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‘La negociación con las petroleras sí fue buena’ PDF Imprimir E-Mail
Revista Vanguardia   
martes, 15 de julio de 2008

Entrevista a Galo Chiriboga

Un año y medio después el Régimen no ha logrado cuajar una política petrolera. Galo Chiriboga, Ministro de Petróleos, es cuestionado por sectores nacionalistas de Petroecuador. Él lidera la negociación de contratos con las petroleras y aquí explica su rol en el proceso.

 El Gobierno ha lanzado señales contradictorias en su política petrolera. En particular en la negociación con las compañías privadas. ¿Por qué finalmente se frenaron las negociaciones en abril?
Este es un proceso que sigue su curso. Cuando se negociaron los contratos de participación, las comisiones fueron nombradas por Petroecuador. En ese proceso se llegó a un punto final donde se establecieron las condiciones sobre las cuales se modificarían los actuales contratos de participación. Y en una reunión a la cual asistió Fernando Zurita, que ahora dice que no, discutimos la posibilidad de tener un acuerdo previo, un marco de traspaso, es decir, unos términos de referencia entre el actual contrato y el de prestación de servicios. Ese sistema no tuvo acogida por parte de las empresas. Su primera objeción fue que el tiempo de seis meses era demasiado corto para modificar los contratos y que preferían un tiempo más largo. Entonces se les dijo que lo acordado, en materia económica, por las comisiones de Petroecuador y las empresas privadas, lo podíamos implementar en el actual contrato de participación.

Pero una vez que se inicie este nuevo contrato inmediatamente empezaríamos a conversar para pasar al nuevo contrato de prestación de servicios. Eso ya se planteó a las empresas y lo están analizando. Hay algunas que están más cercanas que otras a utilizar el mecanismo.

Un argumento que se ha esgrimido es que la negociación no fue buena y que por eso el Presidente Correa la objetó...
Leí su artículo y dicen, por lo menos el señor Zurita y el señor Chang, que la negociación no fue buena. Yo diría, y podemos demostrarlo, que sí lo fue. Excepto en el caso de Petrobras que no se concluyó. Y por lo tanto las condiciones con Petrobras pueden ser mejoradas.

El resto de contratos nos permite decir lo siguiente: Con el actual contrato de participación, antes de la Ley 42, los ingresos brutos para el Estado eran, en términos generales, de 9 847 millones de dólares. Con la aplicación de la Ley 42 subimos a 13 638 millones y con esta renegociación a 15 202 millones.

El valor presente neto de las compañías, antes del 50 – 50, era de 7 250 millones de dólares. Con la Ley bajó a 4 199 millones y con la renegociación a 2 968 millones. Todo esto considerando la vigencia total de los contratos y un precio del barril de 125 dólares.

¿Si los términos económicos eran buenos por qué se frenó el proceso?

Entramos a revisar la parte económica. Eso llevó un tiempo del Presidente. Llevamos a asesores externos a que analicen la parte económica. Y fuimos a un evento en la OPEP para que nos dieran una opinión. Y éstas fueron coincidentes, es decir, que sí fue una buena negociación. Por lo tanto aquí ya no discutíamos lo bueno o lo malo de la negociación, ya habíamos verificado que sí lo era. Lo que discutíamos era cómo transitar de un contrato al otro.

Y en eso sí hubo criterios diferentes. Nosotros pensábamos que con una propuesta de unos términos de referencia de seis meses podríamos llegar a los nuevos contratos. Las empresas pensaron que no era un tiempo adecuado y que debía ser mayor.

El Presidente dijo que el equipo que usted lideró no le había entendido...
Lo lideré pero por pedido del Presidente de la República...

¿Pero en qué no le entendió?

No le entendió en el concepto del nuevo contrato de prestación de servicios. El equipo negociador creía que estábamos hablando del antiguo contrato, que era el que anteriormente tuvo el Estado, mediante el cual se reembolsaban los gastos de las empresas y que en definitiva lo que generaba era un gasto dispendioso de la empresas porque al final el Estado siempre se lo reconocía. Lo que el Presidente les aclaró es que el nuevo concepto es el que nos manejaba. Es decir, señor calcule cuáles son sus costos y una tasa razonable de utilidad. Haga un cálculo económico y dígame cuánto cobra por extraer cada barril de petróleo. Eso es, desde nuestro punto de vista, más simple, más transparente.

¿Cómo se explica ese cuestionamiento del Presidente si el grupo negociador nunca planteó un contrato de esta naturaleza y más bien negoció una extensión del contrato de participación?
Por lo que le acabo de decir. Me parece que el equipo negociador no tuvo claro el concepto del nuevo contrato de prestación de servicios. Pero sobre todo negoció el contrato de participación porque no estaba establecido todavía el tiempo. Las fechas que se discutían era que podía ser un año o dos.

Entonces negociaron el contrato actual de participación en los términos que ya he mencionado.

¿Usted se incluye entre quienes no entendieron el mensaje del Presidente?
No me incluyo. Tal vez lo que no fue claro es una comunicación más expresa de cuál era el concepto del nuevo contrato. En eso asumo la responsabilidad.

Si el nuevo contrato de prestación de servicios va a ser distinto a los anteriores. ¿Quiere decir que el contrato con AGIP va a ser revisado?
Tiene que renegociarse. Ya he pedido oficialmente a Petroecuador que inicie ese proceso.

Usted dice que se respetarán los términos económicos de la negociación ¿Esto incluye los plazos de cada contrato?
No. Y en esto quiero ser muy claro. Vamos a modificar el contrato de participación con vigencia de un año. Los plazos negociados serán aplicables al nuevo contrato de prestación.

Pero los precios base sí se van a respetar. Y su definición generó un importante debate en Petroecuador...
Concretamente del señor Chang y del señor Zurita...

Qué era la cabeza de Petroecuador. Él dijo que nunca le quedó claro cómo se fijaron los precios base...

La primera cosa. El precio base es un valor referencial sobre el cual se calcula la participación del Estado por ingresos extraordinarios, en la proporción del 70 – 30. El precio base surge en la Ley de Equidad Tributaria. Por lo tanto es un nuevo concepto que nace en el 2008.

En la Ley no dice cómo calcularlo. ¿Por qué recién surge esto del precio base? Precisamente para calcular el ingreso extraordinario. El precio base es renta y el ingreso extraordinario es la diferencia entre el precio base y el precio de mercado. Por lo tanto ahí se establece la participación del Estado.

Pero fue un precio negociado...
Obviamente que hubo negociación. Pero quiero ser muy claro. El proceso fue absolutamente transparente. Todo el mundo tenía acceso a las mesas de negociación. Se contrató un equipo facilitador para que favorezca estos encuentros. Y los equipos negociadores lo hacían a la luz pública.

¿Técnicamente por qué los precios base fluctuaron entre 42,5 y 56 dólares?
Por los volúmenes de producción. Los niveles de producción hacen que los precios base se modifiquen. Esto también va a ocurrir con los contratos de prestación. Una cosa es distribuir los costos si se producen 50 000 barriles y otra si se producen 5 000.

En sus cálculos, ¿el incremento del precio base compensa el aumento en la participación estatal del 50% al 70%?

Si se tiene un precio base alto, la utilidad por precio extraordinario va a bajar. Pero, en cambio, se sube la participación. Ahora, matemáticamente el saldo es favorable para el Estado.

Usted ha dicho que la negociación se dará siempre que se cumplan dos criterios. Uno, que las compañías renuncien al Ciadi. Y el otro que paguen lo que adeudan por La Ley 42 y su reglamento. Pero ninguna de estas premisas se ha cumplido ¿Igual va a negociar?
La deuda de las compañías al 2 de julio es 2 656 millones de dólares. El monto pagado es de 1 748 millones y el saldo pendiente es 941 millones. De estos, unos 300 millones tienen un plazo de 30 días para pagar. Los 600 millones restantes están en disputas legales. Por eso nuestra propuesta es que terminen la reclamación ante el Ciadi porque cualquier Estado soberano tiene derecho a dictar sus leyes. Y esta Ley no modificó sus contratos.

Pero lo que ha ocurrido es que se ha dado una lluvia de demandas...
La lluvia de demandas comenzó cuando se dictó la Ley 42. Además no son exactamente demandas. Las empresas cuando van al Ciadi lo que están diciendo es que tienen una dificultad, una incomprensión en la aplicación de su contrato y que quieren que se abra un sistema de arbitraje que ayude a buscar una solución. De acuerdo a las normas del Ciadi este es un proceso que dura seis meses o más. Si no se llegara a un entendimiento recién ahí empiezan a presentar formalmente una reclamación. Por eso buena parte de las reclamaciones están en esa etapa.

¿Y si las empresas continúan los procesos ante el Ciadi?

Las empresas privadas saben que estar en el Ciadi es una situación riesgosa para ellas. Por lo tanto, buena parte de ellas, entiendo yo, se van a retirar del Ciadi si ven que este proceso de negociación va a determinar la seguridad jurídica para las partes.

¿Y si no lo hacen no hay negociación?
Si no lo hacen sería un contrasentido. Cómo reclamo al Ciadi por una norma que yo estoy cumpliendo. Y lo que les he pedido es que cumplan la norma. Y si cumplen la norma no tiene sentido que la demanden ante el Ciadi.

¿Pero la negociación va igual?
La negociación va a ir igual. Lo que les he dicho es que si vamos a tener un contrato no cabe que tengamos disputas sobre ese contrato. Lleguemos a un acuerdo. Paguen sus obligaciones...

¿Por qué se negoció con Petrobras si hay un pedido de caducidad?
El único que tiene capacidad legal para pedir esa caducidad es Petroecuador. Y no lo ha hecho. Yo recibí una información del ex Procurador, Xavier Garaicoa, la cual remití a Petroecuador para que hagan un análisis sobre el tema.

El Presidente pidió que el equipo negociador termine sus funciones. ¿Quién va a negociar lo de Petrobras?
La mayor parte de los contratos ya se negoció, por lo cual el trabajo de los negociadores ya concluyó. Si Petrobras quiere continuar el proceso tendrá que nombrarse un nuevo equipo.

La versión oficial sobre la salida de Zurita de Petroecuador fue que la producción estatal no alcanzó los niveles deseados.
Pero la actual administración anunció que no subirá significativamente ¿Qué acciones va a tomar?
La administración del contraalmirante Zurita no alcanzó las metas que se planteó. Además me parece que el señor Zurita tenía conceptos no claros en algunas cosas. Creo que no sintonizaba adecuadamente con la política de ir a esos nuevos contratos. No sintonizaba en los temas de política petrolera.

Sin embargo, la producción no va a crecer de todas maneras...

Vamos a crecer. Pero el tema no es de crecimiento de la producción sino de cumplimiento de metas. Se nos dijo que iba a crecer a 188 000 barriles diarios y eso no ocurrió. Eso fue un error. Y los errores se pagan...

¿Qué cambios está impulsando en Petroecuador?

La estructura de Petroecuador debe cambiar. ¿Qué es Petroecuador ahora? Es una Ley. No es una empresa, es una Ley. Y les he dicho que discutamos la posibilidad de crear una empresa estatal cuyo capital sea del Estado. Pero una empresa que funcione de distinta manera. Sin embargo, se satanizó esa propuesta y se dijo que ese el primer paso para la privatización.

¿La Unidad de contratos de Petroecuador va a pasar al Ministerio?

Eso está en una Ley que tiene el Presidente de la República. Nosotros creemos que no debe ser una empresa la que negocie los contratos sino el Estado, a través del Ministerio. Petroecuador tiene una cantidad de tareas administrativas que no se sustentan en ninguna práctica empresarial.

El campo Armadillo. ¿Es marginal o no lo es? ¿Cuál es su criterio?

Aquí también se dio una propuesta del contraalmirante Zurita de que el campo Armadillo debía ser desmarginalizado. La condición de marginalidad no la da el Ministro. Hay unos conceptos legales y técnicos que establecen que esos campos sean marginales. Y que a su vez están en un proceso licitatorio.

Por lo tanto la propuesta del contraalmirante Zurita de que vuelvan a ser campos de Petroecuador era legalmente inviable. Y él me pidió que se haga un pronunciamiento en este sentido. Yo le dije que formaríamos una comisión para que analice su pedido. Esa comisión se creó.

¿Quiénes estaban en la comisión?
El presidente de Petroecuador, un delegado del Ministerio de Economía y uno de este Ministerio. La comisión ya ha elaborado el informe y voy a convocar al CEL para conocerlo. La intención es que esos campos vuelvan a Petroecuador. Y yo preguntó ¿Está Petroecuador preparado para eso?