INICIO arrow REVISTA VANGUARDIA arrow Hay que redimensionar las FF.AA. en el Estado arrow arrow arrow
Hay que redimensionar las FF.AA. en el Estado PDF Imprimir E-Mail
Revista Vanguardia   
martes, 27 de mayo de 2008
Entrevista a Javier Ponce 
Nadie nunca imaginó a Javier Ponce en La Recoleta. Pero pudo más su deseo de acompañar a su amigo, Rafael Correa, en el gobierno. Hoy el Ministro de Defensa cree que la incertidumbre sobre su designación está fuera, no en los cuarteles.
 
¿Al fin qué pasa con la comisión de investigación sobre los servicios de inteligencia y el tema polémico de las FARC?
La comisión comenzó a trabajar la semana pasada. Hemos establecido más o menos el esquema de trabajo. El tiempo es estrecho, 60 días, pero lo hemos fijado a partir de la experiencia de otras comisiones. La de la verdad, por ejemplo, que aún no arroja resultados. La idea era ponernos un límite por la gravedad del tema y por la concreción de lo que se quiere investigar.

¿Qué legitimidad tendrá la comisión?
La comisión tiene muy claro que su valor mayor es su legitimidad social y política y no su conocimiento del tema. Eso hace que estemos rodeando a la comisión de una serie de apoyos en términos de consultores y de asesores personales. Hay personalidades como el argentino Ugalde, a quien vamos a tratar de contactar. Hemos solicitado el apoyo de Chile y de España, para recibir las experiencias de esos país y atacar los tres temas: vinculación o penetración de servicios de inteligencia, evaluación y estructura del concepto de inteligencia —allí hay mucho que modificar— y, finalmente, la operatividad del sistema.

Pensamos confluir en un sistema que no sea único pero que sí sea coordinador de todos los aparatos del inteligencia y que esté bajo el control del poder civil y político

¿Quiénes la van a integrar?

Hay dos personas que desde el punto de vista académico le dan una independencia frente a intereses particulares: uno es Gustavo Vega, la máxima autoridad del Conesup. El otro es Adrián Bonilla, director de una institución que tiene mucho prestigio como la Flacso.

Después optamos por dos ministros que tienen una imagen muy positiva como son Gustavo Jalk y Doris Solís, y José Luis Cortázar, asesor presidencial en seguridad. En cuanto al sector militar y policial hemos dejado que las cúpulas militares y policiales definan quiénes pueden intervenir por su parte.

Sociedad Patriótica parece haberse convertido en una paranoia para el Gobierno. ¿Cuál es la incidencia real de ese partido en Fuerzas Militares?

No creo que haya incidencia de Sociedad Patriótica, en términos políticos y militares, en las Fuerzas Armadas. Creo que Sociedad Patriótica tiene ciertos contactos dentro de FF.AA. que le facilitan información reservada y eso me parece muy preocupante. Es el caso concreto de la llamada Operación Montecristi. Ahí desapareció hasta el documento original y eso sólo puede haber sido entregado por una persona que esté dentro del servicio de inteligencia del Comando Conjunto.

¿Tiene ya dilucidado lo que pasó con el capitán Martínez?
Todavía hay muchas cosas que no tengo claras con respecto al capitán Matínez. De hecho él está a cargo de un juez militar y estamos esperando que cualquier momento salga un informe del juez al respecto. Pero creo que ese capitán tiene que hablar. ¿Qué sabe, qué tiene que informar y por qué no habla? Estoy insistiendo dentro de las FF.AA. para acabar de solucionar este tema.

No es lo único pendiente que tiene que ver con Fuerzas Armadas.

Creo que hay que intentar acabar algunos temas para poder, a partir casi de cero, retomar el concepto y la estructura de inteligencia. Acabar con el tema Matínez, el tema Moret, el tema Pazmiño. Limpiar un poco todo ese escenario y poder construir una inteligencia de otras características

Se está retomando la relación entre militares ecuatorianos y colombianos. ¿Pero la Comfibrom seguirá funcionando como venía haciéndolo?

