¿Por qué publicar los extractos más importantes del informe de gestión de Albert Noguera, Roberto Viciano y Asier Martínez? Los tres son de la Fundación CEPS, de España. Los tres participaron, como asesores de la Asamblea en virtud de un convenio, firmado con la Procuraduría el 3 de enero pasado.

¿Por qué publicar parte de lo que ellos mismos consignaron en informes que revisó Ghandi Burbano, director Nacional de Asesoría Jurídica de la Procuraduría? No por ser españoles. Ni por ser asesores. Por una sola razón: para mantener vivo el principio de libre pensamiento y de opinión en el cual priman los hechos, no la fe. Es aportar documentos en el debate público —que también los concierne— y que debe hacerse sobre hechos y no sobre prejuicios o proclamas.

El Gobierno ha trastocado un principio clave en democracia: en vez de someter sus acciones al escrutinio de organismos de control, en vez de hacer públicos borradores o informes sobre su gestión, en vez de dar explicaciones al país como es su obligación, juega a esconder. A tapar. A convencer a los ciudadanos de que lo único factible en estos tiempos es creerle. A ojo cerrado. Porque es un gobierno de gente honesta y chévere. Pues bien: si hay algo que es inadmisible en la administración de lo público es la fe. Los gobernantes que la exigen o son ayatolas o son populistas.

Una revolución democrática, y supuestamente ciudadana, se basa en conciencias alertas, no en ojos cerrados. Por eso Vanguardia publica la parte medular de lo que los españoles informaron sobre su asesoría a la Asamblea. Para documentar ese debate y evitar la lógica del dogma en la cual el régimen encerró la deliberación pública: creerle. La fe —o librarse esposado— liquida hasta la más mínima veleidad democrática.

Da grima ver a los liberales o librepensadores de antaño: a nombre del cambio hoy admiten lo que ayer les parecía un escándalo. Toleran la retórica hueca de Fernando Cordero para justificar su oposición a que se publique un informe en el cual él sale muy mal parado. No les repugna que un juez —como el Presidente del Tribunal Supremo Electoral— no sepa qué más hacer para servir adulonamente al régimen. Saludan que el Contralor no haga público un informe (que Vanguardia revela) sobre la contratación y pagos de los asesores de la Asamblea.

No se hacen preguntas. Ese lujo vacuo es pasado. Ahora gozan de las mieles del poder. No les incomoda que el ex Presidente de la Asamblea diga que el informe, en el cual sale mal parado, se publicará después del referéndum. ¿Cómo llaman ellos tanta desenvoltura? No imaginan lo que saldría a la luz pública (algún día saldrá) si los organismos de control metieran la nariz en esos cientos de contratos otorgados a dedo.

Alberto Acosta, María Paula Romo, Fernando Bustamante, Virgilio Hernández, Juan Sebastián Roldán, Augusto Barrera, Betty Tola... y tantos otros militantes, decentes y (algunos) librepensadores de antaño, ¿hubieran tolerado esas actitudes en un gobierno de derecha? Ahora parecen dispuestos a convertir la opacidad en virtud de gobierno. Ahora teorizan lo que hace apenas dos años les parecía barbaridad y media. Están nutriendo un sistema que puede tornarse monstruoso e insaciable. Están asumiendo que gobernar es tener un camino franco, sin cortapisa alguna, sin disidencias, con majaderos que no deben tener siquiera un micrófono por delante. Por eso no encuentran criticable lo que hace el TSE para poner zancadillas a los partidarios del NO. Ni tampoco escandaloso y desvergonzado que el Presidente –además de la logística y de los fondos del Estado, además de las campañas en la que están empeñados ministerios y funcionarios públicos–, pida más y más espacio para promocionar el SÍ. Los librepensadores de antaño ahora no solo tapan sino que están inventando la deliberación unívoca, la democracia particular. ¿Era ese el perfil de poder ciudadano que querían? ¿Un país con culto de la personalidad, una propaganda oficial atorrante y un movimiento político único fuera del cual sólo hay posibilidades de escoger entre majadero y pelucón?