REVISTA VANGUARDIA País escatima un debate: las FARC | País escatima un debate: las FARC |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 06 de mayo de 2008 | |
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¿Qué es la guerrilla para el movimiento de Gobierno? Hasta ahora ha preferido hacer carga montón en vez de aclarar su posición. María Augusta Calle se ha convertido, a pesar de ella o con su concurso, en sinónimo de un problema: las FARC. Un problema que arrastra el régimen y del cual hay algunas versiones en sus rangos. De hecho, las FARC, como tal, no han sido motivo de debate entre los grupos que conforman Acuerdo País. Hay algunos biombos que les ha permitido patear el problema hacia delante: el ataque de Colombia al campamento guerrillero en suelo ecuatoriano. La base de Manta. El viaje de Gilmar Gutiérrez y Fausto Lupera a Bogotá. Las acusaciones de que ha sido objeto María Augusta Calle y que ha movilizado hasta a la cineasta y asambleísta Tania Hermida a defenderla... El problema que hay alrededor de las FARC en el gobierno empezó por el propio Presidente, quien hizo una revelación al diario español El País. En una entrevista, publicada el 5 de abril de este año, el Primer Mandatario reconoció que no sabía quién era Raúl Reyes. Tampoco sabía que era el segundo de la organización guerrillera. Revelación sorprendente, sin duda, que da cuenta del bajo nivel de información que tenía el Primer Mandatario sobre una guerrilla que tiene 40 años en Colombia. De paso, Rafael Correa dijo en la misma entrevista que autorizó a que un emisario suyo fuera a charlar con un interlocutor de las FARC... que no era otro que Raúl Reyes. ¿Le autorizó sin saber con quién iba a encontrarse? ¿Su emisario, Gustavo Larrea, ministro de Seguridad Interna y Externa, no le informó al Presidente con quién iba a reunirse y cuál era su nivel jerárquico dentro de las FARC? Lo que el Presidente dijo ilustra de cuerpo entero la falta de información que hay en el Gobierno sobre las guerrillas y los paramilitares que operan (u operaron) en la frontera con Ecuador. De ahí la forma ligera y ambivalente con la cual se maneja el tema en Acuerdo País y, por extensión, en el Palacio de Carondelet. ¿Qué son exactamente las FARC para los miembros de la revolución ciudadana? ¿Un grupo romántico de seguidores idealistas de Ernesto Che Guevara? Eso parece. No hay huellas, en todo caso, de que Acuerdo País se haya interrogado sobre un grupo armado que, en principio, nada tiene que ver con su ideario político. El Presidente, en el ámbito del Estado, agravó el malentendido cuando abrió la posibilidad de otorgarles el estatuto de beligerante. Las condiciones evocadas por él convertía, ipso facto, su declaración en utopía. No obsta: hablar de un estatuto de beligerante volvía a mostrar que, en el caso de las FARC, el Primer Mandatario no sólo no sabía quién era Reyes sino que no sabe cuál es realmente la incidencia de ese grupo en Colombia. Porque las FARC no tienen un control territorial, no respetan los códigos de guerra y los tratados de Ginebra, no ejercen Justicia... Pero más allá que eso: la guerrilla no está en igualdad de condiciones que el Estado colombiano, no goza de mayoritaria simpatía en la población y en los principales centros de poder, en Estados Unidos y en Europa, es considerado un grupo terrorista. El Presidente ecuatoriano, que es considerado un hombre de izquierda, debiera saber que en Colombia, cuando se habla de alternativas a Álvaro Uribe, los demócratas piensan en el Polo Democrático. Jamás en los amigos de Raúl Reyes. Así, en apenas tres meses, Rafael Correa dijo y se desdijo sobre ese tema. En Guatemala, en efecto, él había rechazado, ante Álvaro Uribe, el 14 de enero, la propuesta de Hugo Chávez de calificar de