REVISTA VANGUARDIA
La Pro forma y la nueva Constitución no encajan
| La Pro forma y la nueva Constitución no encajan |
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| Wilson Ruales | |
| miércoles, 10 de septiembre de 2008 | |
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La estructura tributaria no permite que los ingresos permanentes crezcan lo suficiente para cubrir los derechos cosntitucionales.
El presupuesto del 2009 se ha incrementado a una tasa superior que la inflación. Pasó de 10 327 millones —13 648 millones con las reformas—. Este sólo hecho es un elemento que puede contribuir a acentuar la inflación, a pesar de que el presupuesto contiene un importante rubro dedicado a la formación de capital (inversión). Esto porque esa inversión no va a madurar en el mismo año. Dependiendo del tipo de inversión y el área en que se la ejecute, el incremento en la producción se verá en el mediano plazo y por tanto no responderá inmediatamente al incremento en la demanda. Pero ese no el único problema. Si se considera sólo al Gobierno Central el gasto llega a alrededor del 30% del PIB. Si se toman los 21 000 millones del gasto del sector público no financiero esta relación supera el 43%. Estas cifras muestran una realidad preocupante que atenta contra la propia sostenibilidad del presupuesto. Más aún cuando la estimación de los ingresos tributarios es demasiado optimista. Según la pro forma estos van a crecer a una tasa mayor al 20%, en relación a la recaudación actual. Ese optimismo está dado básicamente por el IVA, porque en lo que va del año este impuesto está creciendo a solo el 12% y se han introducido exoneraciones mediante Reglamento. Sin embargo hay un crecimiento interesante por concepto del impuesto a la renta, que mostraría una disminución de la brecha de evasión. Esto es importante, pero hay que considerar que eso está llegando a niveles de saturación. El aumento en la recaudación dependerá prácticamente del crecimiento de la economía. Si se prevé un crecimiento del 3% o del 3,5% del PIB, no se puede esperar que la recaudación supere esos porcentajes en términos reales. Un elemento que agrava la situación es la vulnerabilidad del presupuesto ante los ingresos petroleros. Para efectos de la pro forma se considera un precio del barril de 85 dólares. Pero esta variable no la controla el Gobierno, pues depende de las condiciones internacionales. Y las cifras muestran que el precio está cayendo. Si las metas de recaudación no se cumplen o el precio del petróleo baja de 85 dólares, el déficit del presupuesto se agravará, pues la pro forma nace con un déficit de más de 2 000 millones, con lo cual los requerimientos de financiamiento, tomando en cuenta los servicios de la deuda, superan los 3 000 millones. Un aumento en el déficit va a requerir nuevas fuentes de financiamiento. Para el endeudamiento externo habrá limitaciones, por la política gubernamental de mostrarse contrario a este tipo de créditos. Queda el mercado interno a través de la emisión de bonos. Dado que el mercado bursátil es pequeño y pocas empresas querrán comprar papeles estatales, éstos serían adquiridos por el IESS. La estructura tributaria no ayuda a la ejecución presupuestaria enmarcada en la propuesta de nueva Constitución. Ésta dice que los derechos que ahí se consagran son de carácter permanente, deben financiarse con ingresos permanentes, por tributos y no con recursos petroleros. Como la estructura tributaria no tiene la elasticidad suficiente para producir ingresos que cubran esos gastos, el régimen tendrá tres alternativas: violar la Constitución y utilizar ingresos no permanentes; buscar otras fuentes de ingresos tributarios, como las tasas por servicios públicos o simplemente reducir, o eliminar subsidios. Las dos últimas alternativas encierran sendos problemas. El concepto de gratuidad incluido en la propuesta limita la posibilidad de crear tasas para financiar esos servicios. Por su parte, la eliminación de los subsidios depende de la voluntad política. Lo curioso, sin embargo, es que la nueva constitución sí pudiera facultar al Presidente a eliminar el subsidio a los derivados de los combustibles. Esto porque las gasolinas, el diésel, el gas... actualmente se financian con ingresos petroleros, lo cual no será permitido en el nuevo marco jurídico. Necesariamente tendrán que revisarlos, ya sea para eliminarlos o para encontrar una fuente permanente para financiarlos. Tarea difícil si se considera que estos subsidios superan los 3 000 millones. |








