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Las seis patas del Estado Correa PDF Imprimir E-Mail
Revista Vanguardia   
martes, 11 de diciembre de 2007

Fander Falconí define la Reforma que se cocina en su secretaría. Un Estado ni Capitalista ni socialista: eficiente.

 

¿Qué Estado quiere el régimen? Senplades delineó, en reuniones con 3 000 personas, un perfil que está cotejando con el presidente Correa. Lo hacen en talleres en Puembo, a 30 minutos al oriente de Quito. Han debatido sobre el agua, la electricidad, las telecomunicaciones… Y debatirán acerca de la Seguridad Social, minería, arquitectura financiera del Estado… La Secretaría partió de un diagnóstico crítico de lo que ha significado el desarrollo en los últimos 25 años en el Ecuador. Eso les llevó a replantearse una estrategia integral y nueva sobre la forma de pensar el Estado en algunas áreas: planificación, regulación, control y fundamentalmente distribución.

La conclusión es inapelable: se requiere un cambio de modelo. Fander Falconí, ministro y cabeza de este proceso explicó a Vanguardia, larga y detenidamente, la reingeniería que se está puliendo entre seis puntos.

1. Rediseño institucional:
el régimen quiere volver al Estado mucho más estratégico y eficiente. Esta transformación viene de la mano de un cambio en la concepción de desarrollo.

Senplades parte de que hay una diferenciación entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento y sus patrones son importantes. Sin embargo considera más abarcador el concepto de desarrollo. “Esto te lleva necesariamente —dice Falconí— a replantearte el modo de acumulación interna”.

Esto implica descorporativizar al Estado de los grupos de poder. Sin ello, un Estado secuestrado no permite viabilizar los temas redistributivos. Democratizarlo es, entonces, central.

También significa recuperar su capacidad de regulación. Falconí responde que no quieren volver a los años 60-70. El estudio de las experiencias en América Latina y en Ecuador los han curado de espantos. Tampoco quieren dejar todo en manos del mercado que no es el mejor asignador de recursos.

La planificación es otra herramienta cuyas bondades serán efectivas si se combinan entre planificación e inversión futura. Eso requiere cambiar el esquema presupuestario del país. ¿Por qué? “Se puede tener —dice Falconí— un maravilloso plan nacional de desarrollo, pero eso no tiene ningún efecto práctico en el momento cuando se prioriza la inversión, puesto que el presupuesto va por otro lado”.

Para lograr ese acuerdo entre planificación e inversión, teorizado por el subsecretario Pavel Muñoz, el régimen ya hizo una movida significativa: envió la subsecretaria de inversión pública del Ministerio de Economía a la Secretaria de Planificación y Desarrollo. Que el Estado tenga manejo y control soberano sobre su plan de inversiones hace parte, para Falconí, de la estrategia en materia productiva. Y él ata el concepto de producción a la capacidad general de producción del país.

En esa cadena él ve la generación de empleo, la plena soberanía en política fiscal y en política comercial... ¿Y el nexo con el sector productivo? Falconí lo tiene claro. En el plan sometido al Presidente “hay una estrategia muy definida de reactivación productiva”.

El sector privado aparece en las grandes estrategias de inversión que hay, por ejemplo, en Petróleo y en proyectos hidroeléctricos. Está en la recomposición de lo que ellos llaman economía popular. El régimen está empeñado en crear cadenas de valor, cadenas productivas, y las está experimentando, por ejemplo, en el programa Hilando por el desarrollo.

La consideración productiva va hacia allá. Falconí habla de que la economía nacional es una de las más abiertas de América Latina. Por esto proponen una apertura inteligente. No exportar sólo productos primarios. “La estrategia central es la agregación de valor y la diversificación pública”. En teoría también marca los frentes éticos que el régimen ha decidido para recibir inversión: ética con el consumidor, el medio ambiente, laboral y de desarrollo con el país.

2. Arquitectura institucional: el diagnóstico nuevamente es lapidario: el sector público está absolutamente desarticulado y desconstituido. Y esto es evidente cuando el gobierno quiere intervenir eficazmente en el campo territorial, en el manejo de las empresas públicas, en la ejecución de la calidad presupuestaria o en el gasto público.

Senplades ha pensado desde el Ejecutivo cómo tener en una nueva arquitectura institucional. Uno, clarificando las responsabilidades de aquellos que intervienen en lo público.

Quién hace rectoría, quién planifica, quién ejecuta, quién regula, quién controla, cuál es el rol de los ministros coordinadores… Lo que el régimen ya tiene absolutamente claro es que no van a establecer más unidades ejecutoras ni consejos de papel. Pavel Muñoz tiene un organigrama en el cual aparecen claramente los organismos creados, que en los últimos años, han vuelto al Estado un ente adiposo e ineficiente.

La idea es acabar con ese caos, achicar y aplanar a ese Estado que, con el tiempo, se fue verticalizando y descomponiendo cada vez más.

3. Profesionalización del servicio público:
para el secretario Falconí esto pasa por dignificar al servidor público. El régimen quiere crear una Escuela de Gobierno. La están pensando con una doble estrategia.

Por un lado, una escuela capaz de formar creativamente los nudos estratégicos que requiere una política de desarrollo que asegure la transición hacia un país post petrolero. El régimen quiere incluir y profesionalizar áreas que tienen que ver, por ejemplo, con biotecnología y energía renovable. Por otro lado, la Escuela de Gobierno debe elevar la calidad del servidor público.

Esto pasa por instalar la administración en la meritocracia para establecer una adecuada carrera civil y administrativa, con incentivos y capacidad de competir con el sector privado. Falconí cuenta que han ido a Brasil y el modelo de Escuela de Gobierno les gustó al punto que están estableciendo un convenio de apoyo para enero.

