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La legitimidad del cambio nos preocupa PDF Imprimir E-Mail
Revista Vanguardia   
martes, 22 de enero de 2008
Entrevista a Augusto Barrera

El coordinador de contenidos traza la ruta que le queda a la Asamblea. y a la constitución.

Da la impresión, por la fecha que dio Alberto Acosta, que la Constitución está hecha.
No es así.

El tiempo no da. ¿Cuántas leyes van a tramitar? Pocas. Han dicho cuatro, seis, una decena....

Nadie sabe. Ni yo que soy el que analizo esa información, por la siguiente razón: el núcleo fundamental de trabajo es la elaboración de la nueva Constitución. De eso no hay duda. Una décima parte de eso; es decir la comisión de legislación, está encargada del trabajo de las leyes. Pero nueve de las diez comisiones, están en lo otro.

¿Estamos ante una trampa?
No. Déjeme acabar.

Pero no se está debatiendo sobre lo que hacen esas comisiones.
Eso es verdad.

Entonces el Gobierno se está cortocircuitando.

No, por dos razones. La primera: la idea que antes había es que esto iba a ser una fábrica de leyes. Esto no es así. El criterio de formulación de las leyes que tiene el Ejecutivo, en este momento, tiene que ver con aquellas que sean prioritarias, para la gestión administrativa y financiera del Estado.

Pero sobre lo que están haciendo las nueve comisiones no hay debate.

Es un debate que —lo digo de manera autocrítica— no ha sido posicionado políticamente. La evaluación que hemos hecho durante este último buró, que hicimos con todos los asambleístas, es que, de alguna manera, hemos caído en una especie de estratagema equivocada, que tiene algunos presupuestos que son equivocados.

¿Y cuáles son?
Primero, que hay que hacer todo lo posible por diferenciar el bloque y el proyecto de la Asamblea del Gobierno. Eso no debe ser. Hay absoluta autonomía institucional pero somos parte del mismo proyecto. En ese sentido es una locura suponer que hay grandes divergencias.

Segundo, mal presupuesto: el mecanismo de transformación es básicamente legal. En determinado momento, sí hubo la idea equivocada, de que podríamos hacer un conjunto sistemático de leyes. Eso no va a ser así.

Las leyes que se van a mandar ahora, son leyes que han implicado una palabra empeñada, como el caso de la ley de tránsito, o leyes y reforma de leyes, estrictamente indispensables, para el funcionamiento de este Ejecutivo, en este contexto concreto. Todas las leyes orgánicas que impliquen transformaciones posteriores, van a ser posteriores a la elaboración constitucional. Entonces, la vía del cambio es centralmente constitucional.

Tercero, no hemos sido capaces de colocar algunos de los elementos de debate constitucional, que son centrales, y hemos permitido que sea el debate de las reformas y de las leyes, el que cubra la actividad de la Asamblea. Eso es autocrítica nuestra.

¿Qué cambios van a introducir?

Lo que intentamos hacer ahora es indicar a la población y a la propia Asamblea, que la iniciativa legislativa, va a ser acotada y concertada. Si se demoran tres semanas en la ley de tránsito, después de esa mandamos otra. No es que vamos a mandar 15 el lunes, aun cuando las tengamos redactadas.

Con esas leyes se traza la cancha que será trasladada a la Constitución. Así el debate sobre la misma pierde sentido.
Es más bien al contrario. Todo proceso de cambio, desde el punto de vista institucional, tiene tres ámbitos. Uno administrativo: el Presidente acaba de hacer un anuncio bastante importante respecto de reformas a la estructura administrativa del Estado.

El segundo es el legal, son estas leyes. El otro, más estructural, es el constitucional. Nosotros debemos construir la suficiente armonía, para que las acciones administrativas con las legales y las constitucionales, guarden coherencia.

La gente votó por otra Constitución y aún no sabe para dónde va el país.
Lo que se ha hecho es establecer un mecanismo de división de las mesas. nA veces se ha asumido eso como una cosa totalmente administrativa. La discusión sobre el carácter de cada una de las mesas, establece un campo de abordaje temático súper importante con respecto a las prioridades de la nueva Constitución.

¿La pregunta es cómo se decanta esto, de cara a la opinión pública?

