REVISTA VANGUARDIA ¿El tránsito dejará de ser una trinchera política? | ¿El tránsito dejará de ser una trinchera política? |
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| Víctor Jiménez | |
| martes, 15 de enero de 2008 | |
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El proyecto de ley define corresponsabilidades frente al caos del sector. Pero adolece de principios técnicos y suaviza las sanciones. El proyecto para la nueva Ley de Tránsito es, en su filosofía, de avanzada. Porque por primera vez se identifica el problema desde tres ámbitos: transporte, tránsito y seguridad vial. No obstante, el documento crea un marco legal desde lo político y no desde lo técnico. En sus 240 artículos se configura una administración del transporte en un esquema piramidal. Así lo reconoció el ministro de Gobierno Fernando Bustamante, cuando socializó el texto, el lunes 7. Como contexto, en el proyecto de ley presentado el 19 de diciembre se hablaba de la Autoridad Nacional del Transporte, gobernada por un Consejo Directivo. Esa figura cambió y ahora, en el proyecto presentado a la Asamblea, se llama Agencia Nacional del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y está gobernada por un Directorio compuesto por cinco entidades públicas: la Presidencia de la República, el Ministerio del Transporte, el Concope, la AME y la Comandancia General de la Policía. Entonces, uno de los grandes avances desde que arrancó este proceso de reforma es que, inicialmente, quedarían fuera los transportistas. Sin embargo, en las disposiciones generales —lo que evidencia un trabajo hecho a última hora— se lee, en el art. 238, que las escuelas de conductores profesionales administradas por la Federación Nacional de Transportistas del Ecuador funcionarán según las regulaciones de la Agencia Nacional. Asimismo, en el art. 239 consta que la Escuela de Conductores Andinos, administrada por la Federación de Transportistas Pesados del Ecuador, se ajustará a las mismas normativas. Esto no estaba en la propuesta presentada el 19 de diciembre e implica el retorno de los transportistas a un ámbito susceptible en la problemática del transporte: la formación. Desde la sociedad civil defendemos que esa competencia sea de entidades técnicas y legalmente reconocidas por el Conesup y el Ministerio de Educación. Y por ello, la veeduría ciudadana es fundamental para evitar que el rigor que persigue la ley ceda a presiones en la fase de reglamentación del texto. Ahora, el Directorio de la Agencia Nacional va a dictar las políticas macro del transporte. Aquí se ve una concentración de poder político, lo cual debiera ser revisado. La estructura piramidal es beneficiosa cuando se quiere poner en orden la casa y hay que reconocer que el transporte en el país es un caos. Pero el peligro se da porque lo político siempre ha prevalecido sobre lo técnico y sobre el bien común. Al tener en el Directorio funcionarios políticos, ellos entran y salen de acuerdo al vaivén del poder, en sacrificio de las dinámicas de la gestión del transporte. Lo importante es encontrar un equilibrio en el cual lo político ceda un 50 por ciento a lo técnico. En esa mitad hace falta la representación del Ministerio de Salud, porque los accidentes de tránsito son un problema de salud pública; un delegado de las universidades que tengan formación en ingeniería del transporte y el Defensor del Pueblo, desde la perspectiva ciudadana. En el ámbito de las sanciones, el proyecto sí establece un incremento de las penas, pero es insuficiente. El proyecto presentado al Congreso, y que fue vetado por el presidente Correa, establecía, por ejemplo, que cruzarse un semáforo en rojo equivalía a una multa de una remuneración básica unificada. En el proyecto para la Asamblea es de sólo el 50 por ciento de esa remuneración. Asimismo, en el anterior proyecto se contemplaba una licencia de conducir que partía de los 12 puntos; en el actual arranca con 100... Si bien el texto para la nueva Ley de Tránsito define los deberes de peatones y pasajeros, como actores básicos de la movilidad, el proyecto aún no articula globalmente las corresponsabilidades de todos los elementos del transporte. En Covial identificamos 20 responsables que, desde el Presidente hasta el ciudadano, pasan por los agentes de control, los constructores de vías, los concesionarios automotrices, etc. Sólo así se podrá iniciar un proceso integral de reforma del transporte, en un país donde el bien común tiene que prevalecer sobre los intereses gremiales. |