REVISTA VANGUARDIA Las FF.AA. pierden una franquicia ... | Las FF.AA. pierden una franquicia ... |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 22 de enero de 2008 | |
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El Ministro de Transporte regulará los puertos privados. El de defensa ya no los autorizará.
En cuestión de puertos, el Gobierno tiene dos objetivos: librarlos del control de las Fuerzas Armadas y robustecer los nacionales frente a los privados. Para cumplir el primero de ellos, restará la competencia de control a la Digmer (Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral) y sobre todo quitará toda potestad de autorizar el funcionamiento de puertos al Ministerio de Defensa. El régimen quiere que el negocio sea manejado por civiles, a través de las autoridades portuarias del país. De allí que desde que se posesionara Rafael Correa, el Ministerio de Defensa no ha resuelto ninguna petición de nuevos puertos o de ampliación de funciones de los actuales. Los cambios pretenden ser aplicados mediante una reforma al reglamento de la actividad marítima que busca por parte del Ejecutivo entregar el poder de decisión respecto a los puertos privados a la Autoridad Portuaria y al Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, liderado por el Ministro de Transporte y Obras Públicas. Otro propósito es igualar las reglas de juego en materia portuaria. Cambiar las normas legales en las cuales se apoyan los puertos privados de Guayaquil para su funcionamiento. Lo que se pretende es que cumplan las mismas obligaciones y contribuciones al Estado, que los concesionados. El proyecto ya está en la Presidencia. Fue el Subsecretario de Puertos y Transporte y Transporte Marítimo y Fluvial, Patricio Velásquez, quien lo entregó en noviembre para su aprobación por parte del Mandatario. Éste pidió a sus asesores que los revisen. La reforma prevé que la Digmer continúe ejerciendo su soberanía en temas de guardacostas y capitanía. Pero, enfatiza que el Ministerio de Defensa ya no será la entidad que autorice la creación y el funcionamiento de los puertos privados. Esa potestad recaerá en la Autoridad Portuaria de Guayaquil. También establece que los privados, 17 en Guayaquil, cancelen valores iniciales, fijos y variables; así como impuestos a la Casa de la Cultura, inversión y garantías. Se enfatiza que los privados no sean multipropósito. Que operen con un solo tipo de carga. Y que tengan su propia línea naviera. Hasta ahora, el puerto de Guayaquil ha pagado más de 300 millones de dóla res para trabajar, incluida una garantía de cumplimiento de contrato de 15 millones de dólares. Mientras que la inversión de los privados —según el director ejecutivo de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep), Nelson Ricaurte— ha sido de 500 millones de dólares en infraestructura, equipamiento y personal. Considerando, además, que están al día en los impuestos a la renta e IVA; en el 5% de lo facturado a la Digmer, y en el 2% a la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). Pero esto no es válido para el Gobierno. La Subsecretaría de Puertos ya manifestó su inconformidad con las normas. Casa adentro, junto al Ministerio de Transporte se ha dialogado sobre la manera de aplicar el reglamento de forma retroactiva a los privados, por lo menos desde hace cinco. Para ello, el primer paso fue solicitar al Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, las autorizaciones entregadas a los privados, las aprobaciones del directorio de Autoridad Portuaria, los informes administrativos y legales que se consideraron y las ventajas económicas que debería haber obtenido la Autoridad Portuaria al ceder parte de su jurisdicción. La gestión aún es analizada por los gerentes de los puertos privados. Y la documentación se califica como difícil de obtener porque las autorizaciones entregadas sólo tienen la firma de los ministros de Defensa que autorizaron la operación y renovación de las concesiones. Los ministros resolvían por decreto amparándose en informes entregados por la Digmer y el Municipio de Guayaquil. Eso porque el reglamento de la actividad portuaria lo señala. Pero los nuevos directivos de Autoridad Portuaria quieren llamar la atención a los privados. Y de ser necesario, suspenderlos —dice Alex Villacrés, presidente de la entidad— hasta que se disponga su aprobación de forma contractual, y se retribuyan las pérdidas que pudo haber sufrido el Estado. La preocupación de Villacrés apunta a cuatro puertos privados: Fertisa, Trinipuerto, Bananapuerto y Terminal Portuaria de Guayaquil, que son las terminales a las cuales más buques llegan. Y es que la actividad de los privados tiende a crecer. Los arribos de naves a los muelles aumentaron en un 60% y 70%. En el 2004, llegaron 566; en el 2005, 692, y en el 2006, 880. La idea, según el Subsecretario de Puertos, es enfrentar las distorsiones, privilegios y beneficios entregados a los privados. Los puertos privados aún no tienen definida una estrategia. No ven una guerra; mientras que el Gobierno ya los confirma en la lista para las sanciones pertinentes. |