He visto escaso nivel de análisis respecto de cómo ven la prensa y el país las prioridades temáticas que están fijadas en las mesas. Si ustedes entran en la página web, podrán ver que cada una de las mesas ha trabajado, uno, en el diagnóstico de la problemática fundamental de cada sector, dos, la definición de los objetivos básicos de cada uno de esos ámbitos, tres, la construcción de un temario para discutir eso y, cuatro, una planificación de cómo abordarlos.

¿No ve un problema en la ausencia de énfasis político por parte de ustedes?
Si el gobierno y yo mismo, digamos, pusiéramos el temario de la agenda eso sería alzamanos. Sería palo porque bogas y palo por que no bogas.

¿Cuáles serán, entonces, los mecanismos para confeccionar la nueva Constitución?

Vamos a tener el siguiente proceso: en esta primera fase se está trabajando con diez comisiones y con pocos plenarios. Eso, en general, a los asambleístas, no les gusta mucho pero, finalmente, termina produciendo una cantidad sustancial de insumos, que ahora no se ven y que, después, va a permitir que las nueve mesas tengan una avalancha de producción de la nueva Constitución. Esta primera etapa que, de alguna manera está cerrada, es de definición de las prioridades y una definición de los cargos. Creo, y lo digo autocríticamente, que nosotros no hemos sido capaces de colocar ese debate en la sociedad.

Esta fase, además, de definir esos marcos conceptuales, tiene que reco ger y articular los aportes. Cualquier articulado presupone la construcción de un acuerdo, formulado como eje o lineamiento. Esa es la segunda fase.

¿Cuándo la piensan activar?

A partir de febrero. Y de esta fase ya puede comenzar a producirse el articulado de la Constitución. Conforme se vayan prefigurando lineamientos y acuerdos, y estos se puedan expresar en articulados se pasará, cada vez más, de las comisiones al pleno.

No se ve cómo van a aterrizar esas definiciones conceptuales en los supuestos acuerdos políticos.
Produciéndolos dentro de cada comisión, pero también en un juego del pleno. El mecanismo que está planteando es que todos los artículos, todos los textos constitucionales, se aprueben en el pleno. Y en el pleno evidentemente van a haber los debates del caso.

¿Pero cuál es la estrategia política para llegar a esos acuerdos?
La aritmética de la Asamblea es limitada porque la calidad de la representación política de la oposición es tremendamente limitada. Valoro asambleístas de otro ámbito ideológico, como Pablo Lucio Paredes, Mae Montaño, Ximena Bohórquez, el propio Diego Borja o León Roldos, cuando está de buen genio. Con ellos se puede tener debates argumentados.

¿Pero le ha oído una idea constitucional a Gilmar Gutiérrez? Tenemos la legalidad y los números para aprobar lo que queramos, pero estamos preocupados por el tema de la legitimidad de eso.

¿Cómo lo van a resolver?
A través de varios mecanismos. Uno es colocar estos debates hacia fuera. Es un error suponer que es suficiente con que el trabajo de las mesas esté en la página web. Hay que hacer un plan, una estrategia de carácter comunicacional.

¿La legitimación se va hacer por fuera de la Asamblea?

Hay una parte de la legitimación que tiene que hacerse afuera.

En ese campo, ¿cuáles son los temas medulares que van a posicionar?

Un tema central es el ordenamiento jurídico territorial. Y ahí, sí hay actores concretos: hay municipalidades, consejos provinciales, juntas parroquiales, hay gente que ha trabajado sobre el tema, hay actores concretos.

Pero hay temas en los cuales los especialistas escasean y la presión de los actores es mayúscula. El tema militar, por ejemplo.
Esos son déficits de la sociedad. Una sociedad produce una Constitución que históricamente está a su alcance.

En el tema militar podemos avanzar en algunas cosas, pero probablemente hay limites. La sociedad establece algunos, la Asamblea tiene que ser capaz de llegar a una Constitución que prefigure el futuro, pero parte de la legitimidad es que ese acuerdo sea entre los actores que somos y los que estamos.