No. Por lo pronto hay que ampliar la dimensión de la Combifrom. Es un espacio del intercambio de información y acuerdo en el ámbito militar. Hay que elevar aquello al nivel político porque la pérdida de la confianza mutua, que se produjo a partir de 1 de marzo, viene del sector político.

¿En qué estribarán los acuerdos básicos que se negocian en este momento?

En condiciones mínimas para que cuando se produzca algún encuentro, alguna dificultad o penetración de uno u otro sector, se pueda resolver en términos de la negociación y del acuerdo y no en los de la confrontación violenta.

¿En qué plazo se pudiera regularizar la relación, en ese plano, con Colombia?
No me atrevo a decir, porque la forma como se están dando las cosas no da mucho espacio para pensar en plazos. Otra vez, a partir del informe de la Interpol, el gobierno de Uribe vuelve a la carga sobre su guerra mediática. Yo ratifico la percepción que tenemos en el gobierno que mientras Uribe no cierre esta absurda acusación de vinculación con las FARC, las relaciones no van a caminar.

¿No debieran los dos países encapsular ese problema e investigarlo?

Hay que diferenciar dos cosas: la agresión del primero de marzo no la podemos encapsular.

Aquello es tema aparte y ya se tramitó en el ámbito continental.

Colombia tiene que encapsular la supuesta vinculación con las FARC porque es Colombia la que fundamenta toda su estrategia de sujetar la soberanía territorial a los intereses de un combate contra un supuesto terrorismo. La que tiene que encapsular el tema y renunciar a justificar su intervención con ese argumento es Colombia.

¿Qué hace Ecuador con la Interpol?
¿Por qué debe haber una replica ante la Interpol?

Porque ese organismo dice que esos documentos sí existen.

Nosotros simplemente no damos credibilidad a eso porque no tiene sustento. (La Interpol) no demuestra que esa computadora es de las FARC. No demuestra que estuvo en Angostura. No demuestra técnicamente por qué la computadora sobrevivió al ataque de manera tan milagrosa. ¿Por qué tenemos que dar explicaciones en algo que no creemos?

Porque hay un informe de la Interpol y contenidos que supuestamente involucran al gobierno.
Nosotros hemos dicho que no son verdad los contenidos. A quien le corresponde demostrar su veracidad es al gobierno de Uribe que ahora sí cree en esos contenidos y no creía en las palabras de Raúl Reyes, cuando él hablaba de las vinculaciones del presidente Uribe con el narcotráfico.

El Presidente amenazó con retirar a los militares de la frontera norte. ¿Cuál es finalmente la política en esa zona?
Ahí hay dos ámbitos. Uno es la intención clara del gobierno de fortalecer la capacidad de las FF.AA. en la frontera norte, de obtener información, de poder controlar la penetración de las FARC.

Ecuador también está abierto a que puedan darse operativos internacionales de apoyo para protección de la frontera, llámense como se llamen esas fuerzas internacionales. Pero confiamos sustancialmente en las posibilidades que tenemos de fortalecer nuestra capacidad y de exigir por favor que Colombia cuide su frontera.

¿Ecuador va a exigir reparación por los costos que conlleva el despliegue de fuerzas en la zona?
Eso está manejándose en el terreno diplomático. Pero hasta donde conozco la decisión del gobierno es pedir una retribución por todo lo ocurrido y además por todo lo que el Ecuador tiene que invertir para cuidar una frontera que Colombia no cuida.

¿A quién le pediría?

Hay una responsabilidad, en términos de la lucha contra el narcotráfico, de EE.UU. Allí hay una repartición espantosamente inequitativa entre Colombia y Ecuador. Después hay el tema de los efectos ya directos del conflicto que tiene que afrontar Colombia y, finalmente, hay una responsabilidad de la comunidad internacional en evitar que este conflicto se vuelva regional y perjudique tan profundamente a los países vecinos

¿Hay una decisión del gobierno para gestionar esas retribuciones?

