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La realidad según el presidente PDF Imprimir E-Mail
Revista Vanguardia   
martes, 27 de mayo de 2008

Las cifras oficiales no gustan a Rafael Correa. Según él, no dicen la verdad. Por eso su Gobierno las esconde, maquilla o mimetiza. El Banco Central perdió autonomía y credibilidad.

 

La realidad no es lo que se ve? El Presidente Rafael Correa suscitó la pregunta el miércoles por la noche, en la entrevista que concedió a cinco canales de televisión. A propósito de la inflación, la tasa de crecimiento y la inversión extranjera directa, dijo que el Banco Central debía cambiar sus metodologías. Es lo que está haciendo.

Así la técnica y la política entran en un juego perverso, donde las cifras económicas se esconden, se maquillan y se mimetizan. Eso ocurre con el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), las tasas de interés, el desempleo, la inflación. Esos indicadores tienen un factor común: su desempeño impacta directamente en la imagen del presidente Correa.

¿Está el Primer Mandatario metiendo mano en las estadísticas, para evitar que la realidad lo golpee? Vanguardia habló con analistas económicos y técnicos del Banco Central del Ecuador que ahora, ante la revolución ciudadana, piden anonimato para expresarse.

 LAS CIFRAS
El arte de crear su sistema de evaluación
¿Cuánto creció oficialmente la economía el año pasado? La cifra se mantiene en los archivos secretos del Banco Central del Ecuador. Hace ocho semanas la institución debió presentar la cifra revisada. No lo ha hecho porque apenas es de 1,87%; la más pírrica de América Latina.

¿Por qué el Banco Central no ha publicado esa estadística como el código de conducta lo exige? En ese Banco se sabe: el Presidente no quiere. Y Robert Andrade, el hombre de Rafael Correa en esa institución, ha cumplido: primero dijo que no lo habían hecho porque se estaban cambiando de edificio.

Luego que estaban actualizando el año base para el cálculo del PIB. Razones absurdas, dice Vicente Albornoz, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes). De hecho, según sus cálculos, cambiar el año base para el cálculo del PIB puede arrojar al Gobierno un peor resultado que el actual. Su argumento es que los precios del petróleo en los últimos años han sido superiores al registrado en 1993, que es la base actual. “Con ello —dice— se estaría dando un peso mayor, en valor, al sector que más decreció el año pasado”. Esto se suma a que el cambio en el año base no es una idea nueva. El Banco Central viene trabajando en esa propuesta desde hace algunos años, sin que haya dejado de publicar las cifras oficiales.

Uno de los técnicos que ayudó a calcular la tasa de crecimiento del 2,65% para el 2007 —que el Banco aún mantiene como oficial— dijo a Vanguardia que ellos sabían que el crecimiento iba a ser menor. Por una razón: la información provisional que se publicó en diciembre se basaba en las cifras presupuestadas de inversión pública y no en las realmente ejecutadas.

Aunque sobreestimada, la cifra del 2,65% no le gustó al Presidente Correa.

Por eso, en una reunión del Directorio se lanzó una idea, aplaudida por los vocales afines al Régimen. Al Presidente se iba a presentar una cifra divida. Por un lado la tasa de crecimiento del PIB petrolero, que cayó 9,8%, y por otro, el del PIB no Petrolero que creció al 4,4%.

Esto permitió al Primer Mandatario manejarse políticamente, al señalar que la actividad privada mantenía un ritmo de crecimiento importante.

Este manejo político de las cifras, hunde al sector productivo en un drama. La ausencia de estadísticas o la desconfianza en las que existen, no permite hacer planeación de largo plazo o inversiones. En la banca, esto limita o dificulta la evaluación de riesgos. Los banqueros se defienden recurriendo, para el levantamiento de información certera, a consultores o empresas especializadas en estudios de mercado. Esto eleva sus costos.

Las tasas de interés también entraron en el juego. El 19 de diciembre el Tribunal Constitucional tumbó la fórmula de cálculo de los techos de las tasas de interés que se había definido en la Ley del Costo del Crédito, y que incorporaba lo que los entendidos llaman dos desviaciones estándar. Con ello, a partir de enero del 2008 el Banco Central debía determinar las tasas de interés —promedio y máximas—, para ocho segmentos de crédito.

¿Cómo lo tenía que calcular? El directorio de esa institución dio la respuesta el 28 de diciembre. En una resolución dice que el máximo de las tasas efectivas resultará a un promedio ponderado (obtenido de las operaciones de crédito en cada segmento) multiplicado por un factor que fijará el Directorio del Banco Central del Ecuador.