Este cambio se reflejará en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (Loscca).

Falconí la ve como una camisa de fuerza para el desarrollo estratégico y el saneamiento y mejoramiento de las empresas públicas. Éstas están, según él, en el peor de los mundos. Son sociedades de derecho privado manejadas por el Fondo de Solidaridad que no les permite ser eficientes desde el lado privado ni tampoco desde el público.

Senplades piensa que las empresas públicas deben estar articuladas a los ministerios del ramo. Las eléctricas en el Ministerio de Electricidad y Recursos renovables. Petroecuador al Ministerio de Petróleo. ¿Se pierde la autonomía? En absoluto, dice Falconí. Se mantiene en las áreas administrativa, operativa y financiera de la empresa. El cambio vendrá en dos direcciones: los directorios deberán rendir cuentas de gestión y contarán con indicadores de logros administrativos y financieros. Además esas empresas deben articularse con una visión de políticas y estrategias de futuro. Allí hay, dice Falconí, mucho consenso en el régimen. Las eventuales broncas que esto pudiera suscitar serán encaradas por el propio Presidente. En ellas pudiera gastar algo de su capital político acumulado.

4. Arquitectura financiera y Reforma de la Seguridad Social: conceptualmente el régimen se dirige hacia el manejo de una cuenta única del tesoro. ¿Por qué? Senplades ha comprobado que el Estado tiene un conjunto de fondos difuminados que no permiten articular efectivamente la inversión productiva. Para lograrlo se basarán en la capacidad de ahorro interno que tiene el país y multiplicar fórmulas para volver eficiente el uso de los recursos públicos.

Una de ellas es replantear la estructura del presupuesto que, según un cuadro elaborado por el SRI, está en un 92 por ciento preasignado. Falconí aclara que no se irán contra determinados logros sociales. En el caso de municipios y universidades no se habla de afectación sino de racionalización.

“Vamos a revisar muchas de las preasignaciones que implican logros clientelares —dice el ministro encargado de Senplades—. Hay que diferenciarlas de las que son conquistas sociales porque creemos en la descentralización fuerte, profunda que ha implicado un cambio en la distribución fiscal”.

El régimen dice querer establecer una real coordinación entre la prioridad de inversión y el seguimiento y evaluación de la política pública. Esto, según Falconí, es inexistente.

“En el país —dice él— se asume que los programas son exitosos. Aquí tenemos una Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento y hemos llegado a la conclusión de que sólo hay diez programas públicos evaluados con cierta rigurosidad.

Solamente diez con nombres y apellidos”. La arquitectura financiera implica, entonces, mejorar, sobre todo, los sistemas de rendición de cuentas. En cuanto a la Seguridad Social sólo hay principios, por ahora. El régimen sí habla, con respeto, de la autonomía de esa institución. Pero no ve cómo se puede crear bienestar sin una profunda reforma en su administración, recursos y sistema previsional.

Tienen claras algunas cosas: están trabajando en un planteamiento unificado que involucra a varios entes relacionados con los sistemas de salud. Van a un sistema solidario. Y además: será universalista en términos de prestación de servicios básicos.

Están analizando la estructura financiera de la Seguridad Social a la luz de las experiencias de Chile y Argentina to de organismos de desarrollo nacional, cuya constitución ha tenido distintas fases en la creación del Estado. Esto tiene que ver incluso con la cooperación internacional.

El criterio general es, en este momento de transición política, tener racionalidad y hacer mucho más eficaz el ciclo de la política publica. Que haya una mejor distribución de los egresos fiscales en materia regional, que no todo se concentre en Quito y Guayaquil, que se puedan articular cadenas de valor y que privatizaron los servicios. Los responsables de la Senplades hablaron con los técnicos chilenos que compararon las experiencias en América Latina. Les pidieron asesoría. Ellos demandaron avanzar en definiciones conceptuales y en el diagnóstico. Ese equipo se integrará luego a trabajar con Senplades en una propuesta de refuerzo.

Falconí acepta que han pensado en la posibilidad de canalizar los recursos que maneja el IESS. No obstante, se haría “de forma armónica, respetuosa y consensuada”.

5. Reorganización territorial, descentralización y autonomías: la Senplades no está dibujando el mapa territorial. Se entiende que ese debate sobre las siete regiones lo zanje la Asamblea. Lo que está planificando es cómo debe actuar el Ejecutivo para ser más eficaz en el territorio donde hay regiones en que el Estado está totalmente ausente. La idea es no duplicar ni triplicar los esfuerzos. Se trata de armonizar el funcionamiencadenas productivas en el territorio.

6. Participación ciudadana y representaciones:
Fander Falconí y su equipo están definiendo lo que el Estado y la sociedad entienden por participación. Propone ejemplos. En Ecuador existen 57 consejos de la más diversa representación. Hay veces en que participan las cámaras, otras los sindicatos, los trabajadores... en otros casos nunca se han reunido. Por eso han decidido empezar por casa. Están trabajando, con los ministros coordinadores, para replantear el funcionamiento del Ejecutivo.

Están pensando en un Estado tipo red. Sin embargo, para ello están definiendo dónde termina el Presidente, cuál es el papel de los ministerios coordinadores, cuáles son los de la Secretaría General de Planificación y Desarrollo, de la Secretaría General de Administración Pública, de los ministerios en línea y de los distintos consejos que intervienen en el ámbito del Estado. Sin ese organigrama, el Estado es lo que aparece en los computadores de la Senplades: una simple maraña. Por eso lo quieren organizar.