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El nuevo modelo de las móviles PDF Imprimir E-Mail
Revista Vanguardia   
martes, 15 de julio de 2008

El CONATEL tiene listo el contrato que firmará con Movistar y Porta. Nuevos índices y sanciones se les exigirá.

 

El contrato de concesión para Porta y Movistar está listo. La semana pasada, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró la negociación con Movistar y según el titular del Consejo, Jaime Guerrero, Porta se allanará a lo negociado con su competidora.

Del proceso de negociación, hasta ahora, se conoce poco: el valor que pagarán las telefónicas, el período de la concesión y los techos tarifarios. Pero el contrato de concesión va más allá de los ingresos que recibirá el Estado por el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico. La forma de pago de la concesión, los parámetros de calidad, la cobertura, la disponibilidad de centros de atención al usuario, el servicio al cliente, el régimen sancionatorio y la solución de conflictos son algunos de los elementos que también se incluyen en el documento.

Según el método matemático que propuso el Conatel, Porta pagará 480 millones de dólares por los 15 años de concesión, de los cuales 289 millones serán cancelados en el momento de la firma del contrato. Por su parte, Movistar cancelará 206 millones de dólares. De ellos, 60 millones de dólares pagará en el momento de firmar el contrato y 30 millones después de un año. Ambas operadoras entregarán el 3,93 por ciento de la facturación trimestral durante los 15 años siguientes, para así completar el valor de la concesión. Pero las telefónicas también deberán cumplir con los parámetros de calidad que el Conatel ha previsto en un anexo.

“En los últimos 15 años ha sido difícil controlar la calidad de las telefónicas —explica Jaime Guerrero— porque han cambiado al menos tres veces de tecnología y los parámetros de calidad vigentes no contemplan a los sistemas actuales”. De ahí que en la negociación se haya establecido que el Consejo redefinirá las normas de calidad basado en la tecnología que ofrezcan las móviles.

A diferencia de los siete indicadores de calidad que actualmente mide la Superintendencia de Telecomunicaciones, el anexo de los futuros contratos incluye 12 parámetros que están divididos en técnicos y de percepción. En el aspecto técnico, existen 10 indicadores que medirán, entre otras cosas, la cobertura, la calidad de la voz que recibe el usuario, el porcentaje de llamadas caídas y el porcentaje de mensajes no enviados.

Sobre la cobertura que se exigirá a las móviles no hay mayor preocupación en el Conatel. La razón, según los negociadores de los contratos que hablaron con Vanguardia, es que actualmente las móviles tienen una cobertura que supera el 95 por ciento de la población y, de acuerdo con los planes de expansión de las mismas, ésta se incrementará con el tiempo. No obstante, el contrato que se firmará incluye la cobertura de carreteras principales y secundarias del país y las poblaciones de más de 5 000 habitantes. Además, las móviles deberán informar en su publicidad cuál es su cobertura real.

Si bien el documento no incorpora cláusulas específicas para el establecimiento de centros de atención al usuario, el Estado ha previsto diversos mecanismos de atención como acceso a la internet o servicios remotos. “Por ejemplo, que el cliente —asegura uno de los técnicos negociadores— en lugar de ir al centro de atención al usuario envíe su teléfono por correo y la operadora móvil lo devuelva arreglado”.

Pero también existen dos parámetros que no son técnicos: la obligatoriedad de las empresas de entregar información actualizada y la percepción de los clientes de la calidad del servicio.

De ahí que la Superintendencia y el Conatel deberán estar enterados de cada cambio, ya sea tecnológico o jurídico, que las empresas realicen. En lo que a percepción se refiere, las operadoras deberán consultar a sus clientes, mediante encuestas, qué piensan de su servicio. La empresa deberá enviar los resultados a la Superintendencia de Telecomunicaciones, la cual validará y monitoreará la información.

¿Cómo sancionará el Estado las inobservancias? El régimen sancionatorio que se implementará toma en cuenta tres temas: el cumplimiento de los parámetros de calidad, las interrupciones del servicio y las obligaciones administrativas y jurídicas. Las sanciones estarán indexadas al salario mínimo vital y contienen cinco clases de sanciones: la primera es amonestación escrita, la segunda es hasta 100 000 dólares, la tercera hasta 250 000 y la cuarta hasta 1 000 000. La última es la reversión de la concesión que se establecerá si la telefónica es reincidente en una falta de cuarta clase en un período de dos años como que el 20 por ciento de la red se caiga durante 4 horas. O si no informa enajenaciones legales de la empresa.

Uno de los inconvenientes de los contratos vigentes es que la mayoría de sanciones han sido apeladas. De ahí que el Consejo haya previsto una solución. "El debido proceso no puede quitarse —dice otro negociador— a nadie en el país, pero si la operadora quiere apelar a una sanción de primera y segunda clase deberá cancelar previamente el valor". Para las sanciones de tercera y cuarta clase, la telefónica presentará una garantía bancaria hasta que se resuelva su apelación ante el Consejo de Telecomunicaciones o ante un tribunal de lo contencioso administrativo.

Pero los incumplimientos contractuales, como la calidad —agrega uno de los negociadores— bajo ningún concepto podrá entrar a arbitraje. Esto porque la solución de controversias, que se efectuará en el país, sólo estará vigente para los efectos que causen la terminación unilateral, la reversión y la nulidad del contrato.