REVISTA VANGUARDIA La pugna de alto vuelo regresa... | La pugna de alto vuelo regresa... |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 01 de julio de 2008 | |
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El caso del nuevo aeropuerto es de una gran complejidad. El régimen agrega un factor politico mientras lo critica con rezones técnicas. El Gobierno desempolvó un antiguo conflicto: el del nuevo aeropuerto de Quito. Y lo hizo justo cuando viejos cuadros de la Izquierda Democrática (Alfredo Vera, Ramiro González...) han pasado a engrosar las filas de la burocracia de la revolución ciudadana. Una señal que Paco Moncayo, alcalde que llegó con el apoyo de la ID, sabrá evaluar. La campaña por la Alcaldía de Quito está abierta, aunque el régimen no lo reconozca. El Presidente reabrió la carpeta del aeropuerto el sábado 21, después de que Guillermo Bernal, subsecretario de Transportes, le informará sobre los aspectos técnicos que rodearán la operación en la nueva nueva terminal aérea. Guillermo Bernal retomó la posta el jueves 26 y en una rueda de prensa dijo, en sustancia, que el aeropuerto de Puembo tendrá serias limitaciones para operar a plena capacidad. Se basó en los informes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Federal Aviation Administration (FAA). ¿Qué dicen? Ambos ponen su mayor atención en las condiciones en las cuales los pilotos deben realizar el descenso de las aeronaves. La primera, cuyas recomendaciones son vinculantes, concluye que “los estudios presentados por el concesionario no cumplen con los criterios de construcción de procedimientos especificados por la OACI”. Y agrega que “las medidas propuestas para mitigar sus efectos por sí solas no garantizan unos niveles de seguridad aceptables”. La FAA va en la misma línea. Larry Schwartzkopf y Anthony Tuke, especialistas de la organización, concluyen que excepciones solicitadas podrían ser negadas para garantizar la seguridad de los procedimientos. Con esto, el Régimen suma un argumento más para cuestionar al proyecto. Antes lo hizo al evocar irregularidades en los aspectos contractuales y la escasa participación municipal en el giro del negocio. ¿Permitirá o no que se construya el nuevo aeropuerto? El régimen no ha dado una respuesta y se parapeta tras una salida jurídica: Paco Moncayo tendrá que tomar esa decisión. Guillermo Bernal se encargó, sin embargo, de dejar algunas piedras en el camino del Alcalde. Para él las limitaciones operativas del aeropuerto pueden alterar, a la baja, el flujo de ingresos del proyecto. En cuyo caso la que debe asumir ese costo es Quiport y en ningún caso el Estado ecuatoriano. A Teleamazonas dijo que no permitirá que se reduzcan las normas de seguridad como Quiport intentó conseguir. Para Augusto Barrera, concejal de Quito y miembro del buró político de Acuerdo País, la situación es compleja. Según él, los últimos informes ponen a Quito ante un dilema dramático: no construir el nuevo aeropuerto o hacerlo sabiendo que no va funcionar bien. Por esa vía se pudiera llegar a otras salidas no más halagüeñas: mantener los dos aeropuerto operativos, el Mariscal Sucre y el de Puembo. La otra alternativa es rehabilitar el aeropuerto de Latacunga, pero es claro que sólo sería para carga. El proyecto cuenta con un financiamiento de 32 millones y la fecha tentativa de entrega será en agosto del 2009. Barrera agrega: “Sería grave que desde el Gobierno se diga que como es una concesión vean qué hacer. Eso podría terminar en un escenario terrible. Un aeropuerto que no acaba de cerrarse y metidos en una deuda y en un mamotreto que no sabemos si funciona bien”. La realidad va más allá del cruce de palabras. No hay, por ahora, una cuantificación sobre el grado de afectación real en la operación del aeropuerto, derivada de los informes técnicos. En su flujo de caja, en el tiempo que podrá operar, en la demanda por parte de las aerolíneas y en sus costos... Esto, sin duda, concentrará el debate político en el cual entró el caso de Tababela. En efecto, los términos contractuales pudieran, en caso de que la posición del Municipio tambaleara, ser renegociados. No así el emplazamiento de la obra y los trabajos emprendidos. De hecho, así lo plantea Barrera. Si como dice el Alcalde, el proyecto no se detendrá, su estrategia será que se incluyan los aportes que han hecho el Municipio y el Gobierno, y que no constan en el plan de negocios de Quiport (Cuadro). Según él, la inversión que ha hecho el Municipio alcanza los 243,5 millones. El terreno del actual aeropuerto con sus instalaciones, que será devuelto a la municipalidad en seis años (24 millones). Las 1 575 hectáreas de la nueva terminal (78,7 millones). Y el flujo de la operación del Mariscal Sucre (140,7 millones). Quiport, en cambio, sólo pondrá 74 millones. El resto, 372,2 millones, se financiará con créditos externos. Luego habrá que cuantificar el costo de las vías de acceso por parte del Municipio. Y abre un nuevo escenario. “Si las condiciones técnicas no garantizan la sostenibilidad financiara y de seguridad habrá que tomar una decisión durísima: no hacer el nuevo aeropuerto”. La alternativa es quedarse con el Mariscal Sucre y ampliar su pista. Se ha pensado en evaluar los costos de la expropiación de dos cuadras de la Rumiñahui y en reubicar el campo de golf de la Fuerza Aérea. |