REVISTA VANGUARDIA La banca entre la espada y la pared | La banca entre la espada y la pared |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 03 de junio de 2008 | |
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Montecristi delinea la actividad financiera. La oposición advierte de los riesgos de las reformas. ¿vuelven los viejos fantasmas? El fantasma de la crisis financiera reaparece en el imaginario. La quiebra de la mutualista Benalcázar, aunque se muestra como un hecho aislado, acelera el ritmo cardiaco de los depositantes. Los indicadores, sin embargo, muestran que el sistema financiero goza, por ahora, de buena salud (ver recuadro). ¿De qué depende que eso siga así? César Robalino, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, cree que el marco jurídico que se diseña en Montecristi será un condicionante. La reforma constitucional, la Ley Orgánica que crea la Red de Seguridad Financiera y la Ley de Equidad Tributaria, perfilan el sistema financiero que quiere el régimen. La mesa siete de la Asamblea Constituyente aprobó cinco artículos que, de ser aceptados en el Pleno, formarán parte del texto constitucional. El primero de ellos es el que más polémica ha causado: “Las actividades financieras son un servicio público delegable”. La Asociación de Bancos ya puso el grito en el cielo. El 27 de mayo envió una carta de cinco páginas, a los asambleístas de la mesa siete, en la cual explica en detalle los criterios por los cuales no se debe dar paso a este artículo. Pero fue demasiado tarde. Ese mismo día salió el informe de la mesa. Los banqueros, sin embargo, tendrán otra oportunidad. El martes 3, serán recibidos en la mesa para discutir el texto aprobado. Ahí se quemarán los últimos cartuchos. Pablo Lucio Paredes, asambleísta de Futuro Ya, advierte los peligros de una norma como ésta. En su informe de minoría señala que si este artículo se aprueba tal y como está se corre el riesgo de que en el futuro se pueda quitar la delegación a alguna entidad financiera. César Robalino va más lejos: “Considerar esto como un servicio público hará que mañana se obligue a los bancos a sacar otro tipo de licencias, diferentes a las que han sido tradicionales hasta ahora, y los obliguen a pagar regalías o derechos”. La Superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, prefirió no opinar sobre este tema. Según dijo a Vanguardia, a través de Magali Plaza, su asesora de prensa, ese texto aún no es oficial, ya que aún no ha sido aprobado por el pleno de la Asamblea. La esperanza es lo último que se pierde. Y el director de la asociación de bancos espera la sesión del Pleno con los dedos cruzados. Según él, un alto funcionario de régimen le dijo hace unas semanas, cuando ya circuló una primera versión del articulado, que eso no era conveniente y que “era una idea no adecuada y que esperaba que la Asamblea la rechace”. De hecho, en la propia mesa siete esta idea generó dudas. Hace unas semanas el concepto de servicio público delegable fue sustituido por el de utilidad pública, pero finalmente la mesa lo volvió a incluir. Esto desconcierta al asambleísta Pablo Lucio Paredes, quien de todas maneras no pierde la esperanza. Y se da tiempo para bromear: “espero que cuando el Gobierno analice este tema dé un jalón de orejas a todos los asambleístas de sus filas”. A este riesgo se suma la posibilidad de que el gobierno —cualquiera que este sea— pueda manejar una política tributaria discriminatoria en la banca. El artículo dos del texto que se aprobó da pie a esto. Clasifica a las entidades financieras en públicas, privadas, y aquellas de carácter popular, cooperativo, asociativo... Y agrega que cada una de contará con “normatividad, control y tributación específicas diferenciadas”. Esto también fue una inclusión de último momento. En la versión que circuló en Montecristi hace tres semanas sólo se establecía que los distintos tipos de instituciones tendrían control y normatividad específica. Para la banca, la mano invisible de Adam Smith está siendo sustituida por la mano visible del Gobierno. El texto que aprobó la mesa constituyente señala que con el fin de garantizar el ahorro nacional y la estabilidad del sistema financiero, el Estado podrá utilizar “mecanismos públicos y privados de gestión de liquidez y riesgo”. El director de la Asociación de Bancos se alarma. Ve un riesgo inminente: “Se abre una puerta para que en el futuro, en la Ley, el Gobierno pueda entrar directamente a decidir dónde los bancos deben invertir su liquidez y colocar sus créditos”. Más allá de los efectos que se advierten, el texto de la mesa deja ver algunos objetivos fundamentales de la política financiera: aumentar el acceso a los servicios financieros y democratizar el crédito. ¿Pero la normativa vigente apunta en esa dirección? César Robalino no lo cree así. Y cita un ejemplo: Los bancos que dan microcrédito han eliminado su línea crediticia que iba entre los 50 y los 100 dólares. Esto porque, según él, el régimen de tasas de interés no les permite recuperar sus costos. Y agrega otro elemento. En una de las últimas versiones del proyecto de ley que crea la Red de Seguridad Financiera, que Alexis Mera entregó a César Robalino hace tres semanas, se deja facultad amplia a la Superintendencia de Bancos para que a su discreción pueda determinar los precios máximos de los servicios bancarios. Según el documento, la entidad de control hará los ajustes cada trimestre, pero no establece la formula cómo se calcularán los máximos. A los banqueros preocupa que el manejo de los costos máximos de los servicios financieros se realice bajo las mismas consideraciones que para la determinación de las tasas de interés. Es decir, de forma antitécnica y política. El círculo se cierra con la Ley Tributaria. El impuesto del 25% sobre los intereses de los créditos externos encarece el crédito. Así lo afirman los banqueros. Según sus cálculos esto está limitando el acceso a líneas de crédito que no sólo sirven para financiar grandes proyectos de inversión, sino, además, programas de microcrédito. Así, la guerra entre la banca y el Gobierno —con Asamblea incluida— parece una batalla sin fin, en la cual, el primer tiempo lo ha ganado por goleada el Gobierno. |