Si las matemáticas no dan en la Asamblea, según dice, ¿cómo harán para que la visión de la Constitución no sea únicamente la de Alianza País?
Lo uno es la calidad del producto. Eso significa que la Constitución tiene que ser muy buena en el sentido de que debe ser pensada, discutida, analizada, bien hecha, con criterio y sensatez y con aportes de otros sectores. Una Constitución que sea mesurada, que tenga en cada una de las formulaciones la amplitud para poder tener desarrollos institucionales y programáticos.

Lo otro tiene que ver con la legitimidad de la Asamblea; es decir, con quien produce el producto. Y la preocupación de convertir rápidamente a la asamblea en otro Congreso, me parece que es tremendamente irresponsable.

En ese campo ustedes han contribuido.
Sí, hemos cometido errores, no estoy diciendo que no.

¿Cómo mantendrán esa legitimidad?

Recuperando el protagonismo de la Asamblea. Creo que esta estuvo, infortunadamente, a la defensiva y no comunicó adecuadamente algunas de estas líneas fundamentales, no colocó elementos de debate. Creo que un mecanismo de legitimación debe ser hacer mandatos constituyentes.

¿Por qué fijaron el 24 de mayo?
Porque eso es lo que votamos. La experiencia que hay en otras asambleas del mundo es que, como en las fiestas, llega un punto en que caen mal y todo el mundo se aburre.

¿A partir de esa fecha, cuál es el calendario político previsto?

Eso tendrá que decidir la población. Pero si se termina de redactar la Constitución alrededor de la fecha emblemática del 24 de mayo, se convocaría a un referéndum 45 días después. Estamos hablando de que en julio ya tendríamos nuevas reglas.

¿En ese referéndum se establecería el mecanismo legislativo posterior?

Sí, en él se establecerá el mecanismo legislativo que tengamos en la segunda fase del tránsito. En esos 45 días la Asamblea se mantiene y mantiene la potestad de sus poderes plenos. Esto quiere decir que algunas leyes pudieran hacerse en este tiempo. Es parte del mandato establecido.

¿Qué se votará en el referéndum?

Muy probablemente lo que la población va a decidir es dos opciones. Una: que regresen las oscuras golondrinas y reinstalemos a los congresistas. La otra: otro mecanismo para completar la transición legislativa, hasta que vayamos a un nuevo proceso electoral.

Tras el referéndum, ¿cuándo serán las elecciones generales?

Un proceso electoral se hace en tres o cuatro meses.

¿Pudiera, entonces, haber elecciones en octubre próximo?

Pudiera ser. Eso, desde la perspectiva del país, creo que sería lógico.

¿Dentro de los buenos propósitos navideños del Presidente, han previsto que él gaste capital político pero actúe de otra forma?
No. Cuando estoy hablando de no jugar a la diferenciación quiere decir no estigmatizar el hecho de que concep tualmente tenemos coincidencias.

Pero en ningún proceso institucional figura que el Presidente de la República margine, insulte, maltrate.
Esa pregunta no tiene respuesta.

¿El presidente cambiará de actitud?

Sí, absolutamente,

¿Cuál es el acuerdo?
El acuerdo es definir los marcos legislativos de la Asamblea y del Ejecutivo para tener una relación institucional clara. El segundo acuerdo es establecer un mecanismo más concertado programáticamente. La idea es cuidar la legitimidad de la Asamblea. Por eso el Ejecutivo ha asumido para sí la defensa de la reforma tributaria.

Hemos planteado, en general, que el Ejecutivo no enviará iniciativas de mandato constitucional. Y que los mandatos y las leyes, incluso de reformas, sean de iniciativa de los asambleístas. La tercera es que hemos planteado es darle mayor visibilidad al debate constitucional para evitar que la Asamblea se contamine con esta cosa del Congreso.

Son el gobierno y el Presidente los que no se instalan en debates de fondo.

No tenemos ningún problema de hacer un debate de contenidos y de tener un diálogo abierto. Lo que vemos con preocupación es que la estrategia de la oposición es tremendamente peligrosa.

Es una estrategia de bolivianización, por ponerlo de alguna manera. Es convertir a un conflicto regional en el conflicto del país, apostar a la escalada de precios y desarrollar una política de erosión de la Asamblea. Es grave el hecho de que sin haber sido redactado un sólo artículo, haya comenzado la campaña por el no.