REVISTA VANGUARDIA Por qué el sí está en jaque... | Por qué el sí está en jaque... |
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| Revista Vanguardia | |
| miércoles, 18 de junio de 2008 | |
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La economía y la ausencia de resultados trabajan contra el Presidente. y ese desgaste innegable puede incidir en el plebiscito. Vanguardia lo analiza. Hay nerviosismo en el gobierno. El Presidente lo hizo evidente el miércoles de la semana pasada cuando se reunió con los empleados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La desesperación por la falta de resultados, que lo llevó a reprenderlos públicamente y a exigir cambios de personal, no es una mera preocupación administrativa. Es sobre todo política. El régimen siente que el tiempo corre en su contra y que, en este momento, la brisa no sopla a su favor. Se ve en las cifras negativas en inflación, empleo, inversión... Se nota en la ineficiencia de gestión, lo cual lleva a una conclusión: la obra pública no es, contrariamente al discurso presidencial, el motor para reactivar la economía. Se evidencia, Foto: presidencia de la repÚblica igualmente, en el retraso total de los plazos, dados por el Primer Mandatario para inauguraciones simbólicas. Por ejemplo, la Tv mostró la semana pasada imágenes inapelables sobre el tramo del ferrocarril, Quito-Latacunga, que debía inaugurarse el 25 de junio. En vista de las circunstancias, con Quito- Tambillo bastará... El Presidente sabe que para el plebiscito, primero, y las elecciones generales, después, ya no se beneficiará del factor expectativa que aupó sus triunfos electorales. Ahora tendrá que mostrar resultados. Y la oposición, dijeron algunos de sus miembros a Vanguardia, no se andará por las ramas: se da por tarea probar, ante los electores, que en el país de la revolución ciudadana no se vive mejor sino peor. El estado de ánimo, medido por Santiago Pérez, en febrero pasado, tiende a darle esperanzas a la oposición. 72 por ciento de personas, en el plano nacional, dijeron que ellos y sus familias se encontraban igual o peor con respecto al año pasado. El No, por ende, tendrá mejores condiciones de ser mercadeado que hace catorce meses. Se entiende por qué el tiempo es esencial para Rafael Correa. En sí explica, en prioridad, su bronca ahora pública con Alberto Acosta. La Asamblea, evaluada desde su perspectiva, no sólo ha perdido tiempo en elaborar la Constitución. Y él no se hace cargo de su parte en esa responsabilidad por el envío de mandatos. Lo que hoy traduce es que Montecristi se ha vuelto un peso político negativo que ha puesto a hacer cuentas al propio Vinicio Alvarado. Las cifras de Cedatos no preocupan en Carondelet. Pero sí las de Santiago Pérez. La última, que entre otras cosas midió la intención de voto de la nueva Constitución, data del 7 de junio. ¿Y qué dice? Que por el Sí están 43 por ciento de los electores, 29 por ciento por el No, 16 por ciento votarían en blanco y 13 por ciento anularían el voto. Estas cifras coinciden técnicamente con las de Informe Confidencial: Sí 42, No 31, 17 blanco, 10 nulo (ver recuadro). En claro, el régimen tiene que remar a contracorriente y ganar, para el Sí, por lo menos —es la teoría de Vinicio Alvarado— la mitad de los votos blancos y nulos. En Carondelet se dan ánimo diciéndose que las cifras no son tan negativas si se tiene en cuenta que la Constitución no se ha terminado y que el régimen no está, oficialmente, haciendo campaña. Pero la alerta es grande, pues la intención de voto por el sí sumaba seis puntos más el 29 de enero pasado… El sentido común indica que al régimen le conviene ir a las urnas cuanto antes. Y eso es lo que quiere. El lío existencial del Presidente y Vinicio Alvarado, su jefe de campaña, es que los plazos no dependen de ellos, sino de la Asamblea. Y que ésta, lejos de poder llamar a elecciones seccionales en octubre próximo, tiene previsto aprobar