Hasta ahora, el golpe al grupo Isaías deja réditos al gobierno: cumple con una promesa electoral y se convierte en administrador del mayor polo televisivo del país. Esto sin aparente costo, pues dejó a los Isaías sin recursos de defensa. Tras esa movida, el régimen patea el tablero del sector que ha sido más irreductible a sus mecanismos y actitudes: los medios de comunicación. Vanguardia analiza cómo ahora él puede, si quiere, competir deslealmente contra ellos.

EL GOLPE MAESTRO

Los Isaías quedaron sin medio y sin medios
Los Isaías fueron linchados jurídicamente hace años: lo dice uno de sus amigos consciente de que todos sabían, en esa familia, que su caso, bien al margen de lo que decidieran los jueces, simbolizaba un trofeo político para cualquier gobierno. Por eso no les extrañó que en esta administración se hubiera reactivado el pedido de extradición a Estados Unidos de Roberto y William Isaías, principales de Filanbanco. Esa presión, con alto interés electoral para quien la emprendiera, estaba contemplada en sus cálculos.

Pero los Isaías nunca pensaron que el gobierno de Rafael Correa pudiera incautar todas sus empresas, blindar esa decisión en la Asamblea y tomar sus canales de Tv y sus otros medios de comunicación. “¿Cómo íbamos a imaginar una locura de este tipo —dijo a Vanguardia Estéfano Isaías desde Miami—. Esto no ha pasado ni en las peores dictaduras”.

¿Cuándo se inició el caso Isaías? Esa inmensa carpeta, de más de cinco mil fojas, reposa en la Corte Suprema de Justicia que, ahora, al calor de los eventos, parece decidida a reabrirla pensando en que es posible ponerle un punto final. Lo cierto es que los Isaías han vivido los diez últimos años sabiendo que, en la opinión pública, tenían perdido el direferndo con el Estado. Su caso nunca ha sido popular. Por el contrario.

Y las actuaciones, el tono y la forma de algunos de sus lugartenientes —en TC Televisión y en Cablenoticias, en particular— hicieron pensar a muchos que ejercían el periodismo a partir de una línea que dividía a amigos y a enemigos.

A defensores de su grupo económico y a sus impugnadores. Una lista de indeseables circulaba en algunas de sus salas de redacción…  Desde hace diez años, entonces, los Isaías miraban interesadamente hacia la Corte mientras que manejaban sus medios de comunicación en una forma que un amigo de ellos califica de “ambivalente”.

Esa era la característica de las reuniones semanales que los directivos de los medios hacían con Estéfano Isaías. Jorge Kronfle, gerente de TC Televisión, encarnaba —dice la fuente— la pasión y la irracionalidad tropical.

Lolo Echeverría, vicepresidente de Noticias de Gamavisión, hasta el martes 8 de julio, la mesura y la formalidad periodística. Dos visiones que el rating zanjó, casi siempre, a favor de TC Televisión y de sus fórmulas exitosas, comercialmente, que incluían una farandulización de la información y una opción abierta por la crónica roja.

El triunfo electoral de Rafael Correa mantuvo la división conceptual en un grupo que, según los datos de junio de Ibope, suma el 38,8 de la audiencia en los hogares (TC+Gamavisión+UHF+Ca ble). Una franja pregonó, ante la popularidad del Presidente, la discreción editorial y la búsqueda de puentes. Otro sector pensó que, ante un hombre totalmente impredecible, lo peor era mostrarse humilde y bajar la cabeza para recibir un mazazo que, en su análisis, pronto o tarde vendría… El régimen por su lado no hizo diferencia: las posiciones de TC le causaban tanta roncha como el programa Buenos Muchachos en el cual creía ver una estrategia irónica para atacar al Presidente.

