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La maquinaria estatal no camina PDF Imprimir E-Mail
Revista Vanguardia   
martes, 29 de julio de 2008

El presidente apuesta a la inversión pública para crecer. Pero hay ineficiencias. Hasta ahora sólo se ha gastado el 28% del total.

 

El escaso crecimiento de la economía es el karma de este gobierno. Y la ineficiencia en la gestión pública le pisa los talones. Lo uno tiene que ver lo otro. La apuesta del régimen es alcanzar un crecimiento sostenido basado, casi exclusivamente, en la inversión pública. De ahí el fracaso del año pasado. Mientras se esperaba que ésta alcance 12% del PIB, sólo se concretó un 8,4%. Esto hizo que el gobierno ni siquiera pueda cumplir con la modesta meta de crecimiento que se había planteado, del 2,65%, y tenga que aceptar, a regañadientes, que la economía apenas creció al 1,9%.

El presidente Rafael Correa sabe el dilema que enfrenta. Por un lado, ve al sector público como el motor de la economía. Pero, a la vez, reconoce sus limitaciones en la eficiencia de su gestión.

Por ello fustiga a sus ministros en privado y los cuestiona en público. En las sesiones de Gabinete, Sandra Naranjo, su asesora presidencial, es la encargada de exponer algunos ejemplos que muestran la lentitud en los avances de los proyectos. “Es una vergüenza —dice un alto funcionario público— a lo que se enfrenta el ministro o funcionario encargado de esos proyectos”. Aunque este colaborador acepta que tal control es necesario para sacudir el tortuguismo estatal, lamenta que los llamados de atención del Presidente salgan de la esfera de lo privado.

A pesar de ello, la maquinaria no camina. Las cifras oficiales del Ministerio de Finanzas dan cuenta de que la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión sólo alcanzó el 28% en el primer semestre del año. Es decir, sólo se han gastado 745 millones de dólares de los 2 633 millones que deben ejecutar los ministerios. En el campo sectorial (que incluye otros protagonistas) la situación es similar.

Hasta junio sólo se han devengado 1 521 millones de dólares de 5 440 millones que constan en el presupuesto estatal.

Los casos más dramáticos son los de los ministerios de Gobierno y de Industrias. Aquel sólo ejecutó el 0,3% de su presupuesto y el segundo, el 1,9%. (cuadro). El primer caso tiene una explicación. Casi la totalidad de los 136,8 millones de dólares de su presupuesto de inversión está destinada al Plan de Seguridad Ciudadana, cuyo operador será la Unidad de Ejecución Especializada que se creó recién en mayo. Por ello, en los reportes de avance presupuestario, las asignaciones tan sólo aparecieron en junio y en julio.

Una justificación así, fue justo la que no tuvo Raúl Sagasti. Y eso le costó su puesto. El Ministerio de Industrias propuso doce proyectos de los cuales la mitad no ha arrancado. Entre ellos, está el programa estrella de esa cartera: el de promoción de innovación tecnológica y compras públicas. Según los reportes provisionales de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas, hasta julio sólo se gastó el 6,6% de 1 500 000 dólares que constan en el presupuesto. Petroecuador no escapa a este atraso.

Hasta junio sólo ejecutó el 20,6% de los 456,5 millones de su presupuesto de inversión. Los casos más graves son los de Petroindustrial, con apenas el 2,9%, y Petrocomercial, con el 3,7%. El Bloque 15 es el que mejores resultados arroja: En el primer semestre, la administración ha gastado 241,4 millones, de los 502,1 millones presupuestados (ver cuadro). La limitada ejecución no sólo es presupuestaria. Por ello el presidente Correa ha enviado a su asesora para que recuerde al Directorio cuáles son los proyectos que están retrasados.

Y ha logrado que algo se mueva. En la siguiente sesión del 13 de junio, el Directorio resolvió calificar de prioritario el proyecto Sísmica en el Golfo de Guayaquil y acelerar la firma de contratos para incrementar la producción de los campos maduros.

Los números muestran —con sus limitaciones— que la teoría presidencial del crecimiento impulsado por la inversión pública olvidó una variable: la eficiencia de la administración pública. A la cual, sin embargo, el presidente Rafael Correa sigue ahogando con una gran cantidad de recursos provenientes del petróleo. Y aunque en su discurso resta importancia a la inversión privada, es justamente ésta la que le ha permitido, incluso, cumplir con algunos compromisos electorales. Por ejemplo, la inversión que hasta abril debía hacer Petrocomercial para colocar cuatro islas de abastecimiento de gas en las gasolineras de su red en Guayaquil, no se ha efectuado aún. Y el Presidente no quiso esperar. Y peor extender el plazo. Por ello el seis de junio inauguró, con bombos y platillos, la estación que construyó la petrolera Repsol.

La eficiencia, sin embargo, no puede medirse solamente a partir de las cifras presupuestarias. Para ello, la Senplades creó la Subsecretaria de Seguimiento y Evaluación. Y cada cuatrimestre elabora un informe sobre los avances de los proyectos de inversión y lo entrega al presidente Rafael Correa.

La muestra es limitada. Por ello sus resultados no reflejan, necesariamente, la situación global de la inversión pública en el Ecuador. Pero sus conclusiones son interesantes. Sólo 56 de las 110 instituciones presentaron información sobre la programación y avances de sus proyectos. De los 447 proyectos que están a cargo de estas instituciones, el 38% no tenía programación en el primer cuatrimestre, el 37% estaba en ejecución y el 25% no mostraba avances concretos.

Para la Senplades, las razones son varias. Y si bien muchas tienen que ver con la gestión de los ejecutores (ministerios, municipios...), una gran parte de ellas tiene que ver con la actual estructura de contratación pública. Así, en su informe detalla los principales problemas que encontró: mala programación de los proyectos, retraso en la transferencia de recursos financieros, demora en los procesos de contratación pública, ausencia de monitoreo y evaluación de proyectos, débil coordinación institucional… Sus recomendaciones no pueden ser más reveladoras: mejorar los estudios del proyecto, crear un instituto de pre inversión, mejorar la gestión administrativa de las instituciones públicas y modificar la Ley de Contratación Pública —lo cual ya fue aprobado por la Asamblea la semana pasada—.

Aunque el Ministerio de Finanzas y la Senplades muestran la realidad desde dos esferas distintas, sus cifras conducen a una misma conclusión: el exceso de recursos financieros ha empezado a ahogar a una administración pública cuya gestión no es elástica a los regaños presidenciales.