La Conferencia Episcopal Ecuatoriana se volvió una pesadilla para el régimen. Y esto fue evidente en Puembo, donde se reunieron, el miércoles 6, el Presidente, sus ministros y colaboradores, estrategas y miembros del buró de PAIS. Este taller buscaba, entre otras cosas, unificar la estrategia gubernamental para mercadear, con el apoyo de los ministros, la nueva Constitución. Pero también allí emergió la preocupación por el impacto que puede tener en el referéndum la posición, calificada de política, de la cúpula religiosa. Los sondeos, en los cuales el régimen cree, señalan que la opinión pública rechaza la pugna que el gobierno mantiene con la Iglesia Católica.

El régimen no contaba con este problema. El artículo 45, cuya redacción definitiva, hecha a última hora, por un pequeño grupo de asambleístas y aprobada por el Presidente antes de llegar al pleno, quiso cortocircuitar dos tendencias irreconciliables. Por un lado, la presión externa expresada por las iglesias y asambleístas como Rossana Queirolo y Diana Acosta, Por el otro, la demanda interna de militantes que veían que en esos temas Acuerdo País, en vez de avanzar, ni siquiera iba a igualar el espíritu de la Constitución del 98. La coma famosa que separa en dos la segunda parte del artículo no es un hecho fortuito: es la prueba fehaciente de que el régimen, sin posibilidades políticas para zanjar el problema, pensó que lo más aconsejable, era ser jurídicamente ambiguo. Los ojos en Montecristi nunca dejaron de estar puestos en el referéndum.

Los obispos católicos no bebieron en esa fuente. E hilando fino unieron ese artículo con el de “los derechos sexuales y reproductivos” y otros tres temas y los declararon “no negociables”. En su comunicado dicen que allí no se agotan los puntos “que son de importancia para la conciencia cristiana”: en claro, tienen más argumentos y razones para militar por el No.

Ni Rafael Correa ni nadie en su entorno habían previsto una reacción tan frontal por parte de la cúpula católica. El perfil de creyentes y practicantes, que ostentan algunos de ellos, la certeza de que otros cercanos al Presidente son devotos del Opus Dei, parecían ser argumentos suficientemente disuasivos ante las acusaciones de movimientos como Provida y Familia. Sin embargo, la jerarquía católica no solamente marcó diferencias con el texto constitucional: prometió una campaña o catequesis destinada a explicar los puntos incompatibles del proyecto constitucional con la doctrina de la Iglesia. El Presidente, que es experto en esos temas, entendió el mensaje: la Conferencia Episcopal dice No al referéndum y movilizará a la feligresía en contra de su Constitución.

Rafael Correa, acostumbrado a no tener oposición, no esperaba un ejército comandado por obispos. De ahí las oscilaciones que han tenido él y los suyos en este tema. En un inicio el Presidente usó la herramienta que mejor conoce: la oligarquía —dijo— también tiene sus curitas. Sobreentendido, el mensaje de la Conferencia Episcopal tiene perfume pelucón pero no todos los obispos piensan como Antonio Arregui. En esa línea, usó igualmente una táctica vieja en política: particularizar la acusación y tratar de minar públicamente al contrincante. Por eso dijo que los prelados "Cuidado la iglesia se me está alineand o con ciertos partidos políticos, porque los peluc ones también tienen sus cur itas". rafael Correa Presidente de la República “Rafael Corr ea, acostumbrado a no tener oposición, no esperaba un ejérc ito comand ado por obispos" mienten o no han leído la Constitución, no han denunciado actos como el del feriado bancario y que algunos que han utilizado aviones particulares de familias de banqueros infrecuentables.

¿Cuánto caló ese mensaje en los sectores de la clase media que es, para el gobierno, el que sigue y es presa de las calenturas de opinión? Lo que fue evidente es que esa estrategia lejos de aplacar a Antonio Arregui, presidente de la Conferencia Episcopal, lo convirtió en estrella mediática. No sólo eso. Grupos de laicos han visto en la actitud presidencial un ataque abierto contra sus jerarcas y la Iglesia. De paso, Francisco Sojos Oneto, vocero del arzobispado de Guayaquil, retó en un comunicado el 5 de agosto al Presidente —pero sin citar su nombre— a que pruebe que Antonio Arregui u otro prelado, utilizaron aviones particulares de banqueros. “Hemos realizado una investigación profunda y podemos asegurar categóricamente que tales afirmaciones son falsas”.

En definitiva, el Presidente y el régimen salieron mal parados y no lograron lo que buscaban: aquietar la confrontación, aislarla y sacar el debate de los cuatro puntos que ha puesto sobre la mesa el episcopado (ver recuadro). Lo reconoce Eduardo Paredes, miembro del buró político: “estamos dentro de una estrategia que no es la nuestra. Discutir el matrimonio gay y el aborto es una estrategia de la derecha desde que se inició la Asamblea Nacional. Ellos nos marcaron la cancha”.