“Correa también fue ambivalente”, dice la misma fuente. El Presidente siempre habló de banqueros corruptos para referirse a lo sucedido en 1998. No obstante, tardó largos meses para incluir por su nombre a los Isaías dentro del bloque de medios que, a sus ojos, ejercía un periodismo cuestionable. En la misma línea trató con deferencia a Gonzalo Ruiz, periodista que trabajaba en Gamavisión e incluso aceptó ser entrevistado por Rodolfo Baquerizo, uno de los presentadores más identificados con el grupo Isaías.

¿Por qué tardó año y medio para cumplir una promesa hecha en la campaña electoral? Un ex ejecutivo de una empresa incautada avanza una respuesta: “Si le siguiera yendo bien al Presidente con la opinión, si no temiera perder en el plebiscito, nunca hubiera tocado a los Isaías”. Respuestas convincentes no ha dado el Régimen. Y fue el propio Presidente quien, en un giro que pareció una explicación no solicitada, dio a entender que anteriores administraciones de la AGD y de la Superintendencia de Bancos pusieron trabas a sus empeños. Lo innegable es que el famoso atraco bancario del 98, como lo llama el régimen, fue un encargo específico que el Presidente hizo a Gloria Sabando en enero pasado. Tres meses le dio a la Superintendente de Bancos para que él pudiera cumplir la promesa hecha a los electores. Y en esa línea caminó. El 26 de febrero la Junta Bancaria resolvió autorizarla para que apruebe el informe presentado por Deloitte & Touche, el cual determinaba pérdidas de Filanbanco por 661,5 millones de dólares. En la AGD también se movieron las frutas. El gerente de entonces, Oswaldo Padilla, comenzó una investigación de las empresas Isaías. La institución pidió a la Superintendencia de Compañías el listado de los socios fundadores de cada una de ellas y su historial de transferencias de acciones, pues —según dijo un funcionario de la AGD— se esperaba que los Isaías no figuren como accionistas.

Y el 11 de junio, Lola Herboso, durante su paso fugaz por la gerencia de la AGD, recibió el informe final. Con esto se completaba la información para proceder a la incautación. Pero la decisión tardó en tomarse. El ex Ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, no apuró el proceso —según dijo a Vanguardia, un funcionario de AGD—. Ortiz no devolvió las llamadas para dar su versión. Juan Falconí Puig dijo a esta revista que él no sabía de dónde El Telégrafo había sacado información para afirmar que él había participado en la decisión de incautar las empresas de los Isaías.

La realidad es que este abogado, públicamente conocido por su bronca con ese grupo, apoyó el camino recorrido que llevó a la incautación. “Ha ayudado —dijo una fuente cercana al Gobierno— paso por paso”. Falconí no lo reconoce así. Y aunque dice que “él no está haciendo”, que se ha limitado a tratar “temas profesionales” con el asesor jurídico de la Presidencia y que desconoce “el modus operandi” de la administración, es más incisivo y mucho más solvente, en sus explicaciones, que Carlos Bravo, presidente de la AGD. Con él comparte, en forma absoluta, los argumentos jurídicos que amparan, a los ojos del régimen, la legalidad de esta acción.

En este caso, el gobierno vuelve a beneficiarse de la diferencia que ha establecido entre legal y legítimo. Lo legal lo administra porque hay leyes e instancias que políticamente le otorgan la razón. Lo legítimo lo miden los sondeos. Y el régimen sospecha que pocos ciudadanos condenarán la incautación.

Por eso, en el corto plazo su victoria es absoluta: dejó a los Isaías sin medio y sin medios en el país. Bloqueó mediante la Asamblea su capacidad de reacción jurídica. Acuñó el discurso, correcto políticamente, de que rematará esos bienes cuanto antes. Y ahora cuenta entre sus activos el 39% de la audiencia televisiva del país. Es un golpe maestro sin costo alguno, en apariencia. Las amenazas de Estéfano Isaías y los abogados de recurrir a instancias internacionales poco parecen preocuparle.

