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Un camino minado y sin retorno PDF Imprimir E-Mail
Revista Vanguardia   
martes, 15 de abril de 2008

El Presidente envió un mensaje a los militares: no hay grupos intocables. ¿Cómo administrará ese riesgo? ¿a qué llega Javier Ponce? Vanguardia lo analiza.

 

Grave, no tan grave pero grave: la evaluación que hizo el Presidente a sus coidearios de Acuerdo País, el miércoles por la noche en Manta, sobre el remezón causado en Fuerzas Armadas, muestra que está preocupado. El Mandatario sabe que corre riesgos al meterse con la institución armada. Pero los asume —se dice en su entorno— como una señal política más de que en su forma de ver no hay grupos intocables en el país.

Correa se abrió este nuevo frente plenamente consciente del poder que ha ostentado La Recoleta. En menos de 15 años, Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad, Lucio Gutiérrez han atesorado pruebas fehacientes de ello. Esta vez, sin embargo, Correa cogió en curva a la institución militar. Es lo que, en sustancia, dijo a sus asambleístas en Manta. Con vehemencia contó muchas de las falsedades y disimulos que, según él, militares pretendieron que él avalara desde el ataque de Colombia a una base de las FARC en territorio ecuatoriano. Les dijo que Inteligencia venía haciendo dos investigaciones que lo concernían, dos posibles o supuestos atentados, y que él nada sabía sobre el particular. Su discurso lo llevó a la última de sus grandes revelaciones: los servicios secretos están infiltrados por la CIA. Una acusación que los asambleístas de Acuerdo País ya le habían oído el lunes 31 de marzo, en la reunión con Rossana Queirolo y Diana Acosta. Ese día, sin embargo, el show de la modelo fue tan digno de un guión de Emir Kusturica, que disipó la aseveración presidencial.

En Manta el Presidente cerró filas sobre sus tesis pero, en reuniones más restringidas, no pudo encontrar, con Alberto Acosta, mecanismos para incluir en la Constitución las reformas que quiere hacer en Fuerzas Armadas.

Algunas, las tendrá que hacer en otras leyes (Seguridad Nacional, Orgánica de FF.AA…) ya que en la Carta Magna sólo está previsto eliminar el tutelaje que han tenido los militares sobre la democracia. Reforma con la cual ellos coinciden desde hace algún tiempo.

Rafael Correa sabe que el camino emprendido ante los militares ya no se puede equivocar. Y sabe, se dijo a Vanguardia en su entorno, que lo ha hecho al nombrar dos ministros (Lorena Escudero y Washington Sandoval) que no dieron la medida. El balance que en el Ejecutivo se hace de su gestión es lapidario: Escudero administró el duelo que causó la muerte de Guadalupe Larriva. Sandoval se dejó apercollar por los militares.

Javier Ponce es una garantía para el Presidente. Es su amigo. Tiene línea directa con él. Es un intelectual de izquierda. Es un hombre que ha dicho, en forma pública y sin ambages, lo que piensa del esquema y de las prácticas en las cuales están imbuidas las Fuerzas Armadas. Por ende, está condenado a impulsar en sus filas las reformas de las cuales tanto se habla desde que se firmó la paz con el Perú.

De esas reformas el Presidente ha hablado en su gobierno. Juan Sebastián Roldán, subsecretario general de Gobierno, recuerda que cuando estaba con Fernando Bustamante en el Ministerio de Seguridad Interna y Externa, el Presidente habló con los dos del tema, una vez en particular durante tres horas. Bustamante avanzó un plan de modernización y pasó esas carpetas a su sucesor. Gustavo Larrea dijo a esta revista, hace un par de meses que, en efecto, el gobierno pensaba poner en debate ese plan por estas fechas. Esa pudiera ser la brújula de Javier Ponce, tras su primera misión que será la de someter a las Fuerzas Armadas a una poda que se antoja quirúrgica.

