¿Cuál es, al fin, la política petrolera del presidente Correa? El mismo Mandatario confundió, aún más, las pistas cuando dijo —para explicar el giro dado por el ministro Chiriboga en las negociaciones con las petroleras a comienzos de año— que el equipo negociador no entendió sus directivas. Entonces ¿por qué mantuvo a Galo Chiriboga al frente del proceso? ¿Y cuáles eran los conceptos que no entendieron? Tampoco queda claro. El Presidente señaló que irían hacia contratos de prestación de servicios, pero permitió que los negociadores, definidos por su Ministro de Minas y Petróleos, avancen en un proceso que al final de cuentas sólo modificaba los actuales contratos de participación. Todo esto, mientras que, desde Petroecuador, el Presidente Ejecutivo hacía saber su inconformidad y recordaba que él no estaba de acuerdo con que el Ministerio negociara y él tuviera que firmar esos contratos. Lo cierto es que cuando los acuerdos económicos estaban listos, el Presidente frenó en seco la negociación. Galo Chiriboga dio una explicación muy oficial pero poco convincente: el Presidente de la República estaba de acuerdo con los términos de la negociación, pero consideró que las compañías debían migrar, en seis meses, sus contratos hacia los de prestación de servicios.

Si el Presidente estaba de acuerdo con los términos de la negociación ¿por qué dispuso que mientras migren los contratos no se formalicen los acuerdos alcanzados? ¿Por qué pidió que entre los actuales contratos y los de prestación de servicios no se suscriba ningún contrato transitorio? ¿Por qué destituyó a los equipos que negociaron los acuerdos? ¿Por qué contrató, en su lugar, a la firma de abogados Curtis, para que elabore un modelo de contrato de prestación de servicios que sería presentado a las compañías para su discusión?

Mientras las compañías esperaban ese modelo, el Presidente giró otra vez en U. Ahora su concepto es ampliar el plazo para cambiar la modalidad contractual a un año. Y pidió a sus colaboradores que retomen los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación. ¿Por qué? Según sus palabras, Bernard Mommer, uno de los que más entiende de petróleos en el mundo, y los abogados de la firma Curtis, le dijeron que hacerlo de esa manera resultaba beneficioso para los intereses del Estado. En la práctica, sin embargo, el Presidente revivió un proceso que él frenó el 10 de abril.

Entretanto, las compañías afinaron sus estrategias. Repsol y Perenco se unieron al club para demandar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Esto echó por la borda la intención del Régimen de negociar con las compañías su renuncia al Ciadi como millones de dólares. Sólo la compañía City Oriente con sus 3 000 barriles diarios demandó por un valor de 370 millones de dólares. ¿Qué se puede esperar de una compañía comoRepsol que produce más de 50 000 barriles diarios?

Pero el costo de perder en el Ciadi va más allá de los montos de las demandas. En el caso específico de City Oriente, según el informe que los grupos negociadores entregaron a Galo Chiriboga el 22 de abril, el perjuicio para el Estado podría ser mayor. El documento al cual tuvo acceso Vanguardia, señala que en el caso de que Ecuador pierda el arbitraje estaría obligado a cancelar los costos de los bufetes de abogados y el pago al Ciadi, que podrían llegar a los 20 ó 30 millones de dólares. En el mismo análisis se advierte que mientras dure el proceso el Estado no recibiría los ingresos extraordinarios por el incremento del precio del petróleo: unos 4,7 millones de dólares mensuales. Y lo más grave un mecanismo de arbitraje.

¿Fue esto lo que hizo cambiar el rumbo al Presidente? Nadie lo ha explicado. Sin embargo, ese hecho, sumado a la reducción de inversiones y de producción de las compañías, genera un alto costo de oportunidad al Estado. El Procurador ya lanzó la alerta, pues el país enfrenta demandas internacionales por un valor cercano a los 12 000 para ellos es que un fallo favorable a la compañía garantizaría que "ésta siga operando el bloque 27 en las actuales condiciones sin el pago de la Ley 42".

El Presidente con su expresión "que les vaya bonito" daba entender que no le importaba mucho que las compañías permanezcan o se vayan del país. Pero ahora otro parece ser el discurso. ¿Consecuencia de que la producción privada empezó a descender? Según la información del Ministerio de Minas, en lo que va del año la producción privada ha caído en unos 22 000 barriles diarios. Para los expertos, si esta cifra se mantiene, el Estado dejaría de recibir unos 500 millones de dólares, bajo un escenario de distribución igualitaria.

Ahora el Presidente las sienta de nuevo en el banquillo e insiste en que se cumplan dos condiciones. Qué renuncien a los arbitrajes del Ciadi y que paguen lo que adeudan por la Ley 42.

En el primer caso, la batalla está casi perdida. Ninguna de las empresas está dispuesta a hacerlo. Y en el segundo, la petición suscita interrogantes. ¿No podía cobrar los valores adeudados por la vía coactiva como sugirió el comandante Zurita cuando manejaba Petroecuador? ¿Por qué ante ese pedido expreso el Presidente guardó silencio?

El resultado salta a la vista. Las compañías adeudan, según cifras del Ministerio, 666 millones de dólares hasta la fecha (Cuadro). Las cifras de Petroecuador suman un poco más: 944 millones. A fin de cuentas, la nueva negociación arranca donde se quedó hace dos meses. Eso revive una discusión que ya costó cabezas en Petroecaudor. ¿Cómo se llegó a determinar el precio base para el cálculo de los ingresos extraordinarios? Ese es un misterio que un asesor del contralmirante Zurita ya había evocado en una correspondencia al Presidente. El informe de los negociadores señala que éste se calculó ajustando el precio, a la fecha de suscripción de los contratos, con algunos índices de variación de precios. Luego de lo cual le añadieron los valores correspondientes a costos de extracción, inversiones y gastos.

Pero esta explicación nunca convenció a Zurita y sus colaboradores. En una reunión en la cual los negociadores expusieron la metodología, ellos señalaron que las cifras no cuadraban y que en algunos casos se imputaban costos de inversiones sin que existan estudios de factibilidad. A todo esto, lo que salta a la vista es que las contradicciones del Régimen han conducido a un escenario insólito: Las inversiones de las petroleras bajan, hay una ola de demandas ante el Ciadi y el Estado no logra cobrar lo que le deben.