REVISTA VANGUARDIA La justicia ya tiene un andamio | La justicia ya tiene un andamio |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 01 de enero de 2008 | |
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Gustavo Jalkh delinea el nuevo mapa del sector. Su plan tiene cuatro ejes y muchos interrogantes. ¿Qué tipo de Justicia quiere el Gobierno? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado hace mes y medio, delinea un perfil que busca cambiar las prioridades de un sector. Busca una Justicia amparada en el usuario y no aquella solamente enfocada en mejorar las condiciones en que laboran los funcionarios. El Ministro de Justicia, Gustavo Jalkh, tiene marcada la hoja de ruta por la cual transitarán esos cambios: la Asamblea, el Presidente, los organismos de la Función Judicial, el mismo Ministerio de Justicia y un futuro poder legislativo post Constituyente. También evoca los cuatro pilares que sostienen la estrategia: la rehabilitación social, la coordinación con los entes judiciales, la renovación de la carrera judicial y los cambios normativos. Sin embargo, todavía existen puntos no resueltos que dejan interrogantes. ¿Cómo cambiará a un sector marcado por cuotas políticas y casos de corrupción? ¿Cómo logrará que los organismos judiciales, empapados en un discurso de independencia y autonomía, acojan las propuestas del Gobierno? ¿Bastará coordinar con las actuales autoridades de Justicia para lograr sus objetivos? ¿Qué hará el Ministro de DD.HH. cuando se enfrente a un caso como el de Dayuma, en el cual ofreció asistencia gratuita pero se desentendió de los actos violentos? El Ministro admite que no es una tarea fácil pero que su plan, por el momento, deberá ser consensuado con las actuales autoridades judiciales, ya que hay algunos cambios, calificados de urgentes por él, que no pueden esperar a que la Asamblea concluya la nueva Constitución para implementar las reformas a leyes orgánicas. Su argumento parte de un diagnóstico evidente de lo que ha significado la Justicia local: Ecuador es uno de los países de América Latina que menos invierte en justicia, el número de jueces y fiscales por cada cien mil habitantes es menor al promedio de la región, no existe una defensa pública institucionalizada, el sistema de rehabilitación social no responde a políticas de reinserción y el estado de hacinamiento en las cárceles es complejo e inaceptable. De ahí que la estrategia inicial englobe tres objetivos: ampliar la cobertura del servicio, mejorar su calidad y dar al Ministerio la gestión directa de algunas instituciones como el Consep y los centros de detención de adolescentes. Todo ello enmarcado en sus cuatro aristas. 1. REHABILITACIÓN SOCIAL: El Ministro cree que, aunque no sea la solución final, el mejoramiento de la infraestructura de los centros de rehabilitación social es el punto de partida de la estrategia. Por ello, mediante la reactivación de la emergencia carcelaria que fue revocada por el Congreso a finales del 2007, la Cartera definirá el perfil de los centros que se construirán en el 2008. Por el momento, Jalkh vislumbra tres tipos: de alta, mediana y baja peligrosidad. La idea es financiar la construcción con recursos del Fondo de Ahorro y Contingencia, cuenta que ha pagado las emergencias del Régimen. No obstante, el Ministro no explica quién se encargará de la edificación y si los planes municipales de construir centros se incluirán en la hoja de ruta del Régimen. Tampoco dice qué sucederá con las obras si ese fondo, como tiene previsto el Gobierno, desaparece. Lo que sí enfatiza Jalkh es que la nueva Cartera deberá acoger el manejo directo de los centros de internamiento de adolescentes. Actualmente, esa gestión está en manos del Ministerio de Inclusión Económica y Social pero Jalkh da un plazo de seis meses para que su Ministerio la asuma. 