Pregunta del millón: ¿Y cómo se calcula ese factor? Nadie lo sabe. De hecho no se calcula, se fija a dedo en el Palacio de Carondelet. Los técnicos del Central vivieron momentos de nerviosismo cuando tuvieron que aplicar el reglamento. La Dirección General de Estudios debía calcular los promedios y aplicar un factor cuya definición no estaba en sus manos.

La propuesta de los técnicos era riesgosa para la plana política del Banco. Su intención era mantener para enero las tasas de diciembre, hasta realizar un estudio técnico que permitiera conocer cuál es la estruc tura de los costos de la banca. Pero la idea no cuajó. Robert Andrade les pidió los promedios. “Se fue donde el Presidente —afirma un técnico de la Dirección de Estudios — y nosotros nos quedamos con los dedos cruzados. Si al Presidente se le ocurría mantener los promedios, como techo, podía significar el colapso en el sistema financiero”.

Cuando Andrade regresó respiraron tranquilos. Les entregó los factores que el Presidente había definido para cada segmento. Sólo para las operaciones de microcrédito de subsistencia, se mantuvo el promedio; es decir, se fijó un factor igual a uno.

Tales factores no responden a una realidad técnica, sino a una simple aplicación matemática que permite alcanzar los objetivos del Presidente.

Eso se evidencia en la forma cómo el Directorio aprobó las tasas que rigieron en enero. La Dirección de Estudios envió una comunicación en la cual estableció las tasas promedio e indicó los factores que se debían aplicar. Debido a que la comunicación no definió la forma cómo se llegó a esos factores, uno de los vocales pidió explicaciones. La respuesta que recibió fue: “Lo ordenó el Presidente” (Rafael Correa).

Desde entonces nada ha cambiado. Y las cifras que publica el Banco Central confirman que las tasas se están fijando al ojo. Por ejemplo, los techos para los tres segmentos de microcrédito son idénticos en abril y mayo, aunque las tasas promedio fueron significativamente diferentes. Con los segmentos comercial, Pymes, consumo y consumo minorista, ocurre algo similar. En los tres casos, la tasa máxima disminuyó en mayo en un punto porcentual.

Si se hiciera de manera técnica, esto sería estadísticamente imposible, pues debiera ser el resultado de decenas de miles de operaciones financieras.

A la mayoría de miembros de Directorio no les interesa cambiar esta situación. Así cumplen con el reglamento que ellos mismo aprobaron y no contradicen al Presidente. De hecho, en su seno ya se ha planteado la necesidad de que se realice el estudio sobre la estructura de costos de la banca. Hasta ahora no se hace. Lo que sí se ha llevado a cabo son estudios sobre el impacto de la disminución de las tasas de interés en el sistema financiero. Y los actuales técnicos han dicho al Directorio del Central que no bajen más las tasas con criterio político porque van a generar problemas en el sistema.

De hecho, ya hay señales negativas en ese sentido. Hay instituciones financieras pequeñas que tienen dificultades para cubrir sus costos de operación.

Los bancos han redefinido su cartera de clientes. El crédito se dirige más hacia aquellas empresas que muestran mayor solvencia y entregan mejores garantías. Es decir, el régimen está conspirando contra su propio proyecto de aumentar la bancarización.

Al crecimiento y las tasas de interés se suma el incremento en los precios. La metodología para calcular la canasta básica tampoco gusta al Presidente. La idea es crear canastas diferenciadas para distintos niveles de ingreso. Otra idea que circula en el entorno de Pedro Paéz, ministro coordinador de la Política Económica, es que se establezcan canastas variables, donde entren y salgan productos, según como van cambiando los precios.

Byron Villacís, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), sin embargo, niega que se esté pensando en cambiar la metodología de cálculo. “Lo que se ha analizado —según dice— es la realización de indicadores adicionales al IPC que nos permitan ver la inflación que afecta a los estratos pobres. Pero, en ningún momento, han existido ideas y peor planes de cambiar la metodología sin un proceso técnicamente adecuado y ordenado”.

Para Manuel Chiriboga, director del Observatorio de Comercio Exterior, alguna de estas ideas no son negativas, pues pueden ayudar a focalizar, de mejor manera, los subsidios hacia los máspobres. Pero cuestiona que el Banco Central haya perdido autonomía en la producción de estadísticas y que éstas estén sujetas a los vaivenes de la política.

Esto —según él— hace perder credibilidad a las cifras del Central. El hecho de que se calcule una inflación para los estratos más pobres —dice Byron Villacís— no significa que se vaya a dejar de calcular y publicar la tasa de inflación, bajo los parámetros de la medición actual.