En este punto, en el Ministerio de Defensa nadie se explica cuáles fueron las fuentes que llevaron al Presidente a “un nivel de certeza” capaz de llevarlo a afirmar que la CIA está infiltrada en los servicios de inteligencia del país. Lo mismo dicen ex militares; algunos de los cuales pidieron no ser citados. Luis Aguas, ex jefe del Comando Conjunto de FF.AA., admite que pudo darse “una falta de fluidez en la información que debe ser veraz, oportuna y calificada”.

Pero rechaza que “Fuerzas Armadas haya tenido vinculación con organismos extraños. Lo que sí hemos tenido es la cooperación de Estados Unidos para cumplir con una misión auxiliar que es el control del narcotráfico”.

¿Qué han recibido? Vehículos y centros de mantenimiento de esos vehículos en la frontera norte. Son, —según Luis Aguas— unidades minúsculas donde no hay personal de Estados Unidos.

También hay capacitación que han recibido en el Colegio Interamericano de Defensa o en la Escuela de las Américas. ¿Son cursos orientados a misiones específicas en el país? Aguas y otros militares lo niegan. Para ellos son cursos amplios y aquellos que van son seleccionados según su antigüedad, requisito de ascenso, calificaciones… En la junta Interamericana hay oficiales —dice el ex jede del Comando Conjunto—. Hay jefes de misión en grado de general cuya presencia depende de los cupos. Es lo que está previsto en la relación entre militares o en los acuerdos de apoyo. Pero van una o dos personas. “Antes hacíamos intercambio con unidades militares para tener instrucción en Estados Unidos con unidades de 40 ó 50 hombres. Ahora no. Van dos o tres personas”.

Miguel Carvajal, vice ministro de Defensa, asegura que no es la cooperación lo que se está satanizando. Ni los acuerdos bilaterales entre organismos de capacitación. Tampoco los seminarios de tipo académico. Lo que está en la mira son las actividades ilegales que realiza la CIA con el apoyo, supuesto, de funcionarios nacionales en uniforme.

Pero Carvajal ni las evoca ni las detalla. Se limita a hechos ponderables. Da un ejemplo: la unilateralidad con la cual se ha llevado a cabo la inteligencia en el país. Se han subvalorado —dice él— las posibilidades de una intervención de Colombia. Nunca estuvo entre las hipótesis de los servicios de inteligencia.

Total, sobre Colombia y sus factores de violencia, sobre las Autodefensas y la guerrilla, sobre las agencias de seguridad de Colombia, no hay ninguna información procesada.

¿Qué demuestra aquello? La forma cómo ha sido concebida la defensa. Y esa forma —dice Carvajal— está atada a la doctrina y a la lógica de Estados Unidos. Es funcional a ese país. “Nuestro gobierno —dice el vice Ministro— no es antiestadounidense. Lo que necesitamos es incorporar nuevas hipótesis de amenaza o riesgo y mantener las otras. Necesitamos un sistema de seguridad del Estado más contemporáneo”.

¿Por qué el Presidente generalizó? ¿Por qué dio por hecho que todas las Fuerzas Armadas están infiltradas? ¿En qué pruebas se basó? La primera reacción, recogida entre ex oficiales, habla del desconcierto militar.

“El Presidente —dice un ex ministro de Defensa— debe medirse. No puede decir cosas sin argumentos”. El eco es casi generalizado. Sin embargo, un ex oficial de la Marina, ha monitoreado cuidadosamente lo que se sabe y se dice vox populi —es su expresión— entre los militares. Que hay oficiales que reciben doble pago, ahora los dos en dólares.

