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El Correa tarimero se desgasta PDF Imprimir E-Mail
Revista Vanguardia   
martes, 08 de enero de 2008
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El Correa tarimero se desgasta
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LAS  CÁMARAS
Sin diálogo, su salida es la denuncia pública

La relación Gobierno–empresarios pasó de castaño a oscuro. La Reforma Tributaria y el aumento salarial caldearon un ambiente marcado por la incertidumbre. Ni los contactos han sido directos, profundos y sostenidos ni el régimen ha generado señales auspiciosas para un sector que no sabe siquiera si el país pedirá la ampliación del Atpdea con Estados Unidos. El control de precios aumenta una preocupación que, en el caso de los gremios, ya encontró cauces de desfogue.

La Cámara de Industriales de Pichincha fue la primera que, hace tres semanas, hizo un pronunciamiento sobre la incapacidad, a sus ojos, que tiene la Asamblea para legislar. La Cámara de Comercio de Guayaquil fue un poco más lejos. En los principales diarios publicó un aviso en el cual recuerda que las decisiones de la Asamblea deben ser sometidas a referendo antes de ser aplicadas. De lo contrario, afirma, el país se encontraría en plena dictadura.

Esta posición, que hizo mella en el sector oficial, no fue concertada. Lo dice Roberto Aspiazu, director Ejecutivo del Comité Empresarial. Pero los presidentes de las cámaras conversan regularmente y confiesan coincidencias en ciertos principios de libre empresa que, a sus ojos, el régimen ha vapuleado.

Además están decepcionados de que las promesas de diálogo, hechas por el propio Correa, no se hayan cumplido. El empresariado no atina a reaccionar. Y la propia Reforma Tributaria los volvió a tomar por sorpresa. “No nos imaginamos —dice Aspiazu— que un tema de tanta importancia no fuera a tener el suficiente espacio para el debate”.

El problema para el empresariado reagrupado alrededor de las grandes cámaras es sencillo: si no hay interlocutor en el Gobierno (y éste por las circunstancias debe ser el Presidente) y si los temas de desacuerdo con el régimen aumentan, no tienen sino una forma de procesarlos: haciéndolos públicos. En ese sentido, para este lunes 7 previeron un pronunciamiento tras una reunión de dirigentes empresariales del país. No hay, por ahora, otra estrategia.

Y la rebeldía tributaria, de la cual se habló la semana pasada a raíz de una declaración de María Gloria Alarcón, presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, parece ser más una inferencia que una decisión. En todo caso, en ella no se reconocen representantes de sectores tan disímiles como Renato Carló, presidente de Cámara de la Pequeña Industria del Guayas; Sebastián Borja, presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha; Carlos Ribadeniera, presidente de Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (Capeipi). “La rebeldía tributaria es una decisión grave —dice Aspiazu— que tendría algunas consecuencias y es preferible tener en el abanico de opciones otro tipo de alternativas, sin descartarla absolutamente”.

“Nunca se acordó estimular el desacato —dice Carló—. Eso no es ético”. Sebastián Borja también lo descarta. “Debemos cumplir la ley. Pagar los anticipos del Impuesto a la Renta y pagar los incrementos salariales. No vamos a llamar a la desobediencia. Tenemos que acatar, aunque es ilegal”. No se ve, entonces, que el sector empresarial urda la desestabilización que ha sido denunciada por el régimen.

Ni siquiera las acciones legales de inconstitucionalidad a la Reforma Tributaria y al alza salarial, la una ante el Tribunal Constitucional y la otra ante el de lo Contencioso Administrativo, están concertadas. Unos piensan que hay que hacerlas aquí y en el exterior.

Otros, adherentes de la Capeipi, son favorables a la Reforma Tributaria y sólo harán una demanda: la de los incrementos salariales que fueron hechos, dice Carlos Ribadeneira, sin sustento legal. “Tendremos que estudiar ante qué instancia para que el Ministro se sujete a lo que la ley manda”.

Ribadeneira y Borja agravan el panorama de incertidumbre. Tras el aumento al salario unificado, dice el presidente de la Capeipi, ahora vienen los ajustes a las tablas sectoriales. El Ministro de Trabajo ya citó para que se reúnan las comisiones que determinarán un incremento de los mismos treinta dólares porque los aumentos anteriores, aprobados en diciembre, fueron menores: de 178 a 185 dólares.

En febrero, dice por su lado el presidente los Industriales de Pichincha, el Gobierno va a presentar la nueva ley laboral. “Ya oigo que se van a eliminar todas las formas de precarización laboral: contratación por hora, intermediación laboral, contrato ocasional o eventual… Son formas que las empresas necesitan y han utilizado para generar mayor trabajo”. De hecho, en el sector privado no se sabe cómo el Ejecutivo piensa crear puestos de trabajo este año, con un alza salarial que amenaza a unas 1 5000 pequeñas empresas que tienen, según la Capeipi, un promedio de 19 empleados y cuyo volumen de negocios unitario apenas asciende a 281 000 dólares al año. La misma crítica hizo el ex ministro de Correa, Mauricio Dávalos, en Radio Democracia el pasado jueves 3. “La subida de salarios castiga a las empresas más intensivas en mano de obra”. Carló amplía la idea. "La pequeña industria será la más perjudicada.

Las grandes industrias pueden asumir el incremento, pues su capacidad tecnológica les permite automatizar los procesos". Alarcón, incluso, va más lejos. En su lectura, la inflación que conllevaría la aplicación de la Reforma Tributaria no sólo afectaría a los consumidores.

"Por eso —dice— se prevén despidos y cierre de empresas". En general, los empresarios organizados no son muy optimistas del alcance de sus acciones para que el régimen considere sus pedidos. “Nuestras expectativas no necesariamente son las más favorables —dice Sebastián Borja—. Pero no significa que no vayamos a defender nuestros principios”.

Roberto Aspiazu también habla de un margen reducido. Esto, en el corto plazo, los va a obligar —dice él— a escalar la confrontación, salvo que se generen espacios serios de diálogo. ¿Es eso posible? Augusto Barrera, coordinador de contenidos con la Asamblea, acogió el llamado: “Tal vez —dijo a Vanguardia— es necesario discriminar mejor a aquellos sectores empresariales que pueden aportar, que trabajan y apuestan honradamente por el país”.

Esto mismo ha dicho, en diversas oportunidades, el Presidente de la República pero, hasta ahora, no se ha sentado serena y constructivamente a hablar con el empresariado.