Evidentemente. Y Ecuador no está cerrado a la relación con la cooperación norteamericana. Lo que hemos dicho es que queremos volver a mirar esos acuerdos, su dimensión y las consecuencias que tienen. Que no nos vengan a decir después que porque hemos retirado la base de Manta se acabó la colaboración de lucha contra el narcotráfico.

¿Pero cuáles son las bases de esa nueva política con Estados Unidos?

No diría que hay una nueva política porque sería una improvisación de mi parte. Hay dos o tres ideas matrices sobre las cuales hay que trabajar. Una es fortalecer mucho más la relación de las FF.AA. con otros países. Buscar capacitación, formación, intercambio de experiencias con Brasil, Chile, Alemania, España... Abrir ese escenario de manera que no todas las formaciones y los intercambios apunten hacia Estados Unidos.

¿Allí específicamente cuál es la razón de esa decisión?

Enriquecer las posibilidades de las FF.AA. y sacarlas de los ejes de preocupación de las llamadas amenazas desde el punto de vista norteamericano que son terrorismo y narcotráfico. Nosotros tenemos otro tipo de amenazas y podemos compartir otro tipo de experiencias. Ese es un primer punto.

Un segundo es mirar la cooperación y la colaboración de EE.UU. hacia las FF.AA. en términos de dignidad. Sacar la cooperación de la entrega de ciertos materiales a veces de segunda generación o de segundo uso. Y una tercera es no supeditar la cooperación a las políticas que el gobierno norteamericano tenga. El caso concreto es Manta.  

¿Se mantienen las operaciones que se pactan previamente con EE .UU.?

Me he preocupado que se ejecute el acuerdo marco para la cooperación de este año. Eso se negoció antes de que yo llegue al Ministerio, antes de lo ocurrido el 1 de marzo y, en ese sentido, creo que tiene que continuar. Eso no significa que no lo volvamos a examinar.

¿Se veta la formación militar en la Escuela de las Américas?

Estoy en absoluto desacuerdo con que ese tipo de capacitación continué. Esa escuela ha sido realmente un eje fundamental del control norteamericano sobre las políticas militares en nuestros países.

¿Qué implica militarmente mirar hacia el Sur y privilegiar el Sistema de Seguridad Regional?

Tenemos una enorme esperanza en el Consejo de Defensa Sudamericano propuesto por Brasil. Eso tiene aspectos de capacitación, colaboración, fortalecimiento de la industria militar nacional. Si podemos adquirir material bélico o material de comunicaciones de nuestros países, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué tener que acudir a EE.UU. o necesariamente a Israel? Podemos sustentar una industria militar regional.

En ese sentido, ¿por qué no fortalecer la industria militar aquí también? He visitado el DIAF —Dirección de Industria Aeronaútica de la Fuerza Aérea— en Latacunga donde los técnicos ecuatorianos están haciendo cosas muy importantes en esa materia.

¿Se adheriría el país al Sistema de Vigilancia de la Amazonia, (Sivam)?
Bajo el supuesto de que la Base de Manta se utiliza exclusivamente para el control de narcotráfico...

Supuesto no consentido para usted...
Supuesto no consentido para mí. Creo que hay un apoyo al Plan Colombia desde la Base de Manta, pero es una hipótesis personal, no es una posición de gobierno. Nosotros estamos desarrollando una infraestructura con aviones no tripulados, con embarcaciones misileras de alta velocidad, con un conjunto de infraestructura que puede ayudarnos, efectivamente, al control del narcotráfico, del coyoterismo en el mar, de la piratería que está afectando muchísimo a los pescadores artesanales. Creo que podemos desarrollar una capacidad que cumpla uno de los roles de la Base de Manta.

¿Su análisis sobre FF.AA . lo lleva a pensar que hay que revisar el rol de FF.AA . o simplemente modernizarlas?

Es necesaria una modernización en dos sentidos: una recuperación de la capacidad operativa y líneas alternativas del fortalecimiento de las FF.AA. Esto es no apertrecharse con los conceptos viejos de la defensa militar sino aprovechar a fondo la tecnología que permita al Ecuador tener un control real de sus fronteras. Tal vez menos tanques y más radares y mísiles de disuasión.