¿Cuál es, entonces, la estrategia? Ninguna en concreto. No apareció, en todo caso, en las conversaciones que tuvo Vanguardia con algunos jerarcas de la administración. Lo único cierto es que, tras 15 días de escaramuzas, el régimen parece presto a recoger sus velas: decidió no atacar abiertamente a la Conferencia Episcopal porque se ha dado cuenta de que esa actitud en vez de sumar, resta en la opinión. “El régimen —dice Paredes— no llevará el enfrentamiento con las iglesias hasta las últimas consecuencias”. En él, hay conciencia de que esto se puede salir de las manos de la jerarquía de la Iglesia católica y de manos del Gobierno. Y Paredes recuerda —con aire de no pensar en nadie en particular— que en los años sesenta hubo una campaña, incluso con participación de la CIA, en la cual hubo bombas en las iglesias, para culpar al presidente Carlos J. Arosemena de que era un gobierno procomunista.

Paredes es católico y es practicante. E incluso figura en el acta de fundación del Consejo de Laicos. Y también él confía en que no todos los obispos estén dispuestos “a politizar de esta manera su gestión”. Su reflexión resulta curiosa, pero es similar a la de otros miembros del régimen. Porque, por un lado están pensando en ganar a la causa a algunos obispos y sacerdotes que ellos miran como progresistas. Pero por otro lado saben que la jerarquía católica no se ha dividido ni siquiera en momentos álgidos como los que vivió con prelados radicalizados como Leonidas Proaño. O contestatarios como Alberto Luna Tobar. Lo que esperan obtener —dijo un funcionario del Ministerio de Gobierno— no es un enfrentamiento entre obispos, sino que algunos no usen los púlpitos para la cruzada que ven diseñada en las intervenciones de Antonio Arregui. “No esperamos que ellos hagan campaña por el Sí pero tampoco que hagan campaña por el No, porque eso es atentar contra el Estado Laico. Ese es un error que está cometiendo la Iglesia”.

En esta perspectiva, el Gobierno trabajará en dos direcciones: una explicar hasta el cansancio el contenido de los textos constitucionales. Esa es la estrategia racional. Se trata de mostrar que los textos no incluyen (eso dice el régimen) lo que el episcopado afirma. Para eso ya empezaron los spots en Tv. Dos: demostrar a la Iglesia que si se mantiene el enfrentamiento, la sociedad entera lo va a condenar y los terminará obligando —al Gobierno y al Episcopado— a bajar el tono. A no dividir el país.

El mensaje es diáfano: el gobierno entiende que la Iglesia es la primera institución en el afecto de los ecuatorianos. Y la Iglesia debe comprender que con este Gobierno no puede regresar a la lucha de los conservadores de inicio del siglo pasado. Evitar la confrontación es, entonces, la prioridad del régimen que mira con preocupación el desgaste que esto le ha causado en la opinión. Una guerra abierta con las sotanas —como dicen algunos de sus miembros— pudiera ser lo más parecido a un suicidio electoral. Eso explica el tono conciliador que se oye en algunos ministerios y salones oficiales. Gustavo Larrea, ministro de la Seguridad Interna y Externa lo dice a su manera: “hay que cerrar la puerta a este conflicto innecesario”.

El dilema es cómo llegar a un acuerdo con los obispos sobre textos constitucionales cuyo contenido ya no puede ser cambiado. Larrea, citando al ministro Ricardo Patiño, insiste en un diálogo transparente y directo con la cúpula de la Iglesia. “Podemos llegar a un acuerdo muy nítido en el cual se pueda decir que el Estado ecuatoriano, las instituciones públicas y el Gobierno nacional estamos de acuerdo en que hay que defender la vida desde la concepción”.

El ministro Larrea no bromea. Para él es evidente que el problema con la Iglesia no está en los textos sino en las interpretaciones. “Lleguemos a un acuerdo para que todos interpretemos el texto de la misma manera. Aparentemente aquí hay una discrepancia en un tema en el cual no hay discrepancia: estamos de acuerdo en proteger la vida desde la concepción”.

Los representantes del gobierno, con los que habló Vanguardia, simulan creer que la Iglesia está movilizada únicamente por el consentimiento supuesto al aborto y el matrimonio, también supuesto, entre personas del mismo sexo. Por eso cuando se recuerda que en el diferendo con la Iglesia hay más temas, se responde de dos maneras: la Iglesia siempre ha estado del lado del statu quo. Y esta vez, además, hay incongruencia entre el discurso y las acciones. Se da un ejemplo: el arzobispo Antonio Arregui firmó, con otras once personas, un documento en el cual el régimen cree que fueron mucho más lejos, en el tema de las parejas gay, que la propia Asamblea. A ese documento, enviado a Alberto Acosta el 1 de abril del 2008, se refirieron algunos funcionarios del Gobierno. Y hablaron de exhibirlo pues entre los firmantes figuran Néstor Herrera Heredia, obispo de Machala, Luis Antonio Sánchez, obispo de Tulcán y el arzobispos José Mario Ruiz (Portoviejo).