El optimismo del director del INEC pudiera ser mediatizado por lo que hizo su propia institución en septiembre del año pasado. Entonces cambió la metodología del cálculo de desempleo, y hasta hace dos semanas no se conocían las cifras oficiales. Ahora el INEC publicó la nueva serie, que da cifras desde septiembre hasta abril.

Esos indicadores, sin embargo, no se pueden comparar con la serie anterior, que sólo llega hasta agosto del 2007. Las cifras muestran que el desempleo que estaba en 9,8% en agosto resultó, en septiembre y gracias a la nueva metodología en el 7%. De allí subió, en siete meses, a 7,9%. Esta inconsistencia en las dos series es lo que cuestiona Manuel Chiriboga. Para él, lo serio sería que el INEC y el Central publiquen las dos series durante un largo período.

Manuel Chiriboga ve en el ejercicio del régimen, un gesto innecesario. Porque, en el caso de la inflación, por ejemplo, el mejor indicador de la salud de la economía la tienen —según él— los ciudadanos en sus bolsillos. Y ante esa evidencia, no hay cifra oficial que valga.

“Afortunadamente —dice—la información está globalizada y se puede cruzar datos con fuentes externas como la Cepal, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional...”. Además, los modelos matemáticos se burlan de la política. Hay mecanismos para saber lo que realmente ocurre en la  economía. Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, coincide.

Y hace notar que las previsiones de la Cepal, el BM o el FMI han acertado en sus previsiones. También él, como Manuel Chiriboga, utiliza las estadísticas de los organismos internacionales para suplir la ausencia o deficiencia de las cifras internas.

BANCO CENTRAL
La institución que dejó de ser una referencia
En febrero pasado, un comercial televisivo marcó el destino de lo que sería el Banco Central en este Gobierno. La publicidad omitió el histórico lema Independencia técnica al servicio del país. Los trabajadores supieron, entonces, con qué salsa serían engullidos: el Banco Central perdería su autonomía.

Al inicio del Gobierno, el Presidente no fue avaro a la hora de expresar su descontento con la autonomía del Central. Según él sus funcionarios parecían empleados del FMI. La institución tenía demasiados trabajadores para las funciones que le quedaban. Su burocracia trababa todo, lo demoraba, y nadie podía hacer nada.

Y sentenció: “posiblemente nos acusarán de estar implementando el modelo chavista en el Ecuador, pero les confieso que fui yo quien le recomendó al Jefe del Estado venezolano, Hugo Chávez, la autonomía del Banco Central”. Hubo viento gélido ese día en el Central.

Lo cierto es que en los últimos 16 meses, el régimen ha llenado el Directorio y las direcciones generales de gente afín. En un inicio, nombró a Jorge Dávalos, miembro del Directorio, como gerente general. “Como es pariente del ex Ministro coordinador de la producción, Mauricio Dávalos, —dice un funcionario de carrera— pensaron que también era afín al Gobierno”. Sin embargo, le pidieron que autorice que 12 técnicos de la institución trabajen con ellos y Dávalos se negó.

Los tiempos jugaron a favor del Régimen. Dos miembros del Directorio concluyeron su período, el presidente de la entidad salió y Dávalos renunció. Los miembros del Directorio reorganizaron, entonces, el organigrama.

Robert Andrade, quien fungió como delegado del Presidente ante la Junta Bancaria antes de ser miembro del Directorio, se posesionó como Presidente. Miguel Ruiz, quien estuvo en la terna enviada por el Ejecutivo para la designación de Superintendente de Bancos y Seguros, se convirtió en el presidente subrogante. Luis Rosero, ex subsecretario de Política Económica en el periodo de Ricardo Patiño, fue ratificado como miembro del Directorio. Marcos López, el cuarto miembro —explica un técnico con una veintena de años de carrera—, fue el único que sobrevivió.

Ahora, con cuatro miembros en el Directorio, “basta el voto de Andrade y el de Ruiz para hacer mayoría, pues el Presidente dirime”. Así nombraron a Mauricio Martínez como gerente general y a Víctor Campoverde como subgerente del ex emisor. La siguiente etapa fue alinear los rangos y evitar la dispersión de criterios.

Ahora no habla el Gerente General quien, tradicionalmente, ha dado alertas económicas frente a las políticas de los gobiernos de turno. La vocería la tiene Robert Andrade, desde antes de presidir el Directorio, y se prohibió a otros funcionarios dar entrevistas.