Eso significa archivar para siempre la Ley de Seguridad Nacional.
Creo que hay que revisar muy a fondo esa Ley. Hay que redimensionar la presencia de las FF.AA. en el Estado y dar profundidad a ciertos roles como la defensa y el apoyo al desarrollo. Pero, por ejemplo, hay un elemento que quiero discutir dentro de las FF.AA.: ¿qué hacen las FF.AA. en una cantidad de directorios que les dan una hiperpresencia en el Estado? ¿Qué hacen en el directorio de Correos de Ecuador o de Patrimonio Cultural?

¿Qué hacen en desarrollo; visión arcaica que politiza a Fuerzas Armadas?
En el gobierno hay un profundo sentido de lo nacional y ligado a eso hay una intención marcada de fortalecer el Estado. En función de esos elementos, es natural que el gobierno recurra a una capacidad de respuesta de las FF.AA. desde el Estado. E insisto, el peligro de su politización no camina por ahí.

¿Por qué FF.AA., según la Ley Orgánica, tienen que dar avales por montones y extender su poder en el Estado?
Es un tema que no se ha discutido en el gobierno ni con el Presidente. Creo que, al mismo tiempo que tenemos que salir de la cantidad de directorios, hay que hacer una revisión crítica de todos esos avales. De hecho, hay cosas que son responsabilidad de la Policía. El control de armas en manos privadas, por ejemplo, es un problema de seguridad interior. Puede que FF.AA. se me resientan un poco, pero eso hace parte de una desconfianza entre FF.AA. y Policía. Hay que modificar los niveles de prejuicios y desconfianza entre las FF.AA. y el conjunto de la sociedad porque, finalmente, pueden haberse mantenido por ciertos niveles de desconfianza entre instituciones.

¿Ve más grandes o más chicas a las Fuerzas Armadas?
Las veo más profesionales y más tecnificadas. Y si esa mayor profesionalización y tecnificación significa reducción de su tamaño, en buena hora.

En el tema de FF.AA. y sus empresas, ni siquiera hay información transparente.
Creo que hay que hacer un esfuerzo importante de transparentar eso porque, además, se están haciendo esfuerzos para sacar a las FF.AA. de ciertos ámbitos empresariales en los cuales no tienen nada que hacer.

¿Hay ya alguna decisión concreta?
Hay el deseo de forzar a una mayor transparencia del proceso de desactivación de todo un sector empresarial. Tengo un cronograma y sé que eso está allí, pero todavía no hay nada.

¿Pero la política es quedarse con las empresas que tienen que ver con el ámbito militar y salir de las otras?
Y salir totalmente de las otras. Además tenemos que profundizar esas empresas militares, trabajar más a fondo, hacer inversiones en esas empresas militares. Pero del resto hay que salir totalmente.

Muy pocas cosas sabe la sociedad de FF.AA. La catedrática Bertha García dice que no se conoce ni siquiera el currículo de formación de un general.

Bueno, yo también me encuentro con que los elementos que intervienen en la calificación y en los procesos de ascenso que hacen que un teniente se convierta con el tiempo en general, son de muy diversa naturaleza. Intervienen factores subjetivos, objetivos, académicos, éticos, morales... En ese punto, puede tener razón Bertha García: hay que transparentar mucho más. Tiene que llegar un día en que en la web se vea qué procesos se están dando en ascensos, cómo se está calificando a los que van a ascender al menos en niveles como generales o almirantes y que, en cierta forma, se participe en ese proceso de calificación.

¿Qué hará en el Ministerio de Defensa, cómo lo dejará cuando se vaya?

Quisiera que cuando yo salga, el ministerio sea seriamente y en concreto más civil, que haya una gran transparencia de información y una mayor calificación de lo que es reservado. A veces he comentado que recibo muchos documentos reservados y que no veo que necesariamente tengan que serlo.

Quiero que haya una mejora significativa en la capacidad de operación de las Fuerzas Armadas y que yo las haya enriquecido con mi visión crítica.