REVISTA VANGUARDIA Si se mueve se sale de la foto | Si se mueve se sale de la foto |
|
|
|
| Revista Vanguardia | |||||
| martes, 29 de julio de 2008 | |||||
Página 1 de 3 ¿Por qué Correa dijo que hay in filtrados? ¿Por qué dice que la oposición está en su movimiento? Vanguardia muestra por qué el líder de país pasó a otra etapa tras el fin de la Asamblea. Y por qué los disidentes quedarán fuera de juego. Nadie duda de que el presidente Correa llegó con una aplanadora que ha usado no sólo contra sus adversarios políticos. La nueva pregunta, que pocos se han formulado, es por qué la dirige ahora contra sus amigos y aliados. Mejor aún: por qué lo hace en un momento en el cual requiere ampliar el campo de aquellos que deben hacer campaña por el Sí en el referéndum. Y este imperativo no es hipotético: los sondeos dicen que aún hoy, con el enorme golpe mediático que representó la incautación de los bienes de los hermanos Isaías, sigue ganando el No. El régimen necesita, y prepara, otros golpes de efecto. Rafael Correa habló de infiltrados en su movimiento el mismo día que en Montecristi se terminó la redacción del proyecto constitucional. Su intervención parecía desafortunada tras la jornada maratónica de más de 26 horas de trabajo que se impusieron sus asambleístas para cumplir con el plazo fijado. Y la palabra escogida no pudo ser peor, pues en la izquierda se sabe que infiltrado es un término estrictamente policial para señalar a un enemigo. Un enemigo que, inmediatamente descubierto, debe ser depurado. “Infiltrado —dice un exegeta de la izquierda— es un tira”. El Presidente no solamente habló de infiltrados. Dio un número (20) y previno que dará sus nombres después del referéndum. En claro, dio a entender que han monitoreado sus posiciones, que saben que coinciden y que su salida de Acuerdo País ya tiene un plazo. En claro, que se viene una depuración. Son demasiadas pistas para creer —como algunos asambleístas se obstinaban en hacerlo hasta la semana pasada— que se trata de un exabrupto más. O, a lo sumo, de un efecto imprevisible de la tensión que reinó en la Asamblea y en Carondelet durante las 26 horas que duraron las reuniones del viernes 18 al sábado 19. ¿Qué esconde, entonces, la amenaza presidencial enfocada, esta vez hacia sus amigos y aliados? Vanguardia analiza este caso que devela una nueva etapa del periplo político que sigue Rafael Correa. LA VERSIÓN OFICIAL Ni es todo lo que dice ni dice todo lo que es El presidente Correa habló de infiltrados en su movimiento, Acuerdo País, el sábado 16. Desde entonces, él y su entorno han tratado de bajar el tono de la confrontación interna de dos maneras: circunscribiendo el hecho y convirtiéndolo en un lío de principios. El hecho es que se produjeron tres votaciones en las cuales el oficialismo se dividió. Y el principio es que, según Gustavo Larrea, “el problema surge cuando no se cumplen los acuerdos a los cuales se ha llegado colectivamente”. En claro, la intervención del Presidente, fue una llamada de atención. En ello coincide con Ricardo Patiño, ministro de la Política. Pero el ministro de la Seguridad Interna y Externa interpreta el mensaje: “Compañeros, ojo que aquí no es que cada uno hace lo que le da la regalada gana”. La versión oficial se ha mantenido en ese tono. Que no hay agendas personales y que una vez que se discuten los temas y se vota, todo el mundo debe caminar al paso. O irse de Acuerdo País. Sin embargo, las versiones que hay entre asambleístas de Acuerdo País dicen que el régimen procesó mal el debate político y mezcló supuestos acuerdos con arreglos de cuentas. En el tema del kichwa el Presidente, para oponerse a que fuera declarado idioma oficial, argüyó que es oral, que desde hace poco es escrito, que imponía costos económicos muy altos y que parecía absurdo que un joven manabita fuera a preferirlo antes que al inglés. Esos fueron, precisamente, parte de los argumentos que contestó por la unidad de análisis de la Presidencia de