REVISTA VANGUARDIA 16 estados se revelan ante Bush | 16 estados se revelan ante Bush |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 08 de enero de 2008 | |
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Los gobernadores quieren aplicar una ley ambiental. Pero el Presidente se opone. Arnold Schwarzenegger y George W. Bush pertenecen al mismo partido, el republicano. Pero a veces no lo parece. El gobernador de California ha decidido enfrentar al Gobierno de Estados Unidos por su derecho a regular la emisión de gases de efecto de invernadero. La visión sobre el medioambiente de los dos líderes es distinta y el interés por cuidar los recursos ecológicos también. California asegura que está haciendo frente a las peligrosas consecuencias del calentamiento global, supuestamente provocado en parte por los gases contaminantes emitidos por los escapes de los automóviles. Entre las secuelas figura el derretimiento de la capa de nieve de las montañas que aporta un tercio del agua que se consume en el estado, además de la amenaza que se cierne sobre cientos de kilómetros de su costa, amenazados por el aumento de los niveles del mar. El gobernador demandó a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) por impedir a ese territorio ejecutar una ley aprobada hace cinco años. La iniciativa obliga a los constructores de automóviles a reducir un 30 por ciento, entre el 2009 y el 2016, las emisiones contaminantes de los vehículos. “Es inconsciente que el Gobierno federal no permita a California y a otros 19 estados adoptar estas normas”, manifestó Schwarzenegger. La querella fue presentada por el procurador de Justicia de California, Edmund G. Brown Jr., en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en Washington. “La EPA no ha hecho nada a escala nacional —dijo Schwarzenegger— para detener los gases invernadero y ahora equivocada e ilegalmente bloqueó las históricas reglas contra las emisiones de los tubos de escape, a pesar de que 16 estados han propuesto adoptarlas”. El 19 de diciembre último, Stephen Johnson, de la EPA, negó a California la autorización para aplicar sus propias reglas estatales. Según el diario La Opinión, de Los Ángeles, de aplicarse la medida, California sacaría de circulación hasta 6,5 millones de autos contaminantes. Si todos los estados con iniciativas similares la pusieran en vigencia la cifra alcanzaría los 22 millones de toneladas de CO2, con el ahorro anual de 11 millones de galones de gasolina. ¿Y afectar la industria de combustible y la automotriz afines al gobierno de Bush? Por ahí va la negativa. La polémica está servida. El Gobierno de California estima que siguendo sus reglas, las emisiones que calientan el planeta descenderían en 58 millones de toneladas de CO2, entre el 2009 y el 2016, mientras que con las reglas federales, el descenso se quedaría en 20 millones de toneladas. Para 2020, calculan que con las leyes de la Casa Blanca habrían reducido 76 millones de toneladas, y con las suyas, 167. La decisión de la EPA de no conceder la derogación necesaria, según el sitio web news.soliclima.com, rompe con una jurisprudencia que existe desde hace varias décadas. Y representa también una victoria para los grandes fabricantes de automóviles. El Ministerio de Medio Ambiente consideró que los límites que quiere imponer California son demasiado restrictivos y que no debe existir una legislación diferente en cada estado. En su opinión, una norma única sería más efectiva que un “confuso mosaico de regulaciones estatales diferentes”. Con estos argumentos el pasado 19 de diciembre paralizó la norma estatal. Se viene una papa caliente para Bush. El conflicto entre las administraciones estatal y federal se complica: 15 estados más están decididos a aplicar la misma norma aprobada en California. Algunos de ellos son relativamente pequeños, pero otros son grandes. Los comprometidos hasta hoy son Nueva York, Massachusetts, Arizona, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington. No es la primera vez que California y otros estados promulgan su propia legislación ecológica y se les respeta. En Estados Unidos la ley federal es una, pero la autonomía estatal es enorme. Sólo hay que ver cómo en unos sitios se aplica la pena de muerte y en otros no, el matrimonio homosexual que es legal sólo en algunos estados... Comparado con estas cuestiones de profundo calado ético, ¿por qué es tan difícil permitir a los distintos territorios que fijen sus límites de emisiones, sobre todo si los ponen por debajo, nunca por encima, del federal? Los querellantes lo tienen claro: es una decisión política, dictada sin la asesoría de expertos ni del sentido común. El fiscal general del estado de California, Jerry Brown, ha llegado a preguntarse en público “si han consultado una güija” para atender las presiones de la industria petrolera y la automotriz, que son las más exitosas de Texas, la cuna política del Presidente y de la mayoría de sus colaboradores. “¿Se trata de dejar caer pieles de plátano políticas a los pies de los adalides de la lucha contra el calentamiento global?”. Muchos les dan la razón, más ahora que la sensibilidad verde empieza a extenderse en los Estados Unidos, y a ser uno de los mayores frentes de descrédito de la Administración Bush. Esta nación no es el contaminador gigante e indiferente que parece desde fuera, o que hace suponer su actuación en Bali o frente al Protocolo de Kyoto. Y la sociedad cada vez pide más cuentas sobre el medio ambiente. Ningún político ignora esta cuestión en su agenda. |