REVISTA VANGUARDIA Los debates que PAÍS aún no salda | Los debates que PAÍS aún no salda |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 03 de junio de 2008 | |
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Las diferencias salen a flote. Los asambleístas dicen que es cuestión de forma. Tienen temor de que se malinterprete su diversidad. Las diferencias en Acuerdo País se han hecho evidentes. Su diversidad, sus posiciones internas, sus discusiones, sus visiones individuales han salido a flote pese a los intentos por mostrar públicamente acuerdos de bloque. Eso preocupa a Rafael Correa, quien la semana pasada, sentenció: “lo más honesto es que se separaran del bloque y vayan al lado de los grupos con los que tienen más afinidad”. Desde ese día, 24 de mayo, varias preguntas han surgido alrededor de la bancada mayoritaria. ¿Qué pasa en Acuerdo País? ¿Cuáles son los temas en los cuales no se ha llegado a un acuerdo? ¿Cuál es el proceso de discusión de la bancada oficialista? ¿Cuáles son las posiciones que se discuten en ella? Los asambleístas de Acuerdo País reconocen sus divergencias. Viven en ellas, sobre todo, por la diversidad de movimientos que conviven en el bloque. Pero los miembros de la bancada también admiten que no han encontrado un mecanismo político para procesarlas y trasladarlas a la ciudadanía como lo que son: diferencias reales que evidencian la riqueza y representatividad de un movimiento que por primera vez está en el Poder. Una de las razones es que tienen aprensión a los medios de comunicación. Ellos piensan que fuera de Acuerdo País, en lugar de leer sus diferencias como factores de representación para elaborar políticas públicas, serán interpretadas como una señal de división. En efecto, ese es uno de los argumentos para mantener las reuniones del bloque lejos de las cámaras y los periodistas. Lo cierto es que aún existen temas en los cuales Acuerdo País todavía no ha llegado a consensos. Vanguardia analiza seis: libertades, plurinacionalidad, modelo económico, medios de comunicación, funciones del Estado y ordenamiento territorial. Los ocho asambleístas que conversaron con esta revista aseguran que las diferencias en esos temas son de forma. Es decir, los principios y los conceptos generales, según ellos, ya están acordados. Lo que todavía no dilucidan son sus aplicaciones, sus alcances, la redacción del texto o la organización de las palabras. Como quiera que sea, las diferencias son reales y varias son las posiciones en cada uno de los temas. LIBERTADES La inviolabilidad de la vida desata la discusión “En el interior de PAIS se acordó —explica Betty Tola— establecer el derecho a la vida en el capítulo de derechos y establecer que se protegerá la vida desde la concepción en el capítulo de niñez y adolescencia”. Se suma que se consensuó que no haya pena de muerte, que el Estado no podrá establecer ningún tipo de discriminación en función de la orientación sexual y que garantizará las uniones del mismo sexo. Entonces, ¿cómo se explica que hasta ahora sigan debatiendo sobre el derecho a la vida? “Todavía hay compañeros —dice Alexandra Ocles— que saltan con su propia visión. Eso es respetable para las individualidades pero cuando hay un acuerdo de bloque es un acuerdo político frente al cual se asume que la posición personal está sumada”. Pocos son los que aún insisten en sus posiciones respecto al tema como Rolando Panchana y Balerio Estacio. Pero para la mayoría el tema está saldado y sólo es cuestión de palabras. “En este momento sólo estamos discutiendo —agrega María Paula Romo— si se redacta en el articulado inviolabilidad a la vida o derecho a la vida”. PLURINACIONALIDAD El debate que causa expectativa indígena El reconocimiento de la plurinacionalidad es quizás el tema que más inquietudes y discusiones ha ocasionado dentro del movimiento. El debate lleva más de un mes y no se ha logrado definir qué implica y cómo repercute el declarar al Estado como plurinacional en relación al territorio, régimen de desarrollo, participación y pluralismo jurídico. De hecho, este es el tema por el cual los asambleístas oficialistas provenientes de la Conaie se enfrentan a los originarios de la Fenocín. Unos están de acuerdo en declarar que el Estado es plurinacional. Otros piensan que la sociedad debe ser declarada como plurinacional porque, de lo contrario, habría afecciones jurídicas. ¿Cómo se reflejará en el modelo territorial? “Esa es la gran pregunta”, dice Tatiana Hidrovo, presidenta de la mesa 4. En un principio no existe acuerdo para que se conformen nuevos niveles de gobierno adicionales a las provincias, cantones, parroquias y regímenes especiales. No obstante, una de las alternativas es que, “dentro de la división política vigente, se puedan reconocer algunos pueblos en los cuales la mayoría de su población sea indígena”. ¿Y quien los representará? Todavía no se define. Un grupo de asambleístas sostiene que debe haber una representación directa de los pueblos y nacionalidades. Otro grupo piensa que no puede existir representación de ningún sector sino pasa por las elecciones. Tampoco se ha consensuado sobre los límites de la justicia indígena. Es decir, “si la justicia indígena puede ser aplicada para todos los casos —agrega Virgilio Hernández— o existen algunos en los cuales hay que establecer discriminaciones como los que tienen que ver con el respeto a la vida, a los Derechos Humanos y a los derechos de las mujeres”. MEDIOS El control estatal no encuentra eco Hace dos semanas, el texto que presentó la mesa 1 sobre los derechos a la comunicación dio inicio a inquietudes internas. La posibilidad de que el Estado controle contenidos en los medios