REVISTA VANGUARDIA La metáfora del poder ciudadano | La metáfora del poder ciudadano |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 13 de mayo de 2008 | |
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Acuerdo País quiere crear una función de poder social. Pero ni sus objetivos ni su aplicación están claros en la mesa que lo discute. Una de las innovaciones que Acuerdo País reivindicará en la Constitución es el Poder Ciudadano. Allí se plasmará, supuestamente para la ciudadanía, la posibilidad de participar en las acciones del Estado. Esos nuevos ciudadanos serán veedores y fiscalizadores dentro y frente a las funciones estatales. En el bloque oficialista y en la Mesa de Participación se hacen preguntas que, por ahora, no tienen respuestas. ¿Cuál es el estatus del Poder Ciudadano frente a los otros Poderes del Estado y, sobre todo, ante los organismos de control? ¿Cuál será el mecanismo de conformación? ¿Será un organismo paraestatal que acapare la participación ciudadana? ¿No será una extensión política del Régimen en los entes controladores para amaestrarlos o cuestionarlos? Acuerdo País está metido de lleno en un debate sin mayores luces a sólo dos meses de que concluya el período de trabajo de la Asamblea. No se ha esclarecido, y peor consensuado, el perfil de ese poder ciudadano. Hay, al parecer, acuerdo para que se la llame Función de Iniciativa Ciudadana y Control Social. Pero ignoran cómo se conformará. Virgilio Hernández, presidente de la mesa encargada del tema, piensa que habrá dos organismos: un Consejo Ciudadano de siete o nueve miembros y una Asamblea Ciudadana que funcione como un ente consultivo. ¿Cómo se nombrarán? ¿Cuánto tiempo estarán en sus funciones? El debate es amplio y se divide entre Alberto Acosta, quien tiene una propuesta concreta, y los otros. El Presidente de la Asamblea es partidario de que los concejales más votados, de cada cantón, pasen a formar parte del Consejo Ciudadano. Así cree solucionar tres problemas: su renovación (sería automática a cada vez que hubiese elecciones seccionales), su legitimidad y el equilibrio territorial que estaría garantizado. Por otro lado están aquellos que piensan que la selección de los miembros debiera ser fruto de un proceso nominador donde intervengan partidos, movimientos políticos y organizaciones sociales. Incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de realizar un sorteo del padrón electoral. Hernández apuesta por una solución mixta: "una parte serán representantes de la sociedad organizada, otra será seleccionada mediante un sorteo, y otra a través de una selección por méritos". ¿Cómo se evitaría la corporativización que nunca ha encontrado gracia a los ojos del Presidente? Misterio. Los asambleístas de minoría, en la mesa de Participación, ni siquiera creen en la necesidad de crear un Poder Ciudadano. Sin embargo, César Rohón, asambleísta por el socialcristianismo, planteó una alternativa: "Hemos propuesto la silla vacía para los representantes de los organismos no gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil en cada cabildo, consejo provincial o gabinete ministerial". ¿Cómo funcionarán el Consejo y la Asamblea Ciudadana? ¿Qué harán? ¿Cómo se legitimarán? ¿Cómo se garantizará que los miembros del Poder Ciudadano no reivindiquen ser los únicos representantes de la ciudadanía? “Tengo miedo —reconoce Virgilio Hernández— de que la Asamblea Ciudadana, luego de instalada, intente arrogarse la capacidad de representar al pueblo organizado”. Pero todavía no encuentra el mecanismo ideal para contrarrestar esa posibilidad. Betty Amores, asambleísta por Acuerdo País, tiene una solución: "la rotación permanente para que el sistema fluya y nadie se eternice". Con eso coincide Hernández, pero con una variación: que los miembros de la Asamblea Ciudadana no sean multifacéticos y, por ende, permanezcan en funciones todo el tiempo; sino que lleguen personas especialistas en diferentes temas y se armen grupos para tratar casos específicos. En todo caso, el objetivo es que el Consejo observe y fiscalice las acciones de los organismos de control. “Está planteado, además, —explica el asambleísta de Acuerdo País, Gustavo Darquea— que la función actúe como un ente nominador de la Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría y las Superintendencias y supervise su funcionamiento”. De esta manera, el Consejo designará a sus titulares o, al menos, establecerá los mecanismos a través de los cuales se realizará ese proceso de selección. "Pudiera ser —dice Hernández— que el Consejo elija a la comisión que realice la selección de los funcionarios". Esto con el objetivo de sacar esa negociación política del Poder Legislativo y darle más transparencia. Pero, ¿cuáles serán esos mecanismos? ¿Quién garantizará que esa negociación cambie en el Poder Ciudadano? Eso aún no lo explican. Lo que sí saben es que se crearán más entes controladores. "Se está planteando, por ejemplo, —asegura Tola— crear más superintendencias: una de ambiente y agua, una de empresas públicas, una de cooperativas no reguladas". Pero si la Función de Iniciativa Ciudadana y Control Social es quien designa a las autoridades de control, ¿quién controlará a la nueva función? Darquea es enfático: el Congreso que, de aprobarse el referendo, se llamará Asamblea Nacional. “Estamos estableciendo —agrega Darquea— mecanismos de controles cruzados de poderes y contrapoderes para que puedan ejercer vigilancia de las otras funciones del Estado”. Así, una de las posibilidades es que la Asamblea Nacional pudiera enjuiciar políticamente a los miembros del Consejo Ciudadano, pero no podrá designar a sus reemplazos. Es decir, un mecanismo similar al que se plantea entre el Legislativo y el Electoral. De todas maneras, la implementación del Poder Ciudadano no sólo necesitará de sus articulados constitucionales. Se requiere de varias leyes. Entre ellas, está un marco legal para fortalecer la Defensoría del Pueblo y otra que norme la participación ciudadana. No obstante, en la nueva Constitución se establecerán mecanismos para que empiece a operar apenas se apruebe la Carta Magna. ¿Cuáles? "Estoy pensando en voz alta, —agrega Hernández— pero la base sobre la cual pudiera construirse el Consejo debiera ser la actual Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, para que no se reproduzca burocracia". ¿Cooptación? Ninguno de los asambleístas lo admite. Pero ninguno sabe, por ahora, cómo quedará. |