beligerante a la guerrilla. Entonces, según dijo María Isabel Salvador, ministra de Relaciones Exteriores, el Presidente comunicó que consideraba a las FARC como un grupo irregular. ¿Sólo por ahondar la guerra mediática con Uribe desenterró la beligerancia? Como sea, esa oferta que nació muerta, aviva preguntas de fondo para Acuerdo País: ¿Qué es, para este movimiento de movimientos, ese grupo que es considerado irregular para Ecuador y narcoterrorista para Álvaro Uribe? ¿Y qué es frente al proyecto político que llegó al poder con Rafael Correa? La respuesta, en ese caso, no se limita al estatus que pueda ofrecerle el Estado ecuatoriano. Implica saber si es un proyecto que dialoga con el suyo o si está en abierta oposición. Y el ejercicio no es teórico, pues las FARC han optado por una vía violenta. En esa perspectiva no se habla de política, a menos que sea inspirándose en un manual de Carl von Clausewitz. En cuyo caso, no se trataría de política alternativa porque la suma de evidencias diría lo contrario: las FARC cometen acciones violentas contra la población civil y la infraestructura eléctrica y vial de Colombia. Atentan con bombas o cilindros de gas. Han incurrido en actos terroristas en ciudades y en violaciones flagrantes al derecho humanitario. Han secuestrado decenas de miles de colombianos y extranjeros. Ecuatorianos incluso. Cobran por el tráfico de estupefacientes en territorios que el Estado Colombiano no controla. Viven del narcotráfico. La vieja izquierda escatima el debate sobre estos hechos. El debate sobre la realidad de la supuesta lucha política de la guerrilla colombiana la transforma en un catecismo de quejas sobre lo que hace o deja de hacer Álvaro Uribe. Sobre lo que han hecho o dejado de hacer los paramilitares. Sobre la política de Estados Unidos en el Plan Colombia. En eso ha caído Acuerdo País. Olvidándose que su proyecto político, el que comprometió el Presidente de la República, se ventiló, ante los electores, sobre principios y valores. Sobre convicciones. Sobre un proyecto que, supuestamente, iba a reinventar lo que otros hicieron en el pasado. Las preguntas, en ese caso, emergen por sí solas: ¿Se reconoce Acuerdo País en el proyecto de las FARC que difícilmente se puede calificar de político? ¿A Acuerdo País solamente le interesa el estatus de las FARC ante el Estado o ese estatus incluye, además, preguntas sobre la forma misma cómo la guerrilla entiende la política financiada, en su caso, mediante el narcotráfico, la extorsión y el secuestro? Acuerdo País no ha hecho hincapié públicamente sobre las diferencias abismales que, según algunos de sus miembros, los separa de las FARC. Ha seguido, en cambio, la línea sinuosa del Gobierno. Y, privilegiando la dinámica de enfrentamiento con Álvaro Uribe, ha preferido más hacer carga montón en sus rangos que tratar de esclarecer sus posiciones. El ejemplo inexorable es lo ocurrido con María Augusta Calle. Si se entiende bien, sus actuaciones únicamente generan solidaridad. Que Tania Hermida, militante de Ruptura de los 25, el colectivo que supuestamente más elabora pensamiento político, haya sido la encargada de defenderla en Montecristi, es revelador: Acuerdo País no se pregunta sobre el alcance que puede tener que uno de sus miembros, presidenta de una de las mesas, tenga estrechos lazos con las FARC. En ese nivel no se puede decir, como lo dijo Lucia Morett, convenciendo al Fiscal General de la Nación, que su interés era meramente académico. Y que sea la señora Calle una de las encargadas de hacer el informe sobre las FARC en Ecuador, parece un audacia sólo digna de un cuento macondiano. En definitiva, la señora Calle es apoyada por Acuerdo País. Acuerdo País sigue al Presidente. Y el Presidente no sabía ni quién era Raúl Reyes. |