REVISTA VANGUARDIA El régimen ante el mito de Sísifo... | El régimen ante el mito de Sísifo... |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 15 de enero de 2008 | |
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La policía es la institución más arcaica del país. Muchos Gobiernos han querido cambiar la y han sucumbido en el intento. Correa no hizo nada en su primer año... pero ensaya de nuevo. En un momento en el cual el régimen mercadea el cambio, hay una institución que arrastra los pies: la Policía. Sus responsables no dan la cara para hablar de modernización y, al unísono, trabajan para hacer de su organización la más opaca, secreta, distante y autónoma del país. En ese diagnóstico pueden coincidir analistas académicos como Freddy Rivera, Daniel Pontón o Fernando Carrión. Ejemplos hay por montones. Ninguno de ellos ha podido obtener una copia del informe de la Comisión de Modernización de la Policía conformada por el ex ministro de Gobierno Gustavo Larrea. Fernando Carrión habla de odisea, al referirse a los datos que consiguió sobre el presupuesto que maneja la Policía, al cual se agregan recursos adicionales que le llegan de diferentes fuentes. “Como tiene autonomía administrativa y financiera, no responde ante nadie. Y como pervive la lógica de la seguridad pública, del enemigo interno, todo es secreto”. Se ha desarrollado, entonces, en su interior, una cultura para evadir los pedidos concretos que tienen que ver con el suministro de información sobre su actividad. Es tal el hermetismo que Rivera y Carrión coinciden en señalar que hoy la Policía es mucho más cerrada que las Fuerzas Armadas. Fernando Bustamante, ministro de Gobierno, no coincide. En un diálogo con Vanguardia prefirió hablar de una institución que no ha sido motivo de atención por parte de la ciudadanía. Y que la Academia sigue, según él, hace apenas cinco años. Como quiera que sea, la Policía se sabe en el ojo del huracán. No es la primera vez que oye hablar de planes de modernización. De hecho, algunos han salido de sus filas. El último, hecho para diez años y que pretendía transformar integralmente esa institución hasta el 2014, fue firmado por su comandante general, Jorge Poveda, 13 generales y 106 coroneles de Estado Mayor. Hay, entonces, inflación de diagnósticos. Y una expectativa: ¿este gobierno tendrá, al fin, la voluntad política para transformar un cuerpo que sufre, a la vez, de una corporativización creciente y de lo que Daniel Pontón, investigador de la Flacso, llama “una politización perversa”? En claro, la Policía es autónoma no porque el poder político no tenga posibilidad de controlarla, sino porque los ministros de Gobierno padecen de una rotación tan alta que sorprende al propio Fernando Bustamente. “Creo que apenas dos han durado más de un año desde el presidente Febres Cordero”. Conclusión: apagan incendios, sirven de fusibles, hablan de cambiar a la Policía, ordenan un diagnóstico... y terminan haciendo lo de siempre en los cortos lapsos que creen controlarla: demandan más presupuesto y aumentan el número de policías, a cambio de nada. No hay voluntad política para cambiar una institución que los gobiernos han tratado de usar políticamente en contextos de inestabilidad política y social. Eso explica, según Daniel Pontón, por qué “la Policía ha sido impune en el tiempo”. ¿Impune e ineficiente? No hay estadísticas nacionales que midan la acción de los uniformados. Y lo poco que hay, dice Fernando Carrión, se ha logrado por esfuerzos de las municipalidades de Quito y Cuenca y del municipio, asociado con la Espol, en Guayaquil. “Pero los criterios que tiene Quito son diferentes a los de Guayaquil. O viceversa. Agregar esos datos no te permite tener información nacional”. El veredicto público, traducido en sondeos, es inapelable: los ciudadanos no creen tener los policías que se merecen. Ni los ven con buenos ojos ni les tienen confianza. Peor: la seguridad privada es hoy una alternativa a la cual están recurriendo hasta las instituciones públicas. Y su desarrollo (dobla el número de agentes) lleva a Gobierno a pensar seriamente en la posibilidad —sugerida en esta edición por Fernando Carrión— de crear una superintendencia especial para controlar ese negocio. Nadie envidia el puesto de Fernando Bustamante. Y pocos ven en su llegada al Ministerio de Gobierno una señal clara de que este régimen emprenderá el cambio en las filas policíacas. ¿Qué hizo en un año el ex ministro Gustavo Larrea? Trajo asesores extranjeros y promovió la comisión de modernización, cuyo estatus y función nunca fueron enteramente esclarecidos. “Creo que esa comisión está totalmente desgastada —dice Fernando Carrión— y habría que entrar en una etapa totalmente distinta”. Pontón, en cambio, encuentra “interesante” la decisión gubernamental de formar esa comisión, aunque anota que los civiles llamados no son especialistas en el tema policial. Además cuestiona la ausencia de una política de seguridad pública. “Creo que Correa desconoce la realidad y el tema de la seguridad pública —dice el investigador de la Flacso—. Hasta ahora no lo he visto establecer un criterio ecuánime en materia de una política nacional de seguridad pública”. Además le reprocha la partida de 300 millones de dólares, complementaria a los 517 millones que hay en el presupuesto, para la Policía. Con ello, Ecuador está sobre la media de la comunidad andina (unos 40 dólares por habitante por policía) y sin un plan visible ni una cabeza que lo deba aplicar. “Correa no conoce la Policía y está repitiendo las mismas taras de regímenes