El poder de Andrade es cada vez mayor. Incluso, explican los funcionarios consultados, toma decisiones de orden administrativo. Esto pese a que la Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado establece que ni el Directorio ni sus miembros podrán intervenir en la administración interna.

De hecho, el cambio de edificio, la renovación de las cortinas o la construcción de baños individuales (no querían compartirlos) fueron decisiones tomadas por el ex miembro de la Junta Bancaria. ¿La razón? El Presidente de la República le encargó la administración de la institución. Vanguardia quiso hablar con Robert Andrade. Y dejó mensajes con sus asistentes, Gabriela Murillo y Alison Aguirre. Pero esas llamadas nunca fueron devueltas.

¿Y el gerente y el subgerente general? Ellos no pintan en las decisiones —explica un ex funcionario—. Son personas que viven con una espada de Damocles sobre sus cabezas. ¿Y los funcionarios de carrera? Siguen en el Banco Central pero en cargos de menor importancia, incluso aquellos que tienen PhD. “Los miembros del Directorio tienen desconfianza de los técnicos, —explica otro trabajador con otros veinte años de carrera— los ven como enemigos, dicen que habían trabajado en otros gobiernos por lo que no son gente de fiar”.

Las presiones para sacar informes antitécnicos han terminado por cortar cabezas en el Central. Ese fue el caso de Marco Naranjo, quien se desempeñó como director General de Estudios. En la institución se sabe que su salida obedeció a la presión que tuvo para sacar un informe favorable para un crédito del Banco del Estado (Bede) por 20 millones de dólares para el alcantarillado fluvial en Portoviejo.

Él se negó a hacerlo porque no contaba con la documentación necesaria ni con el proyecto que garantizara su ejecución. Su sorpresa fue que el subgerente de la institución lo citó en su oficina para pedirle una explicación del porqué no había emitido el informe. Y de paso le entregó un mensaje. “Robert dice que si no sacas eso mejor que renuncies”. Así lo hizo.

Otro alto directivo del banco confirma, con un ejemplo, la injerencia política en la institución. El 2 de abril la Asamblea aprobó la Ley Orgánica para la Recuperación del uso de los Recursos Petroleros del Estado y Racionalización Administrativa de los Procesos de Endeudamiento. Esta Ley eliminó la obligación de que el Banco Central apruebe los créditos externos y los que cuentan con garantías del Ministerio de Finanzas, como los del Bede. “Ahora —según el funcionario— se puede contratar a cualquier tasa y a cualquier plazo”.

El Banco del Pacífico, de propiedad del Central, tampoco escapa de los intereses políticos. El mismo funcionario admite que hubo la intención de miembros del Directorio de tomarse el Banco del Pacífico. Específicamente el departamento legal. Se propuso a Jaime Aguirre Navarrete. Pero su nombre no agradó a otros directivos del Banco, porque su hermano, Carlos Aguirre, tenía un juicio pendiente en contra de dicha institución, por el caso Punta Centinela. El Régimen entendió que no era conveniente levantar polvo sobre el Banco del Pacífico. Esto porque muchos funcionarios del Gobierno sabían que no era sano mandar señales de politización de una institución que había mostrado altos niveles de eficiencia.

Pero sabían algo más: el banco tiene cierta debilidad en la estructura de sus pasivos. Dependende de pasivos de corto plazo y de empresas corporativas, que además pagan la nómina de sus empleados a través de sus cuentas personales.

Por ello, según el funcionario del Banco Central, tuvieron que intervenir el Ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, y el Secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, para frenar la intención de cooptar la mencionada institución financiera.

No ocurrió lo mismo con Seguros Sucre, de propiedad del Pacífico. El ex director de la Unidad de Seguros de la Presidencia de la República pasó a dirigir la aseguradora estatal.

El tsunami Correa no sólo llegó a la estructura orgánica del BCE. También lo hizo a sus estudios y a sus cifras. Por ejemplo, la información está tan restringida que se parece a uno de esos secretos que debe descubrir Indiana Jones: los mandos altos y medios sólo la obtienen a través del Gerente General.

Y los funcionarios ahora trabajan y hablan sólo si se promete mantener su nombre en el anonimato. “A una compañera que envió un correo personal, su jefe la retó. Pero, ¿cómo sabía —se pregunta una técnica— si supuestamente son direcciones de cada empleado?”. Por ello funcionarios de lo que fue la institución económica más creíble del país, esperan ser reclutados por organismos internacionales o que les llegue la jubilación.

¿Los técnicos se inquietan de que se esté manejando la institución políticamente? Un alto funcionario cambia la pregunta: ¿el Banco Central del Ecuador está siendo manejado por verdaderos técnicos?