un mandato para posponerlas. En Montecristi el itinerario está definido: los 130 asambleístas tienen mes y medio para presentar la nueva Constitución. Hasta el momento, sólo han aprobado, en segundo debate, 57 artículos de los más de 300 que contendrá la Constitución. Eso se prevé. ¿Cómo se puede, en esas circunstancias, elaborar un calendario electoral real? Virgilio Hernández, presidente de la mesa de Organización, participación social y sistemas de representación, dice que existen cuatro decisiones que la Asamblea deberá resolver antes de responder la pregunta. Primera: aplazar las elecciones de octubre. Segunda: definir desde cuándo entra en vigencia la norma constitucional. Tercera: definir si habrá o no elecciones generales, incluida la votación para Presidente de la República. Cuarta: decidir con qué reglas va el país a las urnas. En principio se sabe que el 29 de julio, la Asamblea entregará la nueva Constitución. A partir de ahí, comienza el dilema sobre quién convocará y armará el referendo. “Definitivamente, la consulta popular le corresponderá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) — dice Gustavo Darquea, presidente de la mesa de Estructura e instituciones del Estado— ya que la nueva función electoral sólo podrá entrar en vigencia una vez que se apruebe la Constitución”. No obstante, el actual TSE no lo hará. En Acuerdo País se analiza la posibilidad de reestructurar su conformación y adecuarla a los resultados políticos de la elección del 30 de septiembre. “De acuerdo a la ley de partidos —dice Darquea— los vocales actuales corresponden a una distribución partidaria del Congreso que ya no existe”. Reconformar al TSE será otro dolor de cabeza para el régimen. Y lo tendrá que hacer cuanto antes, pues está pensando en citar al plebiscito para el 28 de septiembre. Así, si todo sale como el Gobierno espera y el Sí triunfa en las urnas, el 28 de octubre el TSE proclamaría los resultados oficiales.  Entonces, vendría la otra disyuntiva: ¿entra o no inmediatamente la nueva Constitución en vigencia? Si lo hace, se tendrá que reconformar la Función Electoral y convertir al nuevo TSE en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de lo contencioso electoral. Eso pudiera retrasar las elecciones, inicialmente previstas para enero del 2009. “Como la conformación del Consejo es vía concursos públicos de merecimiento y oposición —dice Betty Amores, vicepresidenta de la mesa de Instituciones del Estado—, el proceso por lo menos debería desarrollarse en octubre, noviembre y los pocos días laborables de diciembre”. Así, la convocatoria pudiera darse en enero y las elecciones se retrasarían hasta febrero. En ese caso, el régimen, además del costo de la vida cuyo índice pudiera llegar a dos dígitos, acumularía el chuchaqui navideño, y la irritación que suscitan las facturas a inicio de año. Hay una alternativa intermedia pero con poca hinchada en Acuerdo País: que la Asamblea apruebe una disposición transitoria que permita que el reconformado TSE se haga cargo de las elecciones. “La Constitución entraría en vigencia —dice Virgilio Hernández— con los nuevos períodos de los funcionarios apenas se posesionen”. En PAIS se piensa que triunfará la primera opción, a pesar de que pudieran retrasarse las elecciones hasta abril. Razones sobran: la nueva Constitución incluirá la reinscripción de partidos, el recogimiento de firmas de apoyo, el registro de candidatos para las elecciones generales... El caso se complica porque la Constitución planteará, con la reinscripción de partidos y la presentación de principios y estatutos, la certificación de que las directivas han sido elegidas democráticamente y la certificación del respaldo de militantes y afiliados de los partidos. ¿A qué hora se harán esos trámites, en igualdad de condiciones, en los cuales asambleístas de Acuerdo País fincan sus expectativas para renovar la política? Lo cierto es que, según el informe de mayoría