la República. Lo hizo en un memorando de dos páginas y media con fecha 17 de julio. El Presidente lo conoció pero prefirió —como lo hizo el buró político— repetir que las implicaciones iban más allá que el texto constitucional. “Implicaban —dijo el miércoles 23 una fuente del gobierno— ampliar la burocracia y emitir toda la documentación privada y pública en kichwa”. En la Asamblea sabían que estas tesis habían sido desechadas por esa unidad de análisis político y que, en forma expresa, había subrayado la necesidad de declarar ese idioma como lengua oficial. Además había otra realidad que describe Virgilio Hernández, de Alternativa Democrática: “el reconocimiento de esa diversidad del país ha sido una bandera histórica de la izquierda. Me es imposible votar en contra de un elemento que creo que es consustancial a la definición del Estado Plurinacional que la Constitución ha adoptado”. ¿Por qué, entonces, se opusieron Correa y los suyos a un hecho que en el bloque a muchos parecía evidente? Y esto era tan claro que el ministro Larrea ratificó el martes en la noche a esta revista, antes de su viaje a Washington, no estar de acuerdo en tener dos idiomas. La lectura, hecha puertas adentro de Acuerdo País por aquellos que, finalmente, incluyeron el kichwa en la Constitución, arroja dos luces más: quien hizo la propuesta fue Alberto Acosta y, en las condiciones actuales, ni el Presidente ni el buró le iban a dar un triunfo político. Dos: la bronca de Correa con la Conaie, y con Mónica Chuji en particular, prosigue. Y cuesta al Presidente no volver personal un problema político… En el tema jubilados, el régimen, todavía hoy, habla de confusión. La versión del buró es que Norman Wray fue quien trató de llegar a un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Movimiento Popular Democrático. Pero sus cifras no concordaban. Según el Ministerio, por cada jubilado se podían pagar tres maestros. Para el MPD la jubilación implicaba un ahorro para el Estado. Alguien mentía. Wray comunicó esas inconsistencias al Presidente. La posición del régimen (bajar las cifras exorbitantes pedidas por el MPD) parecía racional al grupo de asambleístas. Pero imposible de implementar en los hechos porque significaba pedir a los maestros del propio bloque que voten en contra de su causa. Eso explica el bajo número de votos obtenidos en la reconsideración. La Corte fue el mayor problema, pero fue un problema anunciado. Alexis Mera había pedido ser recibido en la Mesa 8, que manejaba el tema y presidía el padre Fernando Vega. Lo recibieron. Allí, el asesor jurídico del Presidente comprobó que no había ambiente para meter la mano en la Justicia. Carondelet insistió, sin embargo. Y días antes de someter el tema a votación, el buró pidió, mediante un celular abierto en medio de la mesa, que se dejara el tema en espera. Se habló de una negociación en curso. Y muchos miembros de Acuerdo País hicieron preguntas. ¿Con quién se negociaba? ¿Cómo se había llegado a la conclusión de que se quedaran diez magistrados? ¿Por qué se quedarían los mejor calificados y no los mejor evaluados? Finalmente, el texto que llegó a la Asamblea incluía un artículo para que los magistrados que se hubieran renovado primero sean escogidos de los 11 que deberán integrarse una vez que se apruebe la Constitución. Con ello, los 10 magistrados que se hubieran quedado en la Corte Suprema habrían permanecido en sus cargos por lo menos nueve años. “Con uno sólo que el régimen hubiera virado —dijo el exegeta de la izquierda— tenía mayoría y Corte a su servicio”. Y ese fue el debate que dividió a Acuerdo País. Entre aquellos que, sin decirlo, querían una Pichicorte y aquellos que rehusaban meter mano a la Justicia. La fórmula escogida (a la postre se irán todos) no asegura, en absoluto, la independencia de ese poder. La calidad y probidad de los nuevos magistrados dependerán del control ciudadano; un ejercicio al cual se anota desde ahora el mismo Alberto Acosta. |
|||||