La realidad parece ser mucho más compleja (ver recuadro). El punto uno del documento de la Conferencia Episcopal (que esta revista publica) muestra una oposición global a lo que los prelados llaman “un hilo conductor de la nueva Constitución”. De ahí la aparente tranquilidad con que su presidente habla de la unidad que, según él, reina en su organización. “Los obispos –dijo Antonio Arregui a Vanguardia– nos hemos puesto de acuerdo en que es preciso destacar la resistencia a unos textos constitucionales que ya conocen y que sobre esos puntos se recuerde a los fieles las exigencias de la conciencia cristiana”. La Iglesia prepara, entonces, un programa de largo aliento. La catequización no se limitará a algunas charlas y estas también dependerán —dijo el prelado Arregui— de las circunstancias del momento. Cada diócesis y cada arquidiócesis deben organizarla.

Se ha convocado a una campaña de oración y en todas las parroquias habrá un rosario antes de cada misa. Los medios de difusión de la Iglesia están activados. En Quito, la hoja que circula el domingo (Luz del Domingo) distribuirá la declaración de la conferencia. En Guayaquil la misma hoja (Nuestra Iglesia) contiene, en primera página, un mensaje del arzobispo.

Los modos de intervención son tan diversos y versátiles como las organizaciones que intervienen en ellos. El Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos, convocó, por ejemplo, el sábado pasado, a una asamblea nacional y lanzó una preparación de capacitadores destinados a instruir en cada parroquia. Esta Misión Celca llegará a tres millones de personas. “La mayoría —dijo su vicepresidente Max Loaiza— votamos por este Presidente, por el cambio. Pero estamos sorprendidos. No esperábamos que para tener una mejor sociedad, organizada social y políticamente, tengamos que perder los valores fundamentales”. Internet está inundada de mensajes y en muchas iglesias se observan afiches, algunos con imágenes pavorosas y frases chocantes como "Mamá no soy un tumor, soy tu hijo, por favor no me mates…"

Habrá escarapelas, volantes y afiches que, según la jerarquía, corren por cuenta de los grupos laicos…

La Iglesia está en campaña, aunque el calificativo no sea asumido por ninguno de los jerarcas o de los laicos movilizados. O comprometidos, como prefieren autodenominarse. Están en campaña pero saben que el gobierno tiene una capacidad mediática impresionante, al punto que uno de sus miembros dice —con una ironía insalvable— que el No sólo aparece cuando habla Antonio Arregui o Rossana Queirolo…

El No, mirado desde la Iglesia, está en desventaja. Con todo, no sólo trastoca la estrategia del gobierno y lo ha puesto en mal predicamento con la opinión sino que se propone competir con el Sí hasta el 28 de septiembre. Una apuesta en la cual no cree Eduardo Paredes, miembro del buró de PAIS. Él piensa que allí no hay pólvora para tanto tiempo y que irremediablemente aflorarán los otros temas que quiere promocionar el Gobierno. De lo contrario, el episcopado debiera, a sus ojos, inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral y nombrar un tesorero de campaña. Paredes dijo esto a Vanguardia el miércoles 6. Jorge Cevallos, presidente del TSE, dijo exactamente lo mismo, ante los medios de comunicación, el jueves 8…

Esa invitación traduce, a su manera, la desazón que causa en el régimen la presencia, en el escenario público, de un ejército atípico y cuyo perfil y localización resulta imposible. ¿Dónde específicamente están los partidarios de la Conferencia Episcopal? ¿Son más sensibles a las pláticas de los obispos que a las arengas del Presidente? ¿Pesarán más las visiones tradicionalistas que los bonos y ayudas gubernamentales?

Lo único seguro es que el enfrentamiento llegó para durar y que si no se saldó con la visita de los prelados a Montecristi —adonde llegaron con 800 000 firmas— no se liquidará con una Constitución escrita y en víspera de un referéndum. Así lo deja entrever el asambleísta Gustavo Darquea al afirmar que la Iglesia pudiera pedir, con el 8% de las personas que están en el padrón electoral, enmiendas mediante un referéndum. Arregui, en la misma dinámica, tampoco ve sentido a seguir conversando, pues “la Constitución es un producto terminado”.

Ahora el régimen parece decidido a ignorar la actividad del Episcopado. Es una muestra de dos cosas: no atinó a armar una estrategia adecuada y la irrupción de la Iglesia en el espacio público puede llevarla —lo quieran o no los obispos—, en algunos sectores, a llenar el vacío que aún no colma la oposición. Las urgencias políticas —y el referéndum es una— pueden mimetizarse en principios religiosos o éticos. Por eso Rolando Panchana habla de que la Iglesia está permitiendo que se suban a la camioneta todos aquellos que no quieren el cambio.

La posición de Panchana ilustra, a su vez, lo que este enfrentamiento puede producir en el interior de Acuerdo País. Y él es totalmente incondicional al Presidente: “fui, dentro de los asambleístas de PAIS, quien sostuvo que era conveniente conservar la redacción de la Constitución del 98 en estos temas para evitar que se diera un discurso político a quienes, aprovechando de esto, se oponen al cambio. Lastimosamente las maniobras del caballo de Troya hicieron que esa visión, que compartíamos algunos, no se plasme en la Constitución”.