anteriores”. Bustamante tiene otro repertorio. El desdoblamiento que ha sufrido su ministerio —Ricardo Patiño se ocupa de la política— le dejará más margen de maniobra para ocuparse de la Policía. Pero aún no ha definido la estructura política que acompañará la transformación que, según él, (ver entrevista) tomará en total tres años. El cronograma lo hará público en un par de meses. En fin, con él —da a entender el ministro— la Policía no hará lo de siempre: sentarse a esperar que el ministro de funda y, como desconoce los sistemas de funcionamiento, subordinarse a los generales el tiempo que está en el cargo. “Ese problema estructural —dice Fernando Carrión— debe resolverse de una manera u otra”. Lo curioso en este caso es que el régimen vuelve a gozar de condiciones excepcionales. Los mandos policiales, sobre todo entre mayores y coroneles, son conscientes de que deben operar un revolcón en la institución. Los índices de impopularidad de la Policía, reflejados en los sondeos, obligan al régimen a actuar. La inseguridad, cuya impresión supera a veces la realidad, figura entre los principales temas de preocupación ciudadana. Y la Asamblea es una oportunidad sin precedentes para cambiar conceptos y leyes que el país arrastra, como una mala herencia, desde las dictaduras militares. Por otro lado, hay coincidencias en muchas cosas entre las visiones de los estudiosos, Fernando Bustamante y otros miembros del régimen y la Comisión de Modernización. Es lo que se puede colegir, en efecto, de un diálogo que mantuvo Vanguardia con uno de sus miembros, el ex comandante general de la Policía Jorge Villarroel. La propuesta de cambio, según él, se basa en tres ejes: una nueva estructura que desmilitarice a la Policía y la arranque de su autismo frente a la sociedad. Villarroel no entiende hoy la reserva que preside los actos de esa institución. Por eso han pensado en una nueva doctrina que la abra, la flexibilice, descentralice y desconcentre la seguridad ciudadana y, de paso, disminuya el poder absoluto que detenta el Comandante General. “Creo que él y la cúpula deben estar para dictar políticas, hacerlas cumplir, supervisar, evaluar resultados y dejar en libertad a los comandantes (regionales o provinciales) para que sean verdaderos jefes de Policía”. El segundo eje propuesto es la educación. Que los aspirantes a oficiales sean universitarios y que para todos los policías se diseñe, mediante exámenes más rigurosos, un perfil más exigente. La comisión ha hecho énfasis, como tercer eje, en la tecnología. Ninguna compra o licitación alguna debiera ser hecha por los jefes policiales. Para ello debe crearse un ente especializado. El trabajo de la Comisión contiene recomendaciones obvias para aquellos que, desde hace años, analizan los deterioros que producen la doctrina, la estructura y los procedimientos policiales. Estabilidad del personal para poder así especializarlo. Y una vez especializado, no poder removerlo de su área. Si no sirve, botarlo pero no transferirlo. Acabar, entonces, con la rotación que, en buena medida, es el resultado del humor y de la discrecionalidad de los mandos. Que no se siga maltratando el recurso humano, que incluye separar a los policías de su familia. “Estamos sugiriendo —dice Jorge Villarroel— que todo lo que ingrese como fruto de la acción policial vaya a un solo presupuesto”. Se atacaría así la visión que hoy existe en la Policía de que hay sectores de primera y otros de tercera o cuarta categoría. “Hay dos unidades —dice Pontón— a las cuales todos los policías quieren llegar: antinarcóticos y tránsito. La Policía comunitaria es lo peor y allí nadie quiere estar. Algunos compran su movilidad y su pase”. En este punto, ni el ex general Villarroel ni el ministro Bustamante dijeron cómo lograr pasar de una Policía con altos índices de corrupción a otra con parámetros de eficiencia que puedan volcarse en resultados tabulados estadísticamente. Las experiencias de cambio muestran que puede haber un acuerdo político (El Salvador), una depuración (Colombia) o una actitud gradual (Chile). El sentimiento de Fernando Carrión es que ese tránsito urge porque, frente a la corrupción y a la ineficiencia (salvo raros sectores) de la Policía, la población se está armando. “Entre 15 000 y 17 000 armas son de la Policía. Unas 120 000 personas tienen el permiso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero unas 400 000 personas tienen armas sin permiso. La justicia por mano propia está creciendo de manera significativa”. Los analistas consultados por esta revista son escépticos, igualmente, de la Policía comunitaria que esa institución exhibe como parte de su supuesta modernización. “Es precaria — dice Carrión—. No tiene recursos constituidos y si se mira apenas tiene 5 ó 6 millones para todo el país”. Pontón lo acompaña: “Son policías que están parados en las calles y detrás de ellos no hay recursos. Claro se les da mucha movilidad porque eso genera impacto, pero no muestran cambios cualitativos”. El ex general Villarroel tiene una respuesta para esta y otras inquietudes: “los gobiernos tienen que recuperar la gobernabilidad política de la seguridad. Se ha dejado sola a la Policía. El Ministro de Gobierno no ha podido ocuparse. Falta una subsecretaría, lo que fuere, para construir políticas de seguridad, supervisar que se cumplan y evaluar la cúpula policial”. ¿Hará el Presidente ese cambio? Daniel Pontón no está seguro de que habrá un antes y un después de Correa en la historia policial. Fernando Bustamante se da tres años para probar lo contrario. |