2. LA COORDINACIÓN: El Ministro quiere darle un giro a la prioridad del sector y enfocarla hacia el usuario. Pero sabe de antemano que los entes judiciales —Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Judicatura o Ministerio Público— han mirado con primacía al funcionario. Bajo esa nueva concepción y en un escenario en que logre coordinar prioridades con esos organismos, se encuentran previstas varias acciones. Por ejemplo, la aplicación de la oralidad procesal, justicia de paz, asistencia legal gratuita, mediación y conciliación, evaluación neutral... Con estos mecanismos, algunos de los cuales están contemplados en la Constitución vigente, pero no se han aplicado por falta de leyes o códigos, se busca ampliar la cobertura del servicio y ofrecer alternativas de acuerdo a las necesidades de tiempo y costo de cada usuario. Esto para evitar que, por ejemplo, litigios por la propiedad de una cama o una vaca lleguen a la Corte Suprema de Justicia. Aunque algunos de estos cambios requieren de nuevos códigos o leyes (ver punto 4), ya existen avances operativos. Ese es el caso de la oralidad que necesita un código pero que el Ministerio, como adelanto, está por crear 40 juzgados de niñez y adolescencia y 20 tribunales penales. Asimismo, en el 2008, se pretende ampliar la asistencia legal gratuita, que se está ofreciendo en el campo penal, a otras materias como civil, niñez, alimentos, familia y trabajo. El Ministro asegura que todos estos cambios se coordinarán con cada una de las instituciones. Sin embargo, no expone qué sucederá si los organismos no acceden a ello. 3. LOS FUNCIONARIOS: En el nuevo esquema, la Justicia y sus organismos —explica el Secretario— mantendrán su independencia. Es decir, su potestad de regirse por sí mismos. Pero también rendirán cuentas y sus funcionarios habrán de pasar por agudos filtros para ingresar y permanecer en sus cargos. Pero, para ello, se requerirá una nueva Ley Orgánica de la Función Judicial, sobre la base de la nueva Constitución, en la cual se incluya un modelo de carrera judicial. La idea es que el Ministro estructure nuevos modelos de sistemas disciplinario y evaluación, los cuales se propondrán al Consejo de la Judicatura para que los aplique. Entre los cambios que busca el Ministerio está la implementación de difíciles procesos de admisión y la creación de una Escuela Judicial, que funcionaría como un pregrado y por la cual pasarían los candidatos antes de ingresar a los organismos del sector. Pero no solamente los nuevos funcionarios deberán superar estrictos controles. Jalkh buscará que los actuales se sometan a evaluaciones cada seis o doce meses. El resultado de esos exámenes tendría efecto en el ascenso, la permanencia o la exclusión. Además, —explica Jalkh— cada funcionario estará monitoreado por un sistema tecnológico en la internet en el cual se mostrará el número de juicios a su cargo, el tiempo de cada proceso, cuántos ha resuelto y cuántos no. 4. LA LEGISLACIÓN: Aunque algunos planes pasan por reformas operativas, otros necesitan nuevas normas y leyes. Para ello, el Ministro ensaya dos momentos. El primero, en un escenario asambleísta, donde se presentarán los proyectos inaplazables como el Código de Ejecución de Penas, la implementación de la oralidad procesal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Civil y la Ley de Defensa Pública. El segundo, en un contexto post Asamblea, donde se presentarían dos proyectos estructurales: el nuevo Código Penal y la nueva Ley Orgánica de la Función Judicial. Esto porque se necesita una Constitución —agrega Jalkh— para aprobar leyes orgánicas. El Ministro cree que la nueva Ley de la Función Judicial será la que viabilice la revolución del sistema al asignar mayor presupuesto, ofertar más servicios y disminuir la corrupción. Pero también reconoce que eso se logrará si el cuerpo legal contempla una estructura eficiente de la carrera judicial. Todo ello, no sólo dependerá de que la Asamblea concluya la redacción de la Constitución y la ciudadanía la apruebe. También implica que el Gobierno deberá garantizar la legitimidad de un Congreso que debata profundamente y apruebe los cambios en el sector. |