de comunicación desató el debate. ¿El Estado puede controlar contenidos? ¿Cómo y quién definirá si la programación de un medio es violenta? “Yo no estuve de acuerdo —dice Pilar Núñez, vicepresidenta de la mesa 2— con que el Estado controle contenidos, por eso hemos acordado que se redacten nuevamente los artículos". Con eso coincide María Paula Romo, quien asegura que lo que se vio en el Pleno "fue mas bien una crítica a la forma de redacción de esos artículos”. Así, en lugar de decir que el Estado controlará se establecerá que garantizará las formas de expresión velando por la dignidad y la honra. ¿Cómo se aplicará ese derecho? ¿Cómo se repartirán las frecuencias? La propuesta es que se cree un Ministerio que promueva las políticas nacionales y se confome un Consejo de Comunicación formado por representantes de medios de comunicación y de la sociedad civil. “La idea es —dice Núñez— que el Consejo ayude a los medios a que diversifiquen sus contenidos, no obligándolos o prohibiéndoles sino recomendando la demanda”. Pero el punto clave en el debate está en cómo distribuir las frecuencias. Hay quienes proponen una distribución tripartita, no porcentual, para los medios privados, públicos y comunitarios. Otros creen que debiera hacerse un inventario para reorganizar el espectro. Este debate todavía está abierto. MODELO ECONÓMICO El punto de quiebre con el sistema financiero Definir al sistema económico como social y solidario y establecer sectores estratégicos que el Estado pueda manejar mediante la figura de empresa pública son los consensos en PAIS. Sin embargo, existen temas en los cuales aún no hay definiciones. Uno de ellos es el alcance de lo que implica que los servicios financieros sean un servicio público delegable o interés público. “Cuando es delegable —explica Norman Wray— se entiende como una actividad que amerita una preocupación importante del Estado. La otra tesis, que yo la sostengo, es que la característica de interés público permite esa cobertura sin que se hable de servicio”. Pero ¿eso implica una estatización de los servicios? Wray dice que no. Pero en PAIS creen que el sector financiero no debe estar suelto a las fuerzas del mercado sino que el Estado debe tener la posibilidad de controlar el costo del dinero en el país”. PRESIDENCIALISMO El debate que más tensión genera El contrapeso de las funciones y el periodo de cuatro años, con la posibilidad de una sola reelección, para todas las funciones son los dos elementos consensuados. Pero el tema sigue abierto. “Allí hay un primer problema: no se ha hecho un diseño global del sistema político en su conjunto —explica Virgilio Hernández— para evaluar los pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo”. De ahí que haya dos posiciones, sobre todo, en relación con el mecanismo de destitución. Por un lado, están los asambleístas que plantean que el Presidente podrá solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a un acto revocatorio del mandato de los asambleístas (diputados) cuando incurrieran en las causales establecidas. Sin embargo, otros creen que se debiera establecer un camino de solución de crisis para que el Primer Mandatario pueda disolver por una vez a la Asamblea pero anticipar las elecciones generales. “A mi juicio —dice Betty Amores— esa disolución cruzada permite implementar una corresponsabilidad y una igual potencia política entre ambos poderes del Estado”. Pero la discusión va más allá. En PAIS aún no se define si se convocará o no a elecciones de Presidente en enero del 2009. Una opción es que el presidente Rafael Correa termine su mandato en el 2010 y una vez concluido su periodo pudiera optar por las nuevas normas de la Constitución. Así, si el Mandatario quisiera y los votos le favorecen, pudiera llegar al poder en el 2010 y reelegirse en el 2015. “Eso tendría una ventaja —dice Hernández—: pudiéramos mantener un elemento positivo que ha sido que las elecciones seccionales no sean concurrentes con las presidenciales”. La segunda posibilidad es que en enero se realicen las elecciones generales, incluidas las presidenciales, y que una vez concluido ese periodo, el Presidente pudiera acceder a su reelección. Otro análisis que se hace en el bloque es la posibilidad de incorporar un solo artículo de reelección para todos los cargos o uno para la reelección del Presidente y otro para el resto de funcionarios. “Lo que me preocupa —dice una asambleísta del bloque— es que si no ponemos el artículo específico para el Presidente, en Presidencia nos molesten un mes hasta que aprobemos el otro artículo”. TERRITORIALIDAD La discusión nació sin acuerdos mínimos La Senplades, el Concope, la Asociación de Municipalidades del Ecuador y la Conajupare dieron los primeros indicios de que el ordenamiento territorial no sería un tema fácil de zanjar en el Gobierno. Sin embargo, al parecer, ya hay algunos acuerdos en el bloque. "Tenemos un consenso acerca de ir —asegura Tatiana Hidrovo, presidenta de la mesa 4— a un modelo de organización que dé paso a la conformación de las regiones autónomas". Eso significa la posibilidad de conformar territorios con gobiernos autónomos que poseerán cámaras legislativas que podran emitir leyes en el ámbito de sus competencias. Aunque las funciones de cada nivel de gobierno están acordadas en PAIS, todavía faltan por establecer los procesos, procedimientos y requisitos básicos para que los territorios se conviertan en regiones autónomas. Además, subsiste el debate sobre el régimen que se aplicará en Galápagos y la posibilidad de que la Amazonia se convierta en una región especial. Por el momento, el bloque no concreta esos detalles, en espera de un informe de la mesa. |