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La bronca de la burocracia de oro PDF Imprimir E-Mail
Revista Vanguardia   
martes, 11 de marzo de 2008

Rafael Correa sorprendió a los empleados de empresas públicas. Algunos se sienten traicionados y buscan aliados para movilizarse.

 

Los mandatos constitucionales 02 y 04, aprobados por la Asamblea Constituyente, produjeron un extraño efecto entre los sindicalistas.

Para ellos, "la larga noche neoliberal" no ha terminado. Todo lo contrario: los mandatos confirman, según ellos, que el Ecuador aún sigue los consejos del FMI y del Banco Mundial, que, desde fines del gobierno de Borja, pedían la reducción del tamaño del Estado y la privatización de empresas públicas.

¿El gobierno y la Asamblea pusieron fin a la burocracia dorada? No, dicen sindicalistas y empleados públicos. Sí, responde el gobierno: sólo con las millonarias indemnizaciones que tendría que pagar a los 200 empleados que han renunciado de Petroecuador, el Estado perdería 30 millones de dólares, pues éstas superarían los 490 000 dólares por cada empleado. Los sindicalistas no sueltan presa.

Para ellos, los dos mandatos atropellan los derechos adquiridos. Y a su vez hablan de los salarios dorados de las empresas privadas, sobre todo en el caso de los trabajadores del petróleo.

Los servidores públicos federados, por su parte, hablan de que los excesos salariales tienen nombres y apellidos y que los mandatos no han puesto fin a las distorsiones salariales pues éstas se mantienen de acuerdo a las siete categorías salariales que tiene la ley de carrera administrativa.

Según Miguel García, de la Federación de Empleados Públicos, los mandatos no sólo que no han corregido la inequidad sino que son la antesala a desconocer esos derechos adquiridos, en la nueva Constitución. Según él, con el techo de sueldo de cinco mil dólares, el Estado se ahorra, apenas dice él, 12 millones de una masa salarial de 3 470 millones de dólares . “Nosotros planteamos un piso salarial de 470 dólares, el precio de la canasta básica, sólo ahí se podía exigir escalas salariales, además, los mismos mandatos pusieron excepciones, con lo cual en realidad el techo sería de 8 000 dólares y no de cinco”.

Los sindicatos, ahora que está trazada la cancha deberán reubicarse en ese juego. El Mandato 04, en que se pone un techo de hasta 60 000 dólares a las indemnizaciones en caso de despido intempestivo, pero no pone un piso, los obliga a ello: “cualquiera puede ser despedido sin razón y sin ninguna indemnización -dice Diego Cano, presidente del sindicato estatal. En 35 años se han despedido, por razones políticas, siete dirigentes en Petroecuador.

Fernando Villavicencio, uno de los siete dirigentes despedidos de la empresa petrolera, coincide con Cano y los dos son favorables al derecho al trabajo, la contratación colectiva y la estabilidad laboral. ¿Pero estabilidad en qué condiciones? Para ellos una cosa es el visto bueno que sanciona eventuales ineficiencias, falta de productividad o corrupción. Se oponen, en cambio, a la figura del despido intempestivo.

Ellos saben que la estabilidad laboral sólo la puede garantizar la eficiencia y competitividad, es decir, los resultados y no los piponazgos. Para ello, Cano propone una contraloría social, que transparente y vigile las contrataciones públicas, los contratos colectivos y que castigue a los piponazgos.

“Se ha exacerbado a la opinión pública con la idea de las burocracias doradas, que no trabajan, consumen y se apropian de los recursos cuando insistimos en la reestructuración de Petroecuador, que ha sido apéndice de un ministerio y objeto de intereses y botín político, es decir, nuestros reclamos superan la reivindicación salarial y los contratos colectivos”. Y añade que los mandatos son una agresión que trae problemas dentro del marco internacional, del código de trabajo y la contratación colectiva.

Para Cano, el asunto no es económico, es -dice- de principios: “Ninguno de nosotros gana más que el Presidente, así que no nos afecta, el problema está en el mercado laboral". Reconocen que hay gente con prebendas y beneficios pero atribuyen ese problema al mismo empleador, a los innumerables cargos políticos que se han repartido dentro de las empresas públicas.

¿Qué proponen? La negociación y revisión de contratos colectivos y que esas revisiones se hagan públicamente. Sólo en Petroecuador hay 4 000 empleados que están sindicalizados, pero también hay cerca de 7 000 trabajadores tercerizados, con sueldos por horas y sin derechos de ley.

Ellos reconocen, por una parte, que hay, en el movimiento sindical petrolero, y también entre los trabajadores de las centrales sindicales, organizaciones de vieja data con mermada convocatoria. En el país existen cuatro organizaciones laborales influyentes que incluyen sindicatos menores: Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (Cedoc), Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y Confederación de Trabajadores Ecuatorianos (CTE). Entre ellos, las discrepacias no son pocas y van, desde lo ideológico, hasta lo práctico.

Cano, Villavicencio y García coinciden en que ha habido oportunismo, que deben superar las reivindicaciones de tipo económicas, que tienen que hacer, internamente, los análisis de fortalezas y debilidades y una depuración al interior del movimiento de los trabajadores.

Si se suma la poca credibilidad que tienen entre los otros sectores de la sociedad, los sindicatos se quedan cada vez más solos, con nula capacidad de movilización.

¿A qué instancias acudirán en sus reclamos? Primero al diálogo directo con el Presidente Correa. Si no resulta, intentarán acciones de movilización; y, si no funciona ninguna de las dos propuestas, acudirán a instancias internacionales. Los más de 200 trabajadores que renunciaron antes de los mandatos 02 y 04, según Cano y Villavicencio podrán demandar al Estado porque ese es su legítimo derecho.

García, por su parte, habla de que representantes de los trabajadores irán a Ginebra. ¿Organizarse con quiénes y para qué? Villavicencio dice que, desde ya, están buscando denominadores comunes con Conaie, la Coordinadora de Movimientos Sociales, con Polo Democrático, con Pachakutic, etc. “Si, en la nueva Constitución, no se reconoce la plurinacionalidad y se vulneran derechos conquistados, llamaremos a votar ‘no’ en el referéndum” Miguel García, en cambio, se muestra más cauto: “creemos en el gobierno de Rafael Correa y esperamos que esto se resuelva pronto”.

El Estado es patrón de 460 000 empleados públicos, incluyendo a policía, Fuerzas Armadas, maestros, empleados de la salud. Es decir, 210 000 empleados más en sólo 18 años.

Algunos no se quieren mezclar en ese embrollo: la misma Conaie tiene discrepancias: ellos coinciden en temas de recursos y manejo petrolero, por ejemplo, pero no apoyarán millonarios salarios y prebendas contractuales.