REVISTA VANGUARDIA Transportistas sin cascabel... | Transportistas sin cascabel... |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 08 de enero de 2008 | |
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El régimen alista una nueva ley de transporte. Lo hace en medio de cuestionamientos a los reguladores y pactos con los choferes. Los transportistas son el gremio más poderoso del país. La certeza se ratificó cuando Rafael Correa llegó a la Presidencia porque la expectativa de cómo los trataría se convirtió en un desencanto que recordó a otros gobiernos que cumplieron los caprichos de la organización. En doce meses, los transportistas han producido hechos que prueban algunas tesis: el gremio, probablemente el más grande y más organizado, no sólo es leal a sus afiliados, sin importar con quien se juega el partido, sino que además ha presionado abiertamente a un Gobierno con alta popularidad. Por ejemplo, cuando los taxistas ofrecieron su apoyo al gobierno de Lucio Gutierrez a cambio de beneficiarse con favores tributarios. Entonces el Ministerio de Bienestar Social, el Banco de Fomento y la Federación Nacional de Taxistas suscribieron un convenio para adquirir 3 500 vehículos con exoneración de impuestos. El Gobierno de Rafael Correa no está muy lejos de ese tipo de acercamiento. De hecho, el actual régimen les propuso cambiar su sistema de diésel por uno de gas. Así, ofreció un precio del combustible aun más subsidiado de lo que ya resulta para los consumidores ecuatorianos. Además, prometió, a mediados de septiembre, que la Corporación Financiera Nacional otorgaría préstamos más baratos para la adquisición de nuevos vehículos. Pero, probablemente, los episodios más polémicos en el actual período gubernamental han sido aquellos que se desarrollaron en medio de una relación moribunda entre el Congreso y el Ejecutivo. Por un lado, el Presidente cuestionó, y lo sigue haciendo, la gestión y las potestades de los actores públicos del tránsito como la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) y la Dirección Nacional de Tránsito (DNT), en menor medida. Su contienda por la autoridad sobre las vías le ocasionó abiertos distanciamientos con las autoridades municipales. Incluso, el manejo del tránsito en el Puente de la Unidad Nacional obligó a que Ricardo Patiño iniciara conversaciones con Jaime Nebot y le ofreciera construir obras para que el tema vislumbre una solución. Sin embargo, los cuestionamientos oficiales van más allá. La ley vigente contempla sólo a las personas y al medio pero no a la vía ni al transporte y los organismos reguladores y controladores se han desprestigiado en un ambiente en el cual se conoce que las licencias son adquiridas fraudulentamente y que el índice de accidentes de tránsito sigue en aumento. Por eso, el director del Consejo Nacional de Tránsito (CNT), Guillermo Ramos, no duda en reconocer la situación actual: una gran anarquía en un sector estratégico de la economía. No obstante, la actitud oficial no ha seguido la misma línea cuestionadora con los representantes privados del transporte. De hecho, en las últimas batallas entre Correa y el Congreso, los transportistas lograron lo que quisieron: que el Presidente vetara una ley que agudizaba las sanciones e imponía licencias por puntos con el argumento de que no era un marco legal integral. Por ello, el Régimen alistó una nueva ley para que la Asamblea la trate en enero. En ella, según fuentes del Gobierno, se creará una Superintendencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial encargada de regular las políticas emitidas por el Ministerio de Transporte y controlar la ejecución de las mismas, que estará a cargo de la DNT y la CTG. Sin embargo, la DNT ya no tendría la potestad de emitir licencias, mientras la CTG perdería su autonomía y se convertiría en una intendencia más. A cambio de que no se atendiera la Ley propuesta por el Congreso, los transportistas se comprometieron a acoger voluntariamente el Plan de Emergencia Vial que se desarrollaría mientras la Constituyente analiza la nueva reforma. Entonces nació la idea de convalidar los permisos de conducir de más de 2,4 millones de ecuatorianos con el objetivo de reducir los accidentes y depurar aquellos conductores que obtuvieron sus permisos ilegalmente. Pero a partir de la emisión de esa resolución, el conflicto entre los reguladores y controladores del tránsito se hizo evidente. Por un lado, está el Consejo que, con una campaña masiva, quiere convencer a 2,4 millones de conductores de que acudan nuevamente a las Jefaturas para convalidar sus documentos, mientras la Asamblea discute el proyecto de Ley. Porque, en realidad — dice Ramos— la convalidación es una acción de voluntad, no es obligatoria. El Consejo ha previsto un cronograma para que los conductores cumplan el trámite. En los primeros seis meses se iniciará la convalidación con los choferes profesionales de la modalidad interprovincial, carga pesada, intraprovincial, turismo y escolar. Pese a que la Policía realizará controles en las calles para verificar que los conductores posean un sello sobre su documento, los policías no podrán sancionar a quienes no lo tengan. De hecho, al ser un proceso voluntario el Consejo aún no determina cuántas licencias se convalidarán hasta enero del 2009. Por eso, — admite el titular— el período para que los conductores se acerquen a las Jefaturas es flexible y podría extenderse hasta un mes más. Esto a menos que la Asamblea, al tratar la reforma a la Ley de Tránsito, decida volverlo obligatorio. Pero más allá de que eso suceda, otro problema surgió para las autoridades. Ni la DNT ni la CTG tienen la capacidad operativa para recibir a 2,4 millones de conductores en un año. Cuando se le pregunta al mayor Juan Zapata, vocero de la DNT, si esa dirección tiene la infraestructura para hacerlo, piensa unos segundos antes de contestar. "En lo que se refiere a las pruebas de conocimiento, médicas y psicológicas no tenemos problema, siempre lo hemos hecho. Pero en el tema de la prueba psicosensométrica, que mide la pericia del conductor ante el volante, todavía no sabemos cómo la tomaremos". Su duda radica en que la DNT y la CTG requieren equipos simuladores para tomar esa prueba. Y, hasta el momento, no tienen los suficientes. Sólo la Dirección necesita 60 equipos para cumplir la resolución del Consejo. Ante esa inquietud, el CNT ideó otro plan urgente: que las escuelas de conducción pongan a disposición sus simuladores. Así, con sus 50 equipos, Aneta, que es parte del Consejo, examinará a los conductores. Pero, ¿qué harán los transportistas acostumbrados a que se les cumplan sus caprichos gracias a amenazas de paros, cuando la Asamblea apruebe una ley que cambie las reglas de juego? ¿Qué hará la DNT cuando se le quite la potestad de emitir licencias o la CTG cuando pierda su autonomía? El Estado debe garantizar un buen servicio de transporte —dice Ramos— y el inversionista debe estar controlado para que dé un servicio de calidad y obtenga una rentabilidad razonable. En las últimas semanas, la aprobación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito abrió interrogantes. Pese a que serán los transportistas quienes más deberán pagar por el seguro, su voz todavía no se ha hecho escuchar. Está a la espera de que se apruebe el reglamento. Al respecto de la nueva Ley, algunos representantes han hecho sus primeras observaciones, sobretodo, a que se reste representación al sector en el Consejo. El tratamiento del cuerpo legal pudiera ser el primer escollo con el Régimen. |