Los contratos
¿Por qué Correa dejó en ceroel proceso? En Petroecuador señalan a Chiriboga, pero el ministro no se da por aludido.

La negociación en el laberinto

¿Cuál es realmente la política petrolera del régimen? Desde la época de Alberto Acosta y Carlos Pareja Yanuzelli, la impresión es que es difusa y contradictoria. Desde entonces, el Ministerio de Minas y Petróleos y Petroecuador se disputan el liderazgo para marcar los rumbos.

Y Correa se reserva la última opinión, inclinando la balanza hacia el uno o hacia el otro. Esto se está reflejando en la negociación de los contratos petroleros con las compañías privadas.

En diciembre del año pasado, el ministro Galo Chiriboga dijo a Vanguardia que la decisión política del Presidente era avanzar hacia la negociación de contratos de prestación de servicios, en sustitución de los actuales de participación. Sin embargo, durante el proceso de renegociación nunca se llegó a discutir los términos de un contrato de prestación de servicios.

Por el contrario, los acuerdos que estaban en camino o cerrados, hasta el 10 de abril, hablaban de mantener el modelo de participación con extensión de plazos y nuevos términos económicos: precio base, participación del Estado en la producción de cada campo y compromisos de nuevas inversiones por parte de las compañías privadas.

Buena parte de los contratistas estaban conformes, al igual que el equipo negociador.

Un representante de una petrolera privada, que estuvo en la mesa de negociaciones, dijo a Vanguardia que los “negociadores de Petroecuador no creían en los contratos de prestación de servicios” y que, por lo tanto, nunca se habló de los términos para este tipo de contratos. Lo único que se incluyó fue una cláusula en la que las compañías se comprometían a migrar de modalidad contractual en el plazo de dos años.

Ambas partes, no obstante, sabían que el proceso no era tan sencillo. Por una razón: el Estado, en caso de cambiar de modalidad o de finalizar el contrato, debía pagar alrededor de 2 000 millones de dólares. Eso suman las inversiones no amortizadas. Además, según el representante de la petrolera, los propios negociadores estatales creían que el plazo para migrar a otro contrato sería “un saludo a la bandera”.

¿Qué era exactamente lo que había instruido el Presidente al equipo negociador? El régimen no ha dado explicaciones.

Pero el Presidente decidió de un golpe, al parecer, regresar la negociación a cero. El ministro Chiriboga no coincide con esta apreciación. Lo cierto es que el, 10 de abril, hubo una reunión en el Palacio de Gobierno en la cual participaron Bernard Mommer, viceministro de Hidrocarburos de Venezuela; el asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; el equipo negociador, el ministro Chiriboga; el contralmirante Fernando Zurita, presidente de Petroecuador, y un equipo de tres abogados externos. Vanguardia no pudo llegar a una versión única sobre lo que allí se decidió. Alexis Mera no devolvió las llamadas que se le dejaron en su celular y con su secretaria. El contralmirante Zurita recibió una llamada pero pospuso la conversación, sin adelantar criterios.

¿Aceptó Rafael Correa negociar un nuevo contrato de participación, que rija hasta que éste pueda cambiarse al de prestación de servicios? Así lo deja suponer una ayuda memoria de nueve puntos que circuló por Petroecuador y que, según fuentes internas que pidieron no ser citadas, provino de la Presidencia de la República. Allí tampoco se ha dicho por qué el Presidente tumbó la negociación. Pero el ministro Chiriboga no se siente responsable y, contrariamente a lo que se piensa en los medios sindicales, no cree que camina con el sol a la espalda. Para él es claro que el Presidente consideró que el plazo de dos años para mudar los contratos era excesivo. Lo conveniente era hacerlo en seis meses. Además sigue al frente de las negociaciones, aunque la Ley define que debe hacerlo Petroecuador. Pero eso no le preocupa.

A su entender no está invadiendo otro terreno porque, simplemente, el Presidente le encargó llevar adelante el proceso, con la colaboración de Petroecuador. Y avanza una prueba: el equipo negociador fue nombrado por esa institución. En Petroecuador se baila a otro ritmo: Zurita —dice uno de sus colaboradores— sólo firmó la lista que le envió el ministro Chiriboga...

