Durante la cadena sabatina del 10 de mayo, el presidente Rafael Correa informó sobre el precio de concesión acordado con la operadora de telefonía celular Porta y anunció la finalización de un proceso de negociación difícil, en el cual el gobierno logró imponer una cifra de 700 millones, a pagarse entre las dos operadoras de telefonía celular.

El Estado está concesionando dos cosas distintas en un mismo proceso. Un negocio en marcha no es susceptible de ser concesionado por el Estado, aunque utilice sus permisos y recursos naturales.En este caso, el objeto principal de la concesión es la “explotación de un servicio de telecomunicaciones” que el Estado delega al sector privado.

En telefonía fija, el operador utiliza sus propios cables. Sin embargo, en la telefonía móvil el operador requiere de bandas de frecuencias para la transmisión inalámbrica de la comunicación. El servicio básico de telefonía móvil que el Estado delega, a través de una concesión, ha venido a compensar aquel servicio que el mismo Estado no pudo otorgar masivamente con sus estatales Andinatel y Pacifitel, luego de décadas de monopolio, ineficiencia y corrupción.

Es importante esta aclaración porque al fijarse los valores de concesión de un negocio en marcha, el gobierno opta por un modelo de participación en los ingresos de las rentables operadoras móviles, cual si se tratase de una mera explotación de recursos naturales. Sin embargo, en el proceso se debía considerar el elemento fundamental del servicio público de telecomunicaciones que está involucrado y que sirve a la mayoría de la población ecuatoriana.

El Estado debe reclamar una retribución económica justa por la explotación de recursos naturales no-renovables, precautelando el medio ambiente y redistribuyendo la riqueza que producen esos recursos de todos los ecuatorianos.

Pero la explotación del servicio de las telecomunicaciones es sustancialmente distinta.

En primer lugar, el recurso natural que se concesiona son ondas que están en el aire, que no son agotables ni se extinguen con el uso. Lo más importante es quizá que la explotación del servicio que se autoriza a prestar, hoy resulta vital para el ciudadano común y corriente, para los pequeños, medianos y grandes negocios, en general para el desarrollo del país.

Los 700 millones acordados con ambas operadoras no son una cifra buena ni mala, simplemente cumplen con el objetivo regulatorio y político trazado por el actual gobierno. Con todo, quedan aún por explicar los detalles de las cifras y los pormenores del proceso de negociación, éste último marcado por la falta de transparencia y procedimientos que no se apegan a los establecidos en la normativa ecuatoriana.

Finalmente, cabe aclarar que no se han renovado aún los contratos de concesión con Porta y Movistar, toda vez que falta el acuerdo sobre el contrato con su clausulado, los anexos respectivos y la negociación aún no ha concluido. En mi criterio, la opinión pública puede confundirse con la cifra de 700 millones anunciada, cuando el total que van a desembolsar las dos operadoras es de 90 millones, en el caso de Movistar, y alrededor de 220 millones, en el caso de Porta.

Los restantes 400 millones son porcentajes que las operadoras se comprometen a pagar sobre su facturación durante los 15 años y que hubieran constituido una obligación ineludible con el anterior o cualquier gobierno. En el caso del 1% de aporte al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, es una obligación vigente para todas las operadoras desde el año 2000.

Una vez que pase el triunfalismo del momento, el gobierno deberá definir estrategias para enfrentar el verdadero desafío de la negociación, evitando que los montos desembolsados por las operadoras afecten al ritmo de reducción de tarifas para el consumidor o desaceleren la inversión en nuevas tecnologías y la provisión de servicios de punta. O lo que es peor, limiten la penetración del servicio en áreas marginales poco rentables.

Existen formas de medir el impacto y comportamiento del mercado. El tiempo lo dirá.