REVISTA VANGUARDIA El secreto mejor guardado | El secreto mejor guardado |
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| Revista Vanguardia | |||||
| martes, 04 de diciembre de 2007 | |||||
Página 3 de 3 Ecuador dio un viraje, se entiende, para neutralizar los costos colaterales del conflicto colombiano y, sobre todo, las incidencias de relaciones peligrosas de sectores de la población fronteriza con la guerrilla colombiana. Pero es un viraje anclado en una visión autónoma que le permite ejercer su soberanía, mantener una relación de Estado a Estado con Colombia y, en teoría, no tomar partido. Ni los gobiernos han calificado a los guerrilleros —como quería el presidente Uribe— de terroristas. Ni los militares los identifican con alguna membresía ideológica. Oficialmente hablan de irregulares o ilegales a pesar de que saben, por las insignias, el tipo de literatura y otras partes de equipos que han encontrado, que aquellos que violan la frontera son sobre todo miembros de las FARC, especialmente de los bloques 48, 32 y 13. El país tampoco ha oído los cantos de sirena, provenientes de Colombia, que lo invitan a seguir la política del yunque y el martillo. El mensaje sutil y no explícito con el gobierno de Colombia, es que la solución al conflicto no es militar sino integral: política, diplomática y con dinámicas de desarrollo y seguridad. También se dice a la guerrilla que el territorio no es tierra de nadie ni lo puede ocupar o, peor, usar para actividades ilegales. Hay militares o ex militares que creen que en ese mensaje está implícito otro: Ecuador admite el riesgo que puede correr por ejercer su soberanía. Los militares, en sus escenarios, siempre han considerado que presas, oleoductos o torres eléctricas pueden ser objetivos de grupos irregulares. Lo han estudiado los diferentes Comandos Conjuntos y lo han dicho en el Cosena. A su vez, las FARC han dicho, en reiteradas ocasiones, que no exportarán la guerra hacia Ecuador. Además, las fuentes entrevistadas por Vanguardia insisten en otro punto: con su masiva presencia militar en el norte, Ecuador dice que ha tomado conciencia de que las crecientes actividades ilegales en su territorio son incompatibles con su concepto de unidad nacional y de seguridad. Por eso la intervención militar va de la mano de un plan de desarrollo que, según Freddy Rivera, especialista en seguridad de la Flacso, tarda en engranar (ver entrevista). Así gobiernos y militares han coincidido en que la política en la frontera norte debe ejecutarse en forma autónoma. Por ese motivo, y sobre todo desde el gobierno de Gustavo Noboa, no se ha pedido un apoyo financiero específico a Estados Unidos. Se teme que venga condicionado. Pero tras este escenario se juegan otros. Para las Fuerzas Armadas es indiscutible que la situación en el norte da lugar a costos que desbordan su capacidad presupuestaria. De hecho, los militares nunca estuvieron de acuerdo en perder las regalías del petróleo. Algunos no sólo hablan de cuánto vale rastrear un irregular (en la época de Gutiérrez se destinaban cincuenta uniformados por cada ilegal) sino del tipo de armamento que tendría que incrementarse para operar en una zona en donde los militares sospechan que, aprovechando la espesura de la selva, los guerrilleros tienen bases alternas. Dicho de otra manera, el control sobre los 700 kilómetros ni es fácil ni está plenamente asegurado. Los enfrentamientos aislados con los guerrilleros también se producen en un momento político particular. En él, los militares se encuentran ante algunos dilemas: ¿hasta dónde deben colaborar con el régimen? ¿Qué papel mediador pudiera jugar el presidente Correa en la región y frente al conflicto colombiano? ¿Hasta dónde los asambleístas se meterán con ellos? ¿Al fin habrá conducción política civil en el Ministerio de Defensa? En esas preguntas late una de fondo: ¿el debate sobre la seguridad dejará de ser el coto cerrado de las FF.AA.? |
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