¿Pidió el Presidente cambiar ese equipo de negociadores? De nuevo hay dos versiones: en Petroecuador, basados en el punto 2 de la ayuda memoria que, supuestamente salió de Carondelet, se afirma que Correa fue enfático en ello.

Galo Chiriboga lo ve con otros ojos. Lo que el Presidente le dijo —lo afirma él— es que concluida esa fase de negociación, el equipo debía salir y dar paso a otro si es que se requiriera. Esto, según el Ministro tiene sentido, pues se trata de dos momentos y en la nueva fase se necesitará un equipo que maneje más aspectos jurídicos que económicos.

De hecho, el Gobierno ha incluido en el equipo a tres abogados externos (un venezolano, un mexicano y un estadounidense) cuya experiencia en negociaciones está —se dice—ampliamente probada. Son ellos quienes están analizando escenarios para llegar, en seis meses, a un contrato de prestación de servicios. ¿Y entretanto? El Ministerio de Minas y Petróleos elaboró un proyecto de contrato modificatorio al de participación, que está vigente. Este documento, de diez cláusulas, contenidas en cuatro páginas, vuelve a ser leído en forma diametralmente opuesta por el Ministro y el entorno de Zurita.

Las observaciones de fondo que ha recibido (Vanguardia tiene dos documentos de seis y doce puntos), conducen, del lado de los abogados y de los sindicalistas, a pensar que ese Proyecto de Contrato Modificatorio no debe ser firmado. Porque no queda claro si el balance económico del convenio es satisfactorio. Puesto que no guarda armonía con la decisión del Presidente de ir hacia los contratos de prestación de servicios. Incluso podría volverse eterno ya que la cláusula de vigencia prevé que para migrar a otra modalidad contractual deberá existir acuerdo mutuo entre las partes... Algunas de estas observaciones se hicieron el 28 de abril en una reunión en la cual participaron Galo Chiriboga; el subsecretario de Hidrocarburos, Guillermo Granja; el subsecretario jurídico, Jaime Pinos; el coordinador de los contratos, Jaime Sánchez; el presidente de Petroecuador, el jefe de la Unidad de Contratos... En definitiva, lo que se dijo es que no se veía la estrategia de negociación y que, las cosas, tal y como están, no favorecían a los intereses del Estado.

Galo Chiriboga no compra esa polémica. El documento cuestionado, que tiene el equipo asesor externo, corresponde, según el Ministro, a un modelo de contrato de transición que fue enviado cuando se manejaba esa posibilidad.

Él entiende que ya no habrá un contrato provisional y que el Estado y las companies irán directamente a la modalidad de prestación de servicios. Y mientras tanto, seguirán rigiendo los contratos actuales y, por si acaso, el 99-1. Este impuesto es, según representantes de petroleras, la razón por la cual al régimen le interesa mantener los actuales contratos por, al menos, seis meses.

Como quiera que sea, la semana pasada se reunieron en Caracas el ministro Chiriboga, el presidente de Petroecuador, el representante del Presidente en el directorio de Petroecuador (José Luis Zirit), Jorge Chang (asesor de Fernando Zurita) y los abogados externos para avanzar en ese tema. La idea —dice Chiriboga— es avanzar concretamente en el contrato de prestación de servicios y “ver cómo se les va a presentar a las petroleras el nuevo marco de la contratación”. Para el ministro Chiriboga es claro que se debiera firmar un convenio de compromiso para iniciar el tránsito a los nuevos contratos.

El Ministro de Minas y Petróleos sabe que si las petroleras no aceptan la nueva modalidad contractual se deberán analizar algunos escenarios: esperar la terminación de algunos contratos próximos a expirar o, de todas formas, buscar un mecanismo de terminación por mutuo acuerdo.

Lo único claro es que la negociación está en el limbo. Y que ni el Ministerio ni Petroecuador conocen cómo se instrumentará el proceso. Galo Chiriboga reconoce que bajo el marco legal vigente y la realidad administrativa de Petroecuador, migrar los contratos de participación hacia los de prestación de servicios es riesgoso. Para ello plantea algunos cambios legales. Aspira fortalecer a la Dirección Nacional de Hidrocarburos, que es la que debe hacer el control y el seguimiento, y propone que la Unidad de Contratación de Petroecuador pase a ser una unidad del Ministerio de Petróleos. Más aún, ha preparado una serie de reformas a la Ley de Hidrocarburos, en las cuales deja abierta la posibilidad de que, en el futuro, los contratos petroleros puedan hacerse bajo otras modalidades: economía mixta, sociedades anónimas...