Que hay regalos de instituciones de Estados Unidos que comprometen la labor y la fidelidad de ciertas unidades o grupos de investigación. “Patrullan más un sector que otro. Ponen más énfasis en unos temas que en otros”. El mismo ex oficial cuenta que hasta hace poco había una señora, 'doña Leila', que tenía un negocio de alfombras en Quito, en la calle González Suárez, que era más activo que el consulado de Estados Unidos. Todo tipo de contratos, visas, presiones… se hacían desde allí. Y esa señora, dice, tenía sus influencias en sectores de Fuerzas Armadas… “En definitiva —dice un especialista militar que también pidió no ser citado— el Presidente está pagando la novatada. Lo que esto revela es su tremendo desconocimiento de cómo funcionan las Fuerzas Armadas. No ha tenido claridad, información adecuada y ha estado pésimamente asesorado. En ese campo ha perdido 15 meses”.

Si ese diagnóstico fuera certero, explicaría por otra parte una verdad con que han tenido que lidiar los presidentes por lo menos en las dos últimas décadas: los militares no han querido saber nada de las FARC. Lo resume de esta forma un ex jefe del Comando Conjunto: “En la frontera norte existe un triángulo entre el río Putumayo y el río San Miguel. Allí se encontró el campamento de Reyes. El problema es que los campamentos de irregulares están muy cerca de los pozos petroleros de Ecuador. No podemos hacer mucho porque ellos se pudieran enojar y atacar esos pozos. Es un riesgo para el país”.

Dicho de otra manera, a Rafael Correa le tocó abrir algunas carpetas olvidadas o archivadas en Fuerzas Armadas. Tres, sobre todo: la relación con Estados Unidos (cuya cooperación distorsiona o condiciona algunas prácticas entre militares y policías), la relación con Colombia y la actitud ante las FARC y la modernización de esas dos instituciones que los gobiernos anteriores y el suyo han postergado. El ataque de Colombia precipitó los eventos y puso esta papa caliente en manos de un Presidente que no tenía estos problemas en su agenda política. Los militares lucían más bien como fieles aliados en un momento en el cual el régimen tiene que administrar una docena de emergencias, la resaca del invierno, un clima social que puede calentarse y dos citas electorales clave: un referéndum y elecciones de presidente, diputados, alcaldes, concejales… Hasta ahora, el Presidente ha marcado puntos. Puso un ministro atípico, cambió el Alto Mando y forzó la institución a aceptar una investigación hecha por una comisión de civiles y militares. Pero en los tres puntos ha producido tensión y desasosiego entre los militares.

Javier Ponce no es bien visto por las críticas ácidas y, según oficiales en retiro, injustas que ha hecho a Fuerzas Armadas. Hace algún tiempo incluso fue vetado por un Alto Mando que debía reunirse con la cúpula del diario Hoy, en el cual entonces él escribía.

El nuevo Alto Mando sabe ahora que no podrá volver a sobrepasar las instancias como lo hizo el mando saliente al dar a conocer su pronunciamiento que, más parecía un ultimátum. Así el ministro Sandoval, fuertemente cuestionado por los generales, quedó fuera de juego y el Presidente contra la pared. El relevo, que este hecho aceleró, golpea una práctica corporativa que, en este caso, desconocía el control civil y ponía, otra vez de manifiesto, la autonomía operativa y política del Comando Conjunto. La Comisión, por último, tendrá derecho a fisgonear en una institución que, tras diez años de pedidos de apertura por parte de la sociedad civil, es reacia a cambiar de cultura institucional. Rafael Correa está, entonces, violentando visiones e imaginarios de los sectores más cerrados del país. Sobre todo en el caso de la Policía. Más de un ministro de Gobierno ha tenido que admitir, remordido, que nunca logró saber en su totalidad lo que hace esa institución. Y que ni siquiera pudo conocer todos los acuerdos firmados con instituciones o países y en qué términos. De ahí el pedido hecho por Fernando Bustamante, ministro de Gobierno, al anterior comandante Cisneros para que le pusiera esa realidad detallada, en blanco y negro. Para encarar esa realidad, el Presidente volvió a lo que hace con gran facilidad: usar los micrófonos y generalizar.

Dos actitudes que, en este caso, no le granjearon amigos. Es difícil, en efecto, encontrar algún militar que logre moverse entre los matices. Consideran que su institución fue agredida. Que tras el golpe de Colombia, en el cual salieron debilitados, el Presidente atentó contra su dignidad y les hizo sentir que eran casi traidores a la patria. En el Ejecutivo hay otra percepción.

