liquidez. Si se entiende bien, proponen mejorar la eficiencia de los controladores, reguladores y ejecutores estatales para dar respuestas oportunas en caso de crisis de una entidad financiera o bancaria. En este momento, pasan entre tres y cuatro semanas para conceder préstamos y constituir garantías, cuyo monto el Gobierno quiere bajar de 140% a 110%. Mientras se valoran los activos y la Superintendencia da su informe técnico, pasa tanto tiempo para la entidad en crisis que puede caer como fruto maduro. “Estamos dando plazos perentorios —dice la señora Andrade— de 72 horas máximo para que el fondo de liquidez y la Superintendencia de Bancos respondan de forma paralela. Ahí sí ayuda. También lo hace que la cámara de compensación trabaje como débito automático”. Implícita en esta propuesta, que en parte irá a Montecristi, los delegados ratificaron a los banqueros la fusión que Alfredo Vergara no ve con buenos ojos: el Banco Central con la Superintendencia de Bancos. Los delegados oficiales dicen que el sector financiero ve positivamente esta medida porque a la banca le conviene un control único y no varios. En ese punto, Vanguardia comprobó que no hay unanimidad en los interlocutores del Gobierno. Frente a esto, poco parece pesar la oposición del Superintendente que ostenta la marca de ser, sin lugar a dudas, el funcionario más insultado por parte del régimen. “No se pueden echar por la borda 80 años de autonomía para el control y, sobre todo, de respaldo a la dolarización —dijo Alfredo Vergara a Vanguardia—. Un ente que no es autónomo no puede dar confianza. Sería influenciable. Ya no habría quién vigile el dinero de los depositantes y éste pudiera manejarse en beneficio de manifestaciones políticas, cuando es una reserva que no se puede utilizar”. Robert Andrade, fiel discípulo del Presidente en este capítulo, piensa que el Superintendente “no sabe dónde está parado”. “Si la Superintendencia se creó para controlar al Central, preguntémonos quien controla al Superintendente”. Y cuando se le responde que el Congreso cumple esa labor, en el acto replica: “No sé, entonces, qué esperan los señores congresistas para sacarlo del cargo”. En realidad, en el tema de la fusión de la Súper y el Central, Alfredo Vergara protagoniza una guerra que, al parecer, algunos banqueros ya dieron por perdida. Robert Andrade cuenta que en la primera reunión el economista Fernando Pozo, presidente de la Asociación de Bancos Privados, se mostró de acuerdo con la medida. “Me hizo una reflexión sobre las contribuciones que esto representa, el doble trabajo que debe ejercer el sistema financiero y dijo que era más eficiente y dinámico que una sola institución ejerza el papel de supervisión y de control”. Delegados presidenciales y del sistema financiero también estarían de acuerdo, según Lourdes Andrade, en depurar la Central de Riesgo donde personas que deben hasta un centavo no son sujetos de crédito. “Hemos dicho —dice ella— que el tope sean 1 000 dólares para no estar en la Central. La banca está de acuerdo. No estoy diciendo que los deudores no paguen. He pedido por escrito a la Súper que trabajen de manera seria en esto”. El régimen habló, de la misma forma, de los depósitos afuera y aspira a que la banca traiga una parte para invertir en papeles del Estado en los mismos bancos… Hay otros temas que trabajaron las comisiones y que prueban, para la banca, que disminuir las tasas de interés ni era tan simple ni era automático como supuso ante la opinión el presidente Correa. La banca ostenta el pergamino de haber sido escuchada. Ahora conoce los ingredientes que maneja el Gobierno, pero no la salsa que le confecciona Rafael Correa. Hay relativa resignación ante el peso político y el control que tendrá el Mandatario, para apuntalar los cambios, ya sea en la Comisión legislativa que reemplazará al Congreso. O en la Asamblea donde aterrizarán algunas de estas medidas. En los rangos oficiales, en cambio, se habla de haber comenzado con pie derecho una relación estrecha con la banca. Y ya se quiere repetir el encuentro y volverlo sistemático. “La idea —dice la delegada de la Junta Bancaria— es que esta práctica se consolide y que cada dos o tres meses evaluemos para corregir y avanzar”. Pero la señora Andrade y los otros delegados del Presidente o del sector financiero, no saben exactamente qué ocurrirá con el dinero que los ecuatorianos confían a la banca. Por ahora se reunieron, hicieron informes y esperan porque saben que el destino de la plata y su costo están en manos de Correa. Él tiene la decisión y la responsabilidad de las consecuencias. Menuda faena. |