sobre Organización social y participación en democracia, que está listo para segundo debate, los partidos y movimientos necesitarán el 1,5 por ciento del padrón electoral para inscribirse. “La diferencia está en que los partidos —dice Virgilio Hernández— deben tener el 1,5 por ciento de afiliados, mientras que los movimientos necesitan 1,5 por ciento de personas que lo apoyan”. Se suma que los partidos tendrán carácter nacional y los movimientos serán locales, provinciales o regionales. Así, un movimiento regional sólo podrá participar en una elección nacional si se alía con un partido. En conclusión, las modificaciones a la Función Electoral retrasarán el calendario electoral. Según una fuente de Acuerdo País, la reconformación de la Función podría prolongarse hasta enero para que la convocatoria a elecciones se realice en febrero y las elecciones en abril. Si esto ocurriese, los resultados oficiales estarían listos en mayo, para que los nuevos funcionarios se posesionen el 24 de mayo o incluso el 10 de agosto. Nada de todo esto, es bien visto en Carondelet. Según fuentes de Acuerdo País, la Presidencia tiene los ojos puestos en los sondeos y quiere que las elecciones generales se desarrollen en enero, como máximo. Por eso, en Montecristi hay voces en el oficialismo que opinan que debiera buscarse una medida intermedia en la cual se establezca un estatuto especial para las elecciones. En él se permitiría que los partidos y movimientos no necesiten reinscribirse, pero que presenten firmas de respaldo para sus candidatos.  Hasta enero, el régimen cuenta moverse con la misma estrategia que ha usado y que gira alrededor de un intenso mercadeo de la figura presidencial. Los sondeos dicen que, de pasar exitosamente el plebiscito, él será reelecto Presidente. Al menos no hay, en el ámbito nacional, otro contrincante a la vista. Rafael Correa encabeza, en un sondeo de Santiago Pérez, realizado el 31 de mayo, las preferencias de voto para la Presidencia con 38 por ciento. Lejos le siguen Jaime Nebot (10%), Álvaro Noboa (6), Lucio Gutiérrez y León Roldós (5%). Pero Correa ya no ahorra; ahora gasta. Su imagen ha sufrido un bajón, según Informe Confidencial, pues en el último año pasó de 84 a 61 por ciento. Su credibilidad también disminuyó seis puntos, desde el 29 de julio del 2007 al 17 de mayo pasado (55/49). Su gestión, sin embargo, sigue teniendo un grado de aprobación que supera el 60%. Él sigue siendo, entonces, el gran elector y el gran polo de atracción electoral. Lo prueba la alianza que está haciendo con la Izquierda Democrática y que se traducirá, así se espera en las filas socialdemócratas, en un acuerdo electoral. Más de lo mismo, más maniqueísmo y más subsidios, sin descartar un aumento salarial: eso hará parte de la estrategia presidencial para encarar la campaña del No y las elecciones generales. Correa, esta vez sí, tendrá opositores sobre su derecha y sobre su izquierda. Pero su problema principal está en la cocina y en el bolsillo de los electores. Su enorme ventaja es contar con el aparato del Estado para hacer publicidad, propaganda y comunicación. La Asamblea le echó una mano, pues en la mesa 2 está planteado que el Estado tenga franjas publicitarias y que se prohíba la campaña particular en medios. Sin embargo, “se ha previsto, por lo menos en las normas constitucionales, que durante el tiempo que dura la campaña —dice Virgilio Hernández— no puede haber ninguna publicidad del Gobierno Nacional ni de los gobiernos seccionales”. Se suma que los funcionarios de libre nombramiento y los de período fijo, a menos de que hayan renunciado antes de la inscripción de su candidatura, no podrán participar en una elección. ¿Esto regirá para las elecciones generales del 2009? “No sabemos aún —dice una fuente de PAIS— pero lo más probable es que el control del gasto y la publicidad estén en manos del Consejo Nacional Electoral”. Hasta entonces, Correa deberá paliar su desgaste. |