REVISTA VANGUARDIA
Mejor la ética que echar a rodar otra aplanadora
| Mejor la ética que echar a rodar otra aplanadora |
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| José Hernández | |
| martes, 11 de diciembre de 2007 | |
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Es una viveza criolla decir que está vigente la Constitución de 1998 siempre y cuando no se oponga a los designios de la Asamblea. Una semana de Asamblea ha bastado: hay voces de la oposición y plumas afiladas y, en casos librepensadoras, que afirman que el país vive bajo una dictadura. Y también hay personas, como Álvaro Noboa, que piensan que estará presente en Montecristi únicamente cuando no se rompa la Constitución. Es grato saber que el líder del Prian, además de otras cualidades, tiene facultades premonitorias. Lo cierto es que la Asamblea resucita todos los viejos demonios que han elegido domicilio en la política nacional. A los actores, a todos incluyendo los medios, cuesta trabajo migrar hacia otros referentes. Y hacia otras actitudes. Da grima, o ternura, ver cómo ciertas fuerzas minoritarias se quejan porque sus puntos de vista no son tenidos en cuenta. De ahí a tratar a los asambleístas de Acuerdo País de totalitarios, por el simple hecho de ser mayoría, hay un paso que algunos franquean con una facilidad que pasma. Del otro lado, causa desconcierto y zozobra, ver cómo en Alianza País algunos, como Rolando Panchana, quisieran acaparar más la palabra y sienten fastidio por tener que restringirse para escuchar a las minorías. Panchana debe creer que se puede ser demócrata sin tener que oír a los otros. Para eso se es mayoría. Así cada cual interpreta a su manera los derechos y los deberes inherentes al sistema democrático. No hay –es una evidencia– conductas democráticas compartidas. La anterior mayoría, hoy agonizante o deshecha, olvida lo que hizo hasta febrero cuando sumó votos y atropelló la ley para expulsar a dos diputadas e imponer funcionarios de control a su medida. Entonces se habló de la aplanadora. Una más. La nueva mayoría tampoco sabe cómo administrar el privilegio otorgado por los electores. Y en vez de articular un proceso racional y legal se refugia tras el biombo de los plenos poderes para actuar. Acuerdo País puede hacer, políticamente, como siempre se ha hecho, lograr que dos y dos sumen cinco. Es una prerrogativa que tienen Alberto Acosta y los asambleístas y ante la cual sólo queda rebelarse o resignarse. Pero ese es el peor de los mundos posibles para un movimiento que nació como alternativa a unos partidos para los cuales la ley era igual a la suma de votos en el Congreso. El reto de Acuerdo País no es, entonces, político (ya son mayoría) ni es jurídico (ellos son la última instancia). Es ético. Está ahí, en el convencimiento de que no están cambiando una Constitución que, a la postre, será un folleto más. Su desafío es cambiar a los ciudadanos. Es conectarlos con la ley (eso es una Constitución) y convencerlos de que cumplirla es el mejor negocio que puede hacer una sociedad que quiere convivir en paz, aplicar la Justicia y avanzar democráticamente en la lucha por el desarrollo y la equidad. Esa tarea pedagógica es más importante que echar a andar otra aplanadora. Y es más importante porque sin ella no habrá transición ni se aplicará la nueva Constitución por perfecta que sea. Ser demócrata en Montecristi no depende, entonces, de las contorsiones que hagan en el movimiento del Presidente para contentar a los asambleístas de minoría. Es sobre todo aterrizar esos principios que hasta ahora han sido abstractos o vaciados de su contenido por las antiguas mayorías. Y, claro, eso empieza por actuar en función de conceptos y marcos legales y no del espacio que abren los números más la viveza criolla. Y es viveza decir que el país tiene que admitir que las reglas vigentes están contenidas en la Constitución del 98 siempre y cuando no se opongan a los designios de la Asamblea. Eso se llama limbo jurídico. Acuerdo País ha hablado mucho de los derechos que le otorga ser una mayoría y ser el principio y el fin de todas las cosas. Eso es hacer una demostración de poder en un ring vacío. Pero el poder no es para eso: es para cambiar la mentalidad de los ciudadanos que nunca han creído ni cumplido las leyes hechas por trituradoras. Los asambleístas de Acuerdo País no han dicho cómo piensan lograr aquello. Pero ciertamente no es declarándose fuera de toda ley. |