Se repite lo que Correa dijo a sus coidearios de Montecristi: que su mensaje fue bien entendido en las generaciones más jóvenes. “De teniente coronel para abajo”, dice un vice ministro. Y que arriba de la pirámide es precisamente donde hay que hacer los cambios. En esas generaciones poco acostumbradas al ejercicio que les propuso Javier Ponce, ministro de Defensa, en su discurso de investidura: un saludable proceso crítico, un ejercicio de transparencia, un análisis valiente de los actos y de las verdades incómodas. Es decir, la crisis no se zanjará, esta vez, con un pedido presupuestario y de recursos tecnológicos para que FF.AA. puedan cumplir con su misión. Esto no descarta, por supuesto, la conciencia que tiene el régimen sobre el abismo que existe entre la capacidad humana que hay en Inteligencia y su desfase tecnológico.

Carvajal, vice ministro de Defensa, cuenta, por ejemplo, que el caso Aisalla estaba relacionado con Nubia Calderón y reposaba entre unas 3 000 carpetas diseminadas en algunos cuartos… Nada de aquello está sistematizado. Lo mismo ocurre a propósito, por ejemplo, de los dos radares cuyo estado aparece calamitoso a la luz de las necesidades tecnológicas del momento.

Como quiera que sea, Correa y las Fuerzas Armadas vuelven al punto inicial, pero con algunos pasivos acumulados en estos 15 meses. El Presidente estima que fue sorprendido y abusaron de su buena fe. Su visión no privilegia el norte (como ha sido habitual entre los militares) sino el sur. Su gobierno piensa en un sistema regional que implica, por supuesto, un acuerdo de defensa.

Los militares, por su lado, aún recuerdan la forma poco tinosa cómo se resolvió la insubordinación en la Marina. “Fue una insubordinación —dice Marcelo Delgado, ex ministro de Defensa— aunque se la quiera llamar de otra manera. Que luego se haya echado una cortina de humo, que aquí no pasó nada, que fue una solicitud y no un reclamo, es otra cosa. Eso debió haber sido analizado y sancionado”.

Otro ex oficial dice lo mismo al recordar una máxima que recorre los cuarteles: “Perdonando a los que fallan se perjudica a los que sí cumplen” En este punto, lo que primó —dice ese ex oficial de la Marina— fue el peso político. Se privilegió más lo que dijo Ricardo Patiño que lo que decidieron siete generales y el ministro Sandoval.

La intervención política terminó costándole el cargo a Homero Arellano, una salida que el régimen sigue lamentando. Es lo que se dice en el entorno del Presidente. Por eso la pregunta que se hacen algunos oficiales, en servicio pasivo, es si el régimen pondrá una línea divisoria entre modernizar las Fuerzas Armadas y la Policía —que incluye la reestructuración de los servicios de Inteligencia— e instrumentalizarlas.

En este punto causa curiosidad entre los ex militares la paranoia, el término es justo, que hay en Carondelet por la influencia supuesta de Sociedad Patriótica en Fuerzas Armadas. Los ex militares, amparándose en el espíritu de cuerpo y en el profesionalismo militar, dicen que esos temores no tienen sustento. Lo cierto es que parte de la investigación que hará el régimen apunta a esos militares que, supuestamente, están conectados con los servicios de inteligencia que, también supuestamente, maneja Sociedad Patriótica.

Además, Correa ha creado celos entre las ramas por la preponderancia que a los ojos de las otras fuerzas, ha dado a la Marina. Y entre los militares y la Policía, cuya rivalidad es conocida. En este caso, por el servicio de inteligencia que funciona frente al Ministerio de Gobierno. Cuidar al Presidente era una tarea de los militares. El revolcón militar es, entonces, total y se anuncia irreversible. Y ahora lo tiene que ejecutar un poeta.