De igual manera, el grupo cercano a Zurita dijo a Vanguardia que, para que funcionen los contratos de prestación de servicios, deben hacerse cambios en la legislación vigente. Por ello, sin duda, el proceso será complicado. Ambas instituciones deben sacar adelante, en tiempo récord, una negociación en la cual, al parecer, el único que la ve viable y sin intromisión del Ciadi es el presidente Rafael Correa  

Caso Armadillo
¿Qué intereses hay detrás de esta adjudicación? ¿Por qué la procuraduría la negó y luego la aprobó? ¿Es marginal ese pozo? 

El segundo capítulo de la guerra entre el Ministerio de Minas y Petroecuador tiene nombre: el campo Armadillo. Y alrededor suyo hay una historia de tráfico de influencias en Petroecuador, un enfrentamiento distante y frío entre Fernando Zurita y Galo Chiriboga, desvaríos jurídicos en la Procuraduría...

Adjudicado al consorcio Gran Colombia, por 20 años, en diciembre del 2008, el campo Armadillo está ubicado en la provincia de Napo y fue descubierto por Petroproducción en julio de 1995. En principio, ese pozo no debiera suscitar problema alguno porque fue abandonado, en 1999, con una producción de 449 barriles de crudo por día. No obstante hay cosas nuevas: un estudio de Petroproducción, hecho en el 2004, indica que tiene reservas calculadas en 30 millones de barriles de petróleo y el costo para desarrollar el campo sería de alrededor de 60 millones de dólares.

Hay algo mejor: en un memorando de la Vicepresidencia de Petroproducción, enviado el 1 de abril pasado al Presidente de Petroecuador, da cuenta de que dicho campo pudiera ser “la continuación del campo Cononaco”. Esto no está confirmado, dice esa correspondencia. Pero si así fuera, “la compañía que licite este campo podría reclamar la unificación del mismo con Cononaco”, cuyas reservas suman 129 millones de barriles, según el informe de la DNH del 2006, publicado en 2007.

¿Qué es lo que pide, entonces, Petroproducción al contralmirante Fernando Zurita? “Disponer a quien corresponda, dar inicio al trámite correspondiente, a fin de levantar la marginalidad del campo Armadillo”.

La guerra por este campo empezó desde el 21 de noviembre de 2006 cuando se conoció el orden de prelación de las ofertas para operarlo: Consorcio Petrolero Amazónico, Consorcio Petrolero Gran Colombia y Petrobell Inc. Dado que la diferencia de puntaje entre el Consorcio Petrolero Gran Colombia y Petrobell Inc. era de 0,33 puntos, el Comité Especial de Licitación (CEL) estableció que dichas compañías debían mejorar sus ofertas.

El Ministerio de Minas y Petróleos y Petroecuador coincidieron, en algunos documentos, en que las compañías hicieron observaciones a los puntajes asignados a tres parámetros: sísmica, perforación de pozos y participación de la industria nacional. El CEL las acogió y los cambios que introdujo, aprobados en su sesión 318, realizada el 17 de septiembre del 2007, modificaron el orden de prelación inicial. Ese mismo día dejó sin efecto la resolución anterior. Por la misma razón devolvió los sobres con las ofertas mejoradas. Estos no habían sido abiertos.

¿Qué pesó sobre manera? El parámetro “Participación de la Industria Nacional”. El Consorcio Gran Colombia –en el cual figura Ecuavital– participa con un 35% y por ello obtuvo 5 puntos.

Los otros grupos, menos. ¿Quién conforma ese consorcio? Tres empresas: Vetraecuador, Petrotesting y Ecuavital. Esta última, de capital ecuatoriano (ver recuadro). Su principal accionista es José Dapelo, y Francisco Rendón, ex miembro del Consejo de Administración de Petroecuador, es su gerente general.

Las explicaciones de los cambios y sus consecuencias, suministradas por Galo Chiriboga y Fernando Zurita al Procurador, en un oficio fechado el 25 de enero, no parecieron satisfacer al Director nacional de Contratación Especial. Publio Dávila Álava, en efecto, pidió al ministro Chiriboga, el 14 de febrero, que en su calidad de Presidente del Comité Especial de Licitación, responda tres preguntas referidas a lo que las oferentes debían señalar como porcentaje de participación nacional. ¿Era el valor de las inversiones comprometidas y a cargo de las empresas nacionales? ¿Era el equivalente al porcentaje de participación de las empresas nacionales en los consorcios? Y, por último, le pide informar cuál fue el fundamento jurídico que les llevó a apartarse de lo señalado por las empresas en sus ofertas en cuanto al monto de inversión y a calcular directamente el porcentaje de participación nacional.

Chiriboga no respondió. Lo hizo Fernando Zurita, presidente ejecutivo de Petroecuador. Y finaliza su carta, de cuatro páginas, fechada el 5 de marzo, pidiéndole al Procurador Garaicoa que “se digne emitir el informe de ley, previo a continuar el proceso de suscripción del contrato del campo marginal Armadillo”. La respuesta le llega el 19 de marzo.

Humberto Aguilar Bueno, subprocurador general del Estado, también en cuatro páginas, cuestiona el cambio efectuado en el rubro “participación nacional”. Increpa por qué, en función de aquello, una compañía se vio imposibilitada de mejorar su oferta. Concluye que “en este proceso se ha inobservado el principio de igualdad entre las partes, al alterarse las reglas que inicialmente se habían establecido por parte del Comité Especial de Licitación”.

Por último cuestiona que también “se decidió cambiar el concepto de participación nacional, determinando algo totalmente distinto, que era la participación porcentual de empresas nacionales en los consorcios…” .

Su conclusión es lapidaria: “el cambio de criterio en la aplicación de las reglas del proceso, después de la presentación de las ofertas y una vez evaluadas y calificadas, vulneró capitalmente el principio de seguridad jurídica en este proceso…”. Por ello emite un informe desfavorable al proyecto de contrato para la explotación de petróleo crudo y exploración adicional de hidrocarburos del campo marginal Armadillo. ¿Capítulo cerrado? En absoluto.

José Serrano Salgado, en su calidad de Presidente del Comité Especial de Licitación y Ministro de Minas y Petróleos, encargado, se insurgió contra la Procuraduría por cuestionar los actos administrativos realizados por el CEL y mantener una posición similar —dice él— a los cuestionamientos que formularon las empresas perdedoras en la licitación. En una carta de doce páginas, dirigida al Procurador y fechada el 11 de abril, el Ministro de Minas y Petróleos encargado, defiende lo actuado y pide reconsiderar el informe desfavorable emitido por el Subprocurador.

Serrano más lejos: a nombre del Comité Especial de Licitación, pidió que se investigue a los funcionarios de la Procuraduría que participaron en ese caso “perjudicando el interés nacional y de ser el caso, se establezcan las sanciones correspondientes”.

El memorando del capitán Patricio Goyes Arroyo, vicepresidente de Petroproducción, en el cual dice que Armadillo pudiera ser “la continuación del campo Cononaco”, complica el caso. Los nacionalistas que rodean a Fernando Zurita se preguntan lo que ocurriría si los técnicos prueban que Armadillo no es un campo marginal.

Lo cierto es que otro funcionario de la Procuraduría, esta vez Gustavo Ramos Puertas, subprocurador general del Estado, también encargado, sólo tardó siete días para responder la carta de José Serrano Salgado. En su oficio recoge las razones esgrimidas por el Ministro encargado, deja sin efecto lo que su superior había decidido un mes antes y emite un informe favorable al proyecto de contrato adjudicado alConsorcio Gran Colombia. ¿Por eso se fue el Procurador Garaicoa? En Petroecuador no tienen duda de ello.

En todo caso, ese hecho agravó la brecha que hay entre la estatal y el Ministerio. El contralmirante Zurita envió, en efecto, una carta al CEL, que se reunió el jueves 8 de mayo, en la cual pide que se haga un estudio técnico para saber si el campo Armadillo es o no marginal. Miguel Carvajal, vice ministro de Defensa, quien asistió a la reunión, dijo que los técnicos de Petroecuador y de la DNH tienen ocho días para que determinen la condición del campo. No se excluye que sobre ese tema vuelva a ver dos versiones...

 
 

El campo de la discordia