EL GOLPE MEDIÁTICO
De un toque gana un tercio de la audiencia
El presidente Correa dijo una perogrullada: tener medios de comunicación entre sus empresas, no otorga impunidad a los Isaías. Ni a nadie.

Pero esos medios de comunicación son un cuchillo de doble filo en manos del gobierno. Lo deja entrever el propio José Toledo, quien dijo a Vanguardia que no hubiera aceptado ser el vicepresidente de noticias de TC, Gamavisión y Cablenoticias si el régimen hubiera incautado únicamente los medios de comunicación. Verlos en la lista de las empresas confiscadas diluye, entonces, el problema, pero no lo soslaya. En ese caso, para seguir en la lógica gubernamental, el dilema no era si debían o no ser incautados. La pregunta sin respuesta es : una vez incautados, ¿qué harán con ellos? Las primeras señales dan cuenta de que el régimen procesó la disyuntiva política y no técnicamente.

Enrique Arosemena, administrador de la AGD en los canales, es un hombre que proviene de Ecuador Tv. Jerárquicamente él respondía, en ese canal, a Vinicio Alvarado, secretario General de la Administración. José Toledo, un periodista que tiene 21 años de oficio, es ahora vicepresidente de noticias de los canales intervenidos.

Y él mismo admite que su jefe es, en los hechos, Enrique Arosemena. Además, el pedido de colaborar se lo hizo directamente el Presidente de la República. Y fue él quien le pidió postergar su charla con Rebeca Eljuri, para comunicar su decisión de abandonar Telerama donde trabajaba desde hacía dos años, con el fin de que no se filtrara la información de la incautación. Esta charla tuvo lugar en la reunión, del lunes 7 de julio en la noche en Carondelet, en la cual se decidió, pasada la medianoche, embargar las empresas del grupo Isaías. ¿Por qué a Toledo lo hicieron partícipe de una decisión política que nada tiene que ver, según el régimen, con la tarea periodística que está llamado a cumplir? El paso de Enrique Arosemena a esos canales indica que su labor en Ecuador Tv ahora es secundaria y que su administración no será tan fugaz como lo deja suponer la versión oficial.

Su afirmación inicial de que cambiará la línea editorial fue rectificada, según Carlos Vera. Pero esa misma versión es la que dio Arosemena a Lolo Echeverría, cuando le corroboró, por teléfono, que había sido destituido de su cargo en Gamavisión. Es decir, los enviados por el Régimen sí cambiarán los contenidos editoriales en canales que, supuestamente, tienen que retornar al sector privado. Un cambio que Toledo dice querer hacer para “equilibrar la información como debe ser y que antes no ocurría”. Toledo (ver entrevista) da por sentado que su intervención será meramente técnica y que estará día a día expuesta al escrutinio de los televidentes y de los analistas.

Con todo, el régimen no ha establecido públicamente una suerte de compromiso ético para no usar, como parte de la opinión sospecha, esos canales a su favor. Y Xavier Lasso, director de Ecuador Tv, también es partidario de que debe haberla. De que el gobierno tiene que ser de una escrupulosidad a toda prueba. Por lo pronto, Carondelet ya suma puntos a su favor. Desactivó las armas más importantes que tenía el grupo más polémico del país en un momento en el cual soplan fuertes vientos de extradición para los hermanos Roberto y William Isaías.

“¿Alguien puede imaginar lo que hubiera ocurrido —se pregunta una fuente cercana al círculo presidencial— si esa extradición se diera en plena campaña electoral y con esos canales en manos de ellos?” El gobierno, en esa visión, no sólo desactivó el poder mediático de los Isaías. Los dejó —dice la misma fuente— sin recursos en el país para financiar campañas políticas y campañas informativas. Si se agrega que esos canales ya no tendrán posibilidades de tener una opinión editorial sobre sus temas afines (Filanbanco, la extradición…), que el espacio que perderá la oposición la ganará el gobierno (es ese el equilibrio del cual se habla), el régimen ya obtuvo enormes réditos mediáticos. La línea directa que tiene hoy Carondelet con Arosemena y Toledo (así no haya sido usada por nadie, según Toledo) tiene un valor informativo que nadie en el régimen había imaginado cuando se inauguró el canal del Estado. Hoy el régimen si quiere —y no ha creado mecanismos estructurales para prohibírselo— puede disponer del grupo de comunicación más poderoso del país.

 EL GOLPE DE PODER
Correa no tiene ante quién rendir cuentas
El presidente Correa ha tenido desde su llegada a Carondelet una idea curiosa de lo que deben ser, a sus ojos, los medios de comunicación. Por eso, los ha querido convertir, salvo algunas excepciones, en sus contradictores políticos. Los sondeos, incluso los que maneja el régimen, prueban que la opinión no ha seguido en ese punto al Presidente, empeñado en deslegitimar la labor periodística independiente.

Sin embargo, el nuevo panorama mediático luce de una comodidad envidiable para el gobierno: hoy controla cerca del 40 por ciento de la audiencia en televisión. Además puede desarrollar el canal estatal cuya penetración es tan nimia que, por ahora, no figura en ningún estudio serio de rating pero que goza, como El Telégrafo, de flujos inagotables del erario público.

Se agrega que Teleamazonas pasará en dos años, según los designios de la Asamblea Constituyente, a otros dueños.

Y que el régimen cuidará que no sean adversarios. Y la Superintendencia de Telecomunicaciones ha puesto una dosis de nerviosismo que desalentará más de una veleidad: entre las frecuencias retiradas o en proceso (por muchos motivos) también figuran algunas conocidas por su abierta oposición política al régimen… Punto suplementario: el gobierno tiene la posibilidad de crear una presión desleal, desde el punto de vista comercial (como hace El Telégrafo en Guayaquil), con otros medios de comunicación.

Todos esos márgenes recortados no coartan pero sí reducen, en general, la libertad de expresión.

La pregunta, que no encuentra respuesta oficial, es ¿cómo evitar que esa suma de circunstancias, favorables políticamente para el régimen, termine reduciendo primero y coartando después la libertad de expresión? La única respuesta, por ahora, viene de los encargados de los medios que juran —como lo hace José Toledo— que “no me debo absolutamente a ninguna línea editorial de personaje alguno”.

Y que van a precautelar la libertad de expresión. ¿Quién les toma institucionalmente cuentas de aquello? Nadie. Su conciencia. En ese plano, el régimen ha tolerado —y tolera aún— ciertas muestras de independencia editorial que hace que Vinicio Alvarado considere, puertas adentro, a El Telégrafo como un diario de la oposición. Esto puede hacer sonreír a algunos militantes de la oposición, pero muestra el rol que quisiera ver jugar el Secretario de la Administración a los medios de comunicación que administra el Estado.

En esa línea, hay una división, en Carondelet, entre lo que Rafael Correa y su círculo consideran “los impolutos” y los que, a sus ojos, se mojan realmente el poncho. Entre los primeros están, por ejemplo, Xavier Lasso y Rubén Montoya, que mantienen una línea independiente y distante de la posición de Vinicio Alvarado. Y de ciertas prácticas gubernamentales.

¿En qué campo se inscribirá José Toledo, cuyo hermano, Juan Carlos, sigue siendo un baluarte para el Presidente a pesar de ser cónsul en Miami? Lo prueban sus continuos viajes entre esa ciudad y Quito.

Lo único cierto por ahora son tres cosas: el régimen, gracias a la incautación de bienes a los Isaías, dio un golpe mediático inesperado. Dos: nadie sabe qué uso real hará de los medios ni cuándo los devolverá al sector privado. Tres: no tiene ante quién rendir cuentas y su único contrapeso real en el manejo periodístico depende de la conciencia profesional de las personas que, por su voluntad, están en esos cargos. Por lo visto, la paradoja sigue siendo un